OPINIÓN
Contra el árbitro
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En lenguaje futbolero para que se entienda mejor, imagine que se está jugando un partido donde uno de los equipos va ganando dos a cero y el dueño de ese equipo y el director técnico amenazan y agreden al árbitro por haber expulsado a dos de sus estrellas, uno por cometer un penalti y el otro porque aun cuando le dio sus datos al director técnico este no lo incluyo en el informe.
En eufórica reacción no solo exige que el silbante rectifique, sino que también se le destituya y no solo a él, habrá que correr igual a toda la comisión de arbitraje, pero todo esto, sin que importe que las faltas han sido claras y que el resto del equipo no haya sido sancionado, ni los goles anulados.
Algo así es lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral y el partido Morena, al que poco le importa, al parecer, el desarrollo del proceso electoral en el marco de un cuerpo de leyes que ellos mismos impulsaron cuando eran oposición pero que hoy les parecen injustas, o cuando menos incómodas. Las últimas resoluciones del Instituto electoral, en particular la relativa a la sobre representación en la Cámara de Diputados y la cancelación del registro como candidatos de Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero, junto con otras decenas de compañeros, han sido motivo de vitriólicas intervenciones públicas, tanto del presidente de la república, erigido en líder partidista de facto, como del candidato guerrerense y el presidente formal del partido. Para ellos, poco importa que la ley sea clara en los dos puntos en controversia, el INE y cuando menos dos de sus consejeros deben ser separados porque “no entienden la transformación y protegen intereses del pasado”. No hay un argumento jurídico, ni siquiera un reconocimiento de errores para solicitar respetuosamente a la autoridad que reconsidere, solo soberbia y exigencia de plegarse a sus deseos.
En un exceso de arrogancia anuncian que habrán de recurrir al Tribunal Electoral, quizás confiados en que en ocasiones anteriores esta autoridad ha favorecido sus planteamientos, sin dejar de amenazar con impedir las elecciones en Guerrero, con tomar las calles y llevar la protesta y la condena a la institución electoral a todos los medios posibles. Es paradójico que actúen como oposición cuando ya son gobierno e impugnen leyes y procedimientos que ellos mismos promovieron y sus legisladores aprobaron, precisamente para evitar abusos de partidos mayoritarios.
Es, cuando menos incongruente, que emprendan semejante campaña de condena contra la institución, que está a la vez reconociendo la legitimidad del resto de sus candidatos, los que sí cumplieron con la norma, sin aceptar que fueron cuando menos omisos o muy soberbios, al no responder la notificación que formalmente les realizó el INE del incumplimiento en que habían incurrido. El INE ha sido puntual en el seguimiento de procedimientos y cumplimiento de resoluciones del propio Tribunal Electoral, lo que no se puede decir del partido inconforme, al que tuvieron que forzar mediante sentencias hasta a la elección de su propia dirigencia. El respeto a la ley pues, no parece ser el fuerte de este instituto político. La conducta que ha seguido en estos casos, no permite pensar que el proceso electoral del próximo mes de junio vaya a ser una muestra de civilidad democrática y en cambio puede transformarse en una arena donde los inconformes con los resultados quieran linchar al árbitro.
Poco se puede esperar de la máxima autoridad de este país, cuando públicamente ha tomado partido y cuestiona severamente a la institución que condujo y dio legitimidad a su propio proceso electivo; cuando se erige en dirigente y furioso militante en lugar de garante de la institucionalidad y la estabilidad democrática para la conducción pacífica y con certidumbre de los procesos electorales. Para él, la autoridad será justa si sus decisiones favorecen a su partido y sus intenciones transformadoras, pero será atrozmente conservadora y corrupta, emisaria de intereses opuestos a su transformación, si sus decisiones no le traen beneficio, no importa lo que diga la ley, lo importante es el propósito y para ello, la ley puede obviarse.
Lamentable que el presidente de un partido adopte actitudes de agitador y no de sensato protagonista de la vida nacional, pero más lamentable es que quien debe ser el garante del cumplimiento de la ley, la máxima autoridad del país se convierta en litigante activo en pro de un instituto político y descalifique a una institución por todos reconocida, que ha conducido además miles de elecciones, ha realizado miles de procesos verificadores, impuesto cientos de sanciones y multas a todos los partidos, pero que a sus ojos es hoy no confiable, solo por aplicar la ley en contra de candidatos omisos y arrogantes para los que los procedimientos son estorbo.
Guerrero y Michoacán son estados en donde actúan organizaciones y grupos al margen de la ley y es muy grave que quienes aspiran a gobernar esas entidades estén exhibiendo poco respeto a las mismas, es una mala señal.
No basta el respaldo popular para legitimar un régimen, hace falta autoridad moral, decencia, responsabilidad cívica y sentido de la vergüenza.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Hugo Hernandez Fuentes.
6 de abril de 2021 at 16:37
Simplemente aplicado a la realidad, además que no conocen