OPINIÓN
Del alfarismo al hecho
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
El derrumbe de los sueños marca el inicio de este 2022 que será definitorio en la forma en que el Gobierno Estatal quede consignado en la Historia, esa a la que tanto recurre el alfarismo que, a pesar de las grandilocuencias de su discurso, cada vez se contrae más, pierde más el rumbo y habita ya en un profundo divorcio con la realidad.
En el discurso oficial la prensa es libre y soberana, somos ejemplo universal de transparencia, hay timón y la ruta hacia un futuro brillante es clara. En el discurso todo va viento en popa a toda vela y el gobernador, en sus propias palabras, “Siempre jalo con los medios, doy entrevistas y todo”.
En la realidad, con la firma de 150 reporteros, columnistas y organizaciones civiles, se publicó un desplegado en varios medios nacionales, pidiendo un alto a la violencia contra las y los periodistas en Jalisco, después de que a Rocío López Fonseca, el Gobernador mismo la llamara reventadora en un evento y le ordenara al secretario de salud que se callara, que no respondiera. Cosa que acató de inmediato con la mansedumbre y el buen humor que corresponde a los objetos de ornato.
La periodista Rocío López lo publicó así en sus redes sociales el pasado 8 de diciembre: “Siempre me quedo callada pero hoy no. Tengo 21 años reporteando y 19 en temas de salud, siempre he sido respetuosa de los funcionarios, aunque no siempre he recibido el mismo trato. Siempre pregunto para la gente y por la gente que confía en mí y me comparte sus historias. Yo nunca voy a eventos a «reventarlos» ni NADIE ME MANDA PREGUNTAR NADA. Así el gobernador Enrique Alfaro mandó al secretario de Salud Fernando Petersen a no dar entrevista cuando yo preguntaba denuncias de trabajadores de salud y el gobernador se enojó diciendo que no respondiera a quien revienta eventos. Yo no reviento eventos, es una falta de respeto para quienes hacemos nuestro trabajo día a día. No gobernador Enrique Alfaro, yo hago mi trabajo que es cuestionar e informar. ¡Y ya!”
En el discurso oficial eso ni pasó, no hubo disculpas ni consecuencias porque son los malos, los reventadores, los malintencionados, quienes atacan y buscan descarrilar a un Gobierno que es ejemplo de deferencia con las y los profesionales de la comunicación. En el Gobierno están los buenos y en la crítica los que quieren que le vaya mal a Jalisco, los periodiquitos.
En la realidad, al periodista Ricardo Ravelo, que hizo denuncias muy fuertes sobre tráfico de influencias en el Poder Judicial y vínculos del Gobierno Estatal con el crimen, se le respondió con una demanda por daño moral que nada más no aparece.
Ravelo, publicó en su cuenta de twitter, el pasado 27 de diciembre: “No he sido notificado de la demanda. Le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando. Me urge y que no amague. ¿Va o no va?” y luego “Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia”.
En el discurso el Gobernador es el bueno, Ravello es el malo y lo feo es pura calumnia. Así lo expresó Enrique Alfaro en sus redes: “A lo largo de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado. Es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados. No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras. Siempre respetaré la libertad de expresión, pero ante las calumnias y mentiras tengo todo el derecho a defenderme a mí y a mi familia, como todos. Así de claro”.
En la realidad, hombres armados atacaron la estación de retransmisión del Canal 44 y Radio Universidad, matando a dos guardias, ante lo cual Reporteros Sin Fronteras pidió medidas de protección inmediatas, la CNDH condenó el acto y solicitó medidas cautelares a la Guardia Nacional y autoridades de Jalisco para salvaguardar la seguridad del personal de medios UdeG, y que el asesinato ocurrido el 28 de diciembre no quede impune. La ONU-DH llamó a las autoridades, el 31 de diciembre, “A investigar con pleno apego a los estándares de debida diligencia y agotar todas las líneas de investigación, incluso la hipótesis de vinculación del ataque con la labor periodística realizada por el Canal 44”. ¿Será que la ONU-DH quiere que le vaya mal a Jalisco?
En el discurso, la Fiscalía emitió un comunicado donde criminalizó a los guardias insinuando que el ataque era dirigido a ellos y poco faltó para señalar que en algo andaban y que tenían tatuajes, lo que explicaba el hecho.
¿Qué no en el discurso la Fiscalía estaba infiltrada? ¿Si está infiltrada cómo podemos tomar en serio el comunicado?
En la realidad no hay un solo detenido por el asesinato de Aristóteles Sandoval. En el discurso el asunto está resuelto.
La realidad es una cosa, el alfarismo otra y el rumbo del estado no se resuelve con el Macroperiférico que decidió dejar fuera a Tonalá de la ruta establecida.
Con todo respeto, se acabó el espacio para seguir comparando entre dichos y hechos. Ya hablaremos en las semanas subsecuentes, (si no soy víctima de la violencia que no existe en Jalisco), de las diferencias entre el discurso y la realidad en materia de salud, seguridad, economía y tantas otras cosas que demuestran que el divorcio entre el gobierno estatal y la realidad que viven las y los jaliscienses, está más que consumado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
