OPINIÓN
Desmiente Biden que competiría con Rusia y Ucrania: Estados Unidos retira apoyo a gasoducto de Israel a Italia
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En una carta simple el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, informó a los aliados del llamado proyecto “EastMed” que ya no apoyaba su iniciativa de llevar gas desde Israel y Palestina a Europa, una de las pocas cosas en las que los dos enemigos trabajarían en un beneficio común.
El proyecto llevaría energía de gas natural a Europa pasando por Chipre y Grecia evadiendo Siria y Turquía aliados de Rusia.
En enero del 2019, siete ministros de energía de países del Mediterráneo conformaron un grupo al que después se sumaron Francia y EEUU para promover la comercialización de las reservas de gas natural ubicadas en el este del mar mediterráneo frente a las costas de Palestina, Jordania, Israel Chipre y Egipto.
El proyecto se iniciaría en las costas de Israel y Palestina para llevar gas natural de Jordania, Egipto y de los dos primeros a través del fondo del mar emergiendo en Chipre y en Grecia para conectarse a otras líneas en Italia y de ahí llevar ese energético a Francia y a otros más.
El costo sería de $6 mil millones de dólares y estaría coordinado por las dos empresas dueñas del proyecto, Edison de Italia filial de la de EEUU y Poseidón de Grecia.
Para enero del 2020 los líderes de Grecia, Chipre e Israel firmaron el acuerdo que dio inicio a esa obra pero en medio de la crisis energética mundial y política los EEUU presionan a su empresa Edison y a los bancos para dejar el proyecto. La carta de Blinken, Secretario de Estado del gobierno encabezado por Biden, fue entregada casi en secreto a los diplomáticos de los tres países hace menos de 15 días. La respuesta de Grecia fue simple “…la Unión Europea ha declarado que EastMed es un proyecto especial en la búsqueda de fuentes de energía alternativa a las actuales y cualquier decisión y su viabilidad tendrá lógicamente un impacto económico…”
Con un petróleo que pasó de $56 dólares por barril en diciembre del 2019 a $90 dólares en la segunda semana de enero del 2022 y un gas natural que pasó de $3.03 dólares por pie cúbico a $4.69 dólares en enero del 2022 podemos ver que el transportar estos energéticos de forma económica tendrá un valor estratégico que definirá el futuro inmediato de varios países.
OTRO REGALO A PUTIN Y A SUS ALIADOS
Ahora que se dice que Rusia está por invadir Ucrania (o eso dice la OTAN) para dominar las rutas del gas que llega a Europa, EEUU decide dar un golpe mortal a través de la presión diplomática y económica a una de las pocas opciones de competencia que habría tenido Rusia en el mercado del gas europeo. La EastMed competiría con las rutas y productos de Siria y de Turquía, aliados abiertos de Rusia y opositores de la alianza Grecia-Chipre-Israel.
HECHOS NO PALABRAS
El apoyo a las energías renovables y a los aliados es un pretexto para favorecer a unos y fregar a otros, de hecho hay veces que ni siquiera tienen sentido, al aplicar medidas que van en contra de lo que se dice buscar.
La retórica dice que EEUU apoya las energías renovables, pero fomenta la dependencia propia y europea en las energías fósiles de Rusia, de Oriente Medio y de los productos de China quien utiliza carbón a gran escala. Así las cosas la inflación en EEUU, en Europa y en el mundo le pega a los consumidores porque todo lo que usted y yo consumimos o utilizamos es producido y acarreado con alguna forma de energía. Pero como me decía hace siete años un hombre tapadera de corruptos e integrante del gabinete presidencial “…Jorge, en la política lo que no es lógico es económico…”.
LOS ASESORES DE LA OTAN
Hace 30 años EEUU invadió Irak con la justificación de que Sadám Hussein tenía armas nucleares y por si las dudas había que quitarlo del mapa, después se supo que esas armas no existían pero el daño ya estaba hecho y la fuerza militar permaneció en Afganistán hasta hace pocos meses.
Es importante reconocer que la base militar de EEUU en Afganistán era también una zona estratégica para estar a las puestas de China en la protección de Taiwán. Pero ahora que Rusia se agrupa a las afueras de Ucrania, es el propio presidente de ese país quien pide a EEUU bajar el tono militar. Así es el supuesto agredido pide a la súper potencia no echarle más leña al fuego y se filtra una llamada de teléfono en la que Biden le habría dicho a Zelenzky que “…se preparara para el impacto de la inminente invasión rusa…”. De inmediato el Presidente de Ucrania salió a medios a pedir que se bajara el tono de las conversaciones y de la retórica pública, mismas que ya antes de la guerra o de la invasión estaban afectando de manera severa la economía de su país por el pánico provocado.
En la guerra, no solo los cañones cuentan, sino también los tambores y la imagen de EEUU después del fiasco de Afganistán no puede ser arriesgada, por eso es mejor hacer ruido y si Rusia invade Ucrania, será el que lo anunció y si no invade, poder decir que fue porque Washington lo intimidó. Claro pocos recordarán los regalos de los gasoductos que el Tío Sam desde enero del 2021 a la fecha canceló o inhibió en Canadá, EEUU, Israel, Palestina, Grecia, Chipre, Jordania, Egipto y de los que alentó a favor de Rusia, Siria, Turquía y Alemania.
EL OLVIDADO DEL CONFLICTO
Hace años cuando Joe Biden era vicepresidente de EEUU, el joven Biden recibió de oligarcas ucranianos y rusos relacionados con el gas y el petróleo, millones de dólares por ser asesor o intermediario. Ahora que el petróleo y el gas están por los cielos por las amenazas de guerra en esas dos naciones, cabe preguntar dónde están los intereses del Junior más famoso del mundo. Especialmente porque Joe Biden desde el día uno de su mandato ha favorecido por lo que usted guste o mande, los ingresos petroleros y de gas de Rusia a través de los gasoductos del norte de Europa y del Mar Negro vía Ucrania.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
