OPINIÓN
Confusión y temor
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Escondido del acecho de un virus desde hace casi once meses, teniendo como contacto hacia el exterior los medios tradicionales, radio y televisión, más el escape de las redes sociales y el bendito zoom, que me permite ver las caras de amigos y sostener conversaciones, y ocasionales llamadas telefónicas, debo confesar que empiezo a sentir temor y desazón por el futuro del país y el bienestar propio, así como el de muchas familias mexicanas.
En el 2018 no voté por López Obrador, desde su primer campaña presidencial lo consideré un mentiroso contumaz, pero eso no impidió que al llegar a la presidencia le concediera el beneficio de la duda pues se había conducido con prudencia, sus planteamientos anticorrupción eran correctos y su combate esperado por una multitud de mexicanos, como se evidenció en la votación obtenida. Sin embargo después del triunfo solo ha habido confusión, empezando por él mismo que cobija y protege corruptos, tanto en su gabinete como en los tribunales, premiando delaciones con impunidad. Confusión, porque aún no se aclara lo que pretende esta cuarta transformación, difusa, incoherente, indefinida en sus metas y alcances, sin diseño estructural formal y que solo parece definida en el pensamiento, voluble y temperamental del presidente.
Confusión y temor, porque el sistema democrático de equilibrio de poderes y contrapesos institucionales está nulificado y el gabinete y la estructura gubernamental son una corte versallesca a la que solo acceden los incondicionales y leales aunque sean incompetentes, mientras se desconfía de la experiencia, el conocimiento y la aptitud para el puesto. Empieza por ello, a aflorar también la desconfianza pues la enorme tarea de gobernar y administrar a una de las primeras 20 economías del mundo, se encuentra en manos de impreparados y en el mejor de los casos, de técnicos solventes dóciles, sin capacidad de decisión e incluso de opinión.
Para muchas familias empieza también la incertidumbre. Comerciantes, micro y pequeños empresarios que no pueden sobrevivir en la pandemia sin apoyos suficientes del gobierno; empresarios e inversionistas paralizados por la implementación de políticas adversas y particularmente por la desconfianza en un régimen para el que las leyes y normas pueden ser sustituidas por consultas públicas ilegales y tendenciosas. Futuro económico sin crecimiento, sujeto éste a que nuestra economía sea arrastrada por la economía estadounidense, amparados en un tratado modificado que aún no muestra ni beneficio ni colmillos, que los tiene.
Confusión, temor e incertidumbre que se magnifican por el avance incontrolado de la pandemia y la negativa gubernamental de controlar a una sociedad sin disciplina ni responsabilidad hacia sus semejantes. Incertidumbre y temor, porque al aparecer en el horizonte de salvación las vacunas, éstas se han convertido en mercancía electoral y todavía más grave, que pongan a brigadas de propagandistas del régimen llamados servidores de la nación a hacer una pregunta que hace potestativa la opción de la vacuna, cuando siendo un asunto de salud pública urgente, con más de 180 mil muertos (según INEGI), y la cifra creciendo, debiera ser obligatoria. Temor, porque las vacunas ofrecidas no lleguen en número y oportunidad suficiente para inmunizar a la población y que los adultos mayores vayan a recibir una vacuna que no ha mostrado ser eficiente en ese rango de edad, y también desconsuelo, porque ante la acción tardía del gobierno para adquirir vacunas, y su decisión de manejarla como arma política, convierta el proceso en una larga fila de suspirantes que habrán de esperar más de un año o dos, para recibirla.
A este rosario de sentimientos, sumemos el del desaliento, pues el desordenado proceso de adquisición de vacunas, distribución y aplicación de las mismas, significa que podemos pasar cuando menos otro año en aislamiento, al menos las personas mayores y niños que habrán perdido ya dos años de su dorada infancia, de convivencia y juegos con sus semejantes.
Ante el pesimismo de este panorama quisiera oponer una visión optimista, pero solo encuentro el muy difuso de la esperanza, en el cual sospecho se sostiene todavía la aprobación al presidente, a pesar de los malos resultados de su gobierno.
Para su fortuna, la pandemia le cayó “como anillo al dedo” pues justifica los malos resultados de la economía, más no es así con el manejo de la misma, pues algo más se pudo y puede hacer, y la gruesa carga de muertos por el virus, a los que debemos sumar los miles de muertos por la violencia y el crimen, que hacen de nuestro país uno o el de mayor letalidad del mundo.
Al sentimiento de esperanza quisiera agregar el de la certidumbre, el de la confianza, el de la seguridad en el rumbo y en mi persona y bienes, pero los siento amenazados, tanto por la actividad criminal como por la ineficiencia gubernamental que a falta de resultados inunda de verdades a medias el espectro noticioso y acusa, pretexta, encuentra excusas y sigue hablando de una transformación, que hasta ahora es más para mal que para bien.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
