OPINIÓN
Decisión injusta
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Para mi ganó el Gallito Estrada, pero la mano de vencedor se la levantaron al Chocolatito y de esta manera el peleador mexicano se quedó con las ganas de ser el campeón, la culpa la tuvo un juez que se equivocó ante los comentarios de todo el mundo, desgraciadamente para todos, los que dan sus opiniones, ellos no son los árbitros, ellos no son los que deciden y sus opiniones se quedan en eso, solo opiniones. Mientras tanto, el Gallito tendrá que buscar otra oportunidad.
¡CARREREADOS!
Aunque esta no es una columna deportiva, quise iniciar a relatar lo que sucede en la vida porque lo mismo que le pasó al Gallito, en un cuadrilátero, seguramente le está sucediendo a muchos aspirantes a candidatos en Morena. Ellos piensan que son los mejores, ellos han hecho un gran trabajo, seguramente tienen merecimientos legítimos, algunos han dedicado su vida a luchar por una ideología, pero desgraciadamente, la decisión se tiene que tomar ya, porque la contienda política tiene términos y se les está acabando el tiempo.
La historia de Morena es muy similar a la de otras izquierdas, es muy difícil llegar a acuerdos, porque hacen falta liderazgos duros, que sean incontrovertibles, que sean reconocidos como justos y ante esta situación, muchos aprovechan para entrar al dizque juego de la democracia, pero siempre que ellos sean beneficiados, de no ser así, arman escandalo y hasta golpeadores traen, para crear el caos.
SILBATAZO FINAL
Lo peor del caso es que el silbatazo final para registrar a sus contendientes está ya por escucharse y se siguen peleando los grupos. Por lo pronto, los candidatos a diputados locales tienen que estar registrados ya, no hay manera de pedir que se alargue el término y todos andan alborotados, a ver si no les pasa como el registro del convenio de alianza que llegó tarde y todavía andan en dimes y diretes. Es legítimo y valioso que cada quien abogue por sus ilusiones y no se vale que los dirigentes digan que en ese partido no se pelea por puestos, ese dicho de que el que quiera un puesto se vaya al mercado se me hace bastante fuera de lugar, entonces, ¿porqué peleó AMLO?, si no fue por un puesto, ¿porqué pelea Salgado en Guerrero?, si no es por un puesto, o sea que ellos sí pueden y los demás se tienen que quedar nada mas aplaudiendo, o ¿de qué se trata?
DISCIPLINA IDEOLÓGICA
Lo que hace falta es que en Morena se entienda por los afiliados y simpatizantes, que en las agrupaciones se requiere una línea de mando, si no, todo se vuelve una anarquía, cada quien quiere imponer lo que se le hincha el ombligo. Imagínese usted, que hay hasta gente que dice que algunos emisarios del emisario andan pidiendo dinerito por candidaturas. Eso no se vale. Los partidos políticos requieren varias cosas, una de ellas es una ideología clara, otra es liderazgos y otra por supuesto, que los líderes sean capaces de hacer que las multitudes los sigan, porque un líder que no tiene seguidores solamente se anda haciendo como el Tío Lolo y aunque hay muchos de esos esquizofrénicos políticos que piensan que a todos lados donde llegan las multitudes les andan haciendo vallas, la realidad es otra.
Aquí lo que tienen que cuidar, es no crear muchos desilusionados porque se les puede ir de las manos una oportunidad histórica de trascender en las urnas o se quedarán como siempre con el sueño ideológico de que pudieron llegar a ser, lo que no construyeron entre todos.
Aquí la gente, los seguidores, los aspirantes tienen que entender que hay una decisión como en el box que les tiene que levantar la mano a una persona y quizá no sea el mejor, pero hay que disciplinarse y seguir soñando con colaborar a tener un mejor país, del que nos han entregado los últimos regímenes políticos.
MARIO, VINO, COMIÓ Y SE FUE
Después de casi cuatro décadas de analizar los sucesos políticos, aprende uno a leer entre líneas, el caso es que esta semana estuvo en Guadalajara, Mario Delgado, presidente de Morena y esto, más que un paseo, o un desayuno con Las Corajudas es un mensaje claro y contundente, es como el réferi que le levantó la mano al Chocolatito.
Los que no estuvieron en sus reuniones no están en la lista de sus cuates y punto. Hay varios que tienen que entender, que su oportunidad terminó sin pena ni gloria, como Hugo Rodríguez que la tuvo, era suya, pero la dejó ir.
Lo que sí es interesante analizar, que por fin Uribe y Lomelí se sentaron a la mesa juntos, ya que en realidad los dos son referentes importantes para poder hacer una alianza y ya después que venga lo que tenga que venir, por lo pronto, no pueden, ninguno de los dos, y ningún político del momento, permitir que les quite el sueño el 2024, si no acomodan las cosas para el 2021.
Dentro de una semana, tendremos los nombres de los candidatos a los municipios y después, las de los candidatos a diputados federales, que son los que mas le deben de importar a AMLO, porque sin congreso, las cosas serán muy difíciles.
Nos encontramos pronto en YouTube Dr Alfredo Ponce.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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