OPINIÓN
De mal en peor: El fracaso del sistema penitenciario
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
Leo: El pequeño Tadeo de tres meses, cuyo cuerpo se localizó en el penal de Puebla, sí fue desenterrado de un panteón en la Ciudad de México y después introducido al centro carcelario de San Miguel, donde las autoridades lo hallaron en el basurero.
La historia: El pasado diez de enero un bebé exhumado fue introducido a un centro penitenciario en Puebla. Sacaron a un bebé de una tumba, muy probablemente lo llenaron de droga (¿Cómo para qué más harían eso?) y lo usaron como mula. Los padres del bebé fueron localizados. ¿Se imaginan el dolor de recuperar el cadáver de tu bebé porque su tumba fue profanada?
La magnitud del fracaso estratégico: Sabemos que los centros de readaptación social no readaptan a nadie, al revés, corrompen más. Las cárceles no ayudan en nada a los individuos que llegan a ellas. Por el contrario, fungen como corporativos de operación criminal. Están sobrepoblados y son, para variar, negocio de unos cuantos.
Revisando un poco la historia reciente, va quedando claro que no hay salida, ruta o visión de largo plazo. Las cárceles seguirán siendo espacios confinados que separan dos realidades dantescas: la de adentro con sus call centers de extorsión, su microcosmos de contrabando y su mar de negocios criminales donde, con dinero suficiente, se puede tener una celda propia con comodidades de toda índole y la de afuera; donde pueden encerrar a un tipo en un registro de CFE para que se muera de hambre sin que nadie se espante demasiado. La normalización del horror en toda su gloria separada por un muro con púas y torretas.
Ya lo decía Marcola, el líder de un grupo criminal en Brasil, en una cuestionada entrevista de O Globo:
¿Usted no tiene miedo de morir?, preguntó el reportero.
“Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas”, respondió Marcola.
Regresando a nuestra realidad sin rumbo, en 2016 La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un estudio sobre las cárceles que dejó claro que hay sobrepoblación y autogobierno de los presos, falta de funcionarios de seguridad, la existencia de privilegios y malas condiciones de salud, higiene y alimentos.
En el estudio se revisaron 130 prisiones estatales, 21 centros federales de máxima seguridad y tres prisiones militares localizando problemas similares en todos los penales.
Es decir, son un mugrero, y digo son porque el estudio no generó ningún cambio de rumbo.
4 años después, a fines de 2020, el colaborador de Pájaro Político, Arturo Ángel, consignó que el año cerraba con 14 mil reos nuevos, muchos sin sentencia porque sus delitos ameritaban prisión preventiva. Se trataba del mayor crecimiento en ingresos de los últimos 10 años.
La tendencia seguiría y para diciembre de 2021, las personas privadas de su libertad ascendían a 223 mil 416. Una cifra que, de acuerdo con autoridades federales, estaría llegando a las 224 mil en este mes.
Esta saturación se ve agravada ante la podredumbre de lo insoluble que inunda todo el aparato de justicia. Muchísima gente pisa cárcel y pasa años ahí sin tener una sentencia condenatoria, por la grotesca lentitud de los procesos en el sistema judicial que, si no es engrasado con dinero, simplemente no camina.
El actual Gobierno Federal, reformó la Constitución llevando de 9 a 20 los tipos de delitos por los cuales una persona puede ir a prisión de forma automática, aún cuando no se haya probado su responsabilidad.
¿Qué tenemos entonces? Cárceles hacinadas, con autogobiernos, autoridades insuficientes y cómplices o ¿ustedes creen que el cadáver de un bebé puede entrar a un centro penitenciario sin que nadie se entere?
¿Hay algún plan para cambiar esto en marcha? No, no lo hay.
Aquí vale la pena hacerse una pregunta ¿A quién encarcelamos? ¿A los capos? ¿A los políticos corruptos que robaron a manos llenas? ¿A los criminales de cuello blanco? No, encarcelamos sobre todo a los ladrones. 32.7 % de los presos están en la cárcel por robo, 17.83 por homicidio, 8.34 por violación, 6.85 % por secuestro, 5.87 por narcomenudeo y el 28.35 restante por otra diversidad de delitos, según datos de México Evalúa.
No parece haber en la estructura de justicia capacidad o interés para procesar a quienes generan las condiciones de desigualdad y violencia, sino a la parte más baja de la pirámide, salvo raras excepciones.
Encarcelar a un ladrón no repara el daño, no garantiza la no repetición y no genera ningún beneficio para la sociedad. El ladrón encarcelado, su familia en mayor desigualdad y otros ladrones ocupan su lugar. Nadie más seguro en su hogar y cuando el ladrón salga no será un ciudadano ejemplar, las cárceles no ayudan a sanar, a solucionar. Antes agravan el problema.
La historia de nuestro sistema penitenciario es una de fracaso, derrota, indolencia e incapacidad. Porque no hay una ruta para intentar resolverlo, no hay ningún plan en marcha para mejorar las condiciones de los presos, y aunque hay mediciones que demuestran que no hay tal readaptación social, estas no vienen acompañadas de un análisis de la falta de resultados que implique buscar nuevas metodologías. No nos importa demasiado resolver el problema.
Lo que no hay, ni se está construyendo en el sistema penitenciario mexicano, es esperanza de mejoría.
Lo que sí hay es barbarie, una que incluye cadáveres de bebés usados como mulas en un escándalo que durará poco y que cambiará nada. El contrabando debe continuar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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