OPINIÓN
Crónica de un enfrentamiento de pesos pesados: Un pleito de callejón, Alfaro vs Padilla
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde hace varios años, a partir de que el ahora gobernador de Jalisco se salió de las filas priístas (2005), se resintió una especie de frialdad del entonces regidor del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con la dirigencia de la Universidad de Guadalajara.
Luego, como perredista, fue diputado local (2007) y esa diferencia frente al indiscutido líder de la Universidad de Guadalajara desde hace 33 años, el célebre “Licenciado” como suele identificarse al exrector Raúl Padilla López, se incrementó.
Tras pasar por la presidencia municipal (2009-2012) del cercano Tlajomulco de Zúñiga, donde por cierto se reconoce hizo buen gobierno, aunque recibió muchas críticas como cuando viajó (2011) a Cuba en un avión, cuyo presunto dueño (Francisco Jaime Madrid Sánchez) tenía antecedentes de narcotráfico, Alfaro saltó a la candidatura para gobernar el Estado, (2012) no sin antes ensancharse los rumores de su contienda contra el grupo padillista: En la opinión de la revista Proceso esas diferencias se dieron “en medio de una encarnizada lucha por el control del PRD entre el Grupo Universidad” (Raúl Vargas, visible impugnador de Alfaro, y diputado alineado a Padilla), y el Colectivo Sol Naciente, que apoyaba a Alfaro. Este renunció al perredismo y en marzo de 2012, fue postulado a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano (MC), partido del que propiamente se adueñó, aunque decía que no estaba afiliado a ningún instituto partidista.
En los comicios de julio de 2012, perdió la gubernatura ante el aspirante tricolor Aristóteles Sandoval (QEPD). Sin embargo, en 2015 se repuso de aquella derrota, y como abanderado de MC, arribó al cargo de primer regidor del Ayuntamiento tapatío, iniciando su mandato como presidente municipal el 1 de octubre de ese año. Uno de sus principios, que era concluir su periodo, no se cumplió porque en diciembre de 2017 dejó su cargo de alcalde para procurar la gubernatura jalisciense por segunda vez. En esta ocasión, con un alfarismo bien organizado y se dice, que habiendo logrado un pacto con el grupo del “Licenciado”, se alzó con la victoria en las elecciones de 2018. Y desde entonces, poco a poco, se fortaleció como carta fuerte emecista, a la par que otra vez se fue distanciando del exrector Padilla. Y de nueva cuenta afloró el forcejeo entre ambos.
Esa situación, penosa para Jalisco, tuvo una especie de primer round hace meses, y aunque durante la pandemia pareció que se atenuó, lo cierto es que con motivo del retiro de una cantidad destinada a un museo del centro cultural universitario (140 millones de pesos) y que el Ejecutivo reencausó hacia un hospital -también universitario- en Tonalá, se enfrascaron ambos contendientes en un litigio, mismo que hace poco la Suprema Corte falló a favor del gobernador. Claro que el hábil “licenciado” generalmente, nunca figura en primera persona, sino que por él y el grupo que domina la Máxima Casa de Estudios, hablan desde el Rector hasta diversos funcionarios o líderes ligados a la universidad.
En días pasados (martes 17 de mayo), prosiguiendo esa especie de contienda, el Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó una marcha (dicen que es la número 93 y que la anterior megamarcha fue en 2010 contra Emilio González Márquez) para exigir respeto a la autonomía universitaria, presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro, asegura, quitó de manera ilícita.
Y estando afuera de Casa Jalisco, convocó a la comunidad universitaria y a todos los habitantes, a efecto de que el 26 de mayo, realizaran la marcha más grande en la historia de la Entidad, para alcanzar aquellos objetivos y no “permitir que el primer mandatario haga lo que le plazca con el recurso de los jaliscienses”.
El martes 24 apareció en diarios locales, un desplegado firmado por el presidente de la mesa directiva del Congreso estatal (José Ma. Martínez, expanista, político controvertido y ahora ¡coordinador de la fracción de MORENA!), el gobernador Alfaro y el magistrado Daniel Espinosa Licón, alfarista que preside al Poder Judicial. El título del manifiesto es ilustrativo: ¡Ya Basta! Y dice entre otras cosas, que “desde hace mas de tres décadas el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara ha distorsionado el concepto de autonomía para justificar todo tipo de abusos.”
En ese escrito, aclaran los firmantes, que la autonomía se refiere a la cátedra y el conocimiento, y como la Suprema Corte lo establece, no está por encima de los Poderes Públicos y el marco constitucional. También les recuerda a los universitarios, que la Casa de Estudios es un ente del Gobierno del Estado, su presupuesto lo aprueba el Congreso y es regulado en su área de competencia por el poder judicial. Y enseguida le echa en cara al actual Rector, que cuando fue secretario de finanzas en el sexenio anterior, nunca autorizó los respaldos económicos que ahora se han otorgado a la universidad: más del 56% de lo destinado en ese período para infraestructura.
Lo que ambicionan los marchistas, declaran los firmantes, es recuperar las cuotas de poder que tenían, así como desestabilizar y someter a las instituciones del Estado. En consecuencia, no es admisible que engañen a la comunidad, diciendo defienden el presupuesto universitario, pues lo que quieren es preservar los intereses de su grupo político. Y tras reiterar que “ningún individuo, autoridad o grupo de personas pueden adueñarse de una institución pública, de sus integrantes o de los recursos públicos que recibe” , porque la Casa de Estudios no es partido político, ni agencia de colocaciones, le advierten, evidentemente al “licenciado” y adláteres: “Los tres poderes Públicos de Jalisco no vamos a permitir que quienes han secuestrado a la Universidad de Guadalajara pongan en riesgo el legado de Fray Antonio Alcalde, el futuro de las nuevas generaciones y la estabilidad de nuestro Estado. YA BASTA”. (Mural, 24-V-22).
Integrantes del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) acordaron dar respaldo y solidarizarse con el gobernador de Jalisco ante esa disputa con la Universidad de Guadalajara (UdeG). Los emecistas se pronunciaron en contra de lo que calificaron como chantajes del grupo que controla la casa de estudios. (El lnformador, 22-V-2022). Al respecto, Villanueva Lomelí, afirmó: “Iniciaron una guerra contra la UdeG por levantar la voz por la violencia desmedida que hay en todo Jalisco, por indignarnos ante los desaparecidos y solidarizarnos con sus familias, por ser una voz crítica ante temas como el agua, la desigualdad o cualquier injusticia. Y por esta razón, nos quitaron 140 millones de pesos de la manera más burda e ilegal (para el Museo de Ciencias Ambientales), como nunca se había hecho”. (El Informador, 25 V 022).
La anunciada megamarcha se llevaría a cabo, previamente el Rector ofreció disculpas por las molestias que causarían, puntualizando que el gobierno los obstruía; el 24 de mayo, hizo responsable al gobernador de lo que le pasara a él y su familia. En el ínterin, se registraron incidentes que no pasan del anecdotario, como protestas contra los funcionarios de ambos bandos y hasta (aprovechando la pandemia) en el jaleo, lucir máscaras y pasamontañas. El 26, hubo mantas de todos los colores, y según los organizadores asistieron mas de cien mil personas (estudiantes, empleados y profesores), aunque la autoridad admitió solo la mitad de la cifra. El móvil lo subrayaron los marchistas: ante la cerrazón sin límites por parte de Enrique Alfaro, la institución no puede quedarse callada, ni los habitantes del estado tienen que pagar las consecuencias de los malos gobernantes. (Radio UdeG, Noticias, 17 y 26-V-022).
Comenta Jaime Barrera, que, debido a los antecedentes entre Alfaro y Padilla, que incluyen el mal trato que recibió el padre de aquél (Enrique Javier Alfaro A.) lo cual ocasionó que el gobernador terminara sus estudios en otra institución, “Queda claro, pues, que la de Alfaro y Padilla ha sido una relación pendular, de encuentros y desencuentros según la coyuntura política que beneficie a sus intereses y proyectos personales y de grupo”.(El Inf. 25-V-022)
Por su parte, la diputada por “Hagamos” (padillista), Mara Robles, hija de un médico, notable luchador social (Joel Robles, de grata memoria), sostiene: el pleito terminaría, si el mandatario deja de condicionar “el presupuesto universitario a que se deje de criticar al gobierno”.
Conforme la visión del distinguido periodista Pedro Mellado, (Video Columna y Los Periodistas, 21 y 26- V- 022) al margen de los antecedentes de desavenencias y pactos entre Alfaro y Padilla, a éste le cortó aquél los veneros para el faraónico Centro Cultural Universitario -que ya se acerca a los cinco mil millones de pesos de inversión, donde está el Museo de Ciencias Ambientales, aparente manzana de la discordia-, lo que resquebrajó sus relaciones. Por ello, dice el aludido comentarista sobre este pleito de callejón: “dos políticos tan ambiciosos, inevitablemente tenían que chocar. La gran duda en esta disputa del poder en Jalisco, es quien entregará a quien, y finalmente, cual de los dos liderazgos logrará el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será el fiel de la balanza”.
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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