OPINIÓN
Desmiente Biden que competiría con Rusia y Ucrania: Estados Unidos retira apoyo a gasoducto de Israel a Italia
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En una carta simple el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, informó a los aliados del llamado proyecto “EastMed” que ya no apoyaba su iniciativa de llevar gas desde Israel y Palestina a Europa, una de las pocas cosas en las que los dos enemigos trabajarían en un beneficio común.
El proyecto llevaría energía de gas natural a Europa pasando por Chipre y Grecia evadiendo Siria y Turquía aliados de Rusia.
En enero del 2019, siete ministros de energía de países del Mediterráneo conformaron un grupo al que después se sumaron Francia y EEUU para promover la comercialización de las reservas de gas natural ubicadas en el este del mar mediterráneo frente a las costas de Palestina, Jordania, Israel Chipre y Egipto.
El proyecto se iniciaría en las costas de Israel y Palestina para llevar gas natural de Jordania, Egipto y de los dos primeros a través del fondo del mar emergiendo en Chipre y en Grecia para conectarse a otras líneas en Italia y de ahí llevar ese energético a Francia y a otros más.
El costo sería de $6 mil millones de dólares y estaría coordinado por las dos empresas dueñas del proyecto, Edison de Italia filial de la de EEUU y Poseidón de Grecia.
Para enero del 2020 los líderes de Grecia, Chipre e Israel firmaron el acuerdo que dio inicio a esa obra pero en medio de la crisis energética mundial y política los EEUU presionan a su empresa Edison y a los bancos para dejar el proyecto. La carta de Blinken, Secretario de Estado del gobierno encabezado por Biden, fue entregada casi en secreto a los diplomáticos de los tres países hace menos de 15 días. La respuesta de Grecia fue simple “…la Unión Europea ha declarado que EastMed es un proyecto especial en la búsqueda de fuentes de energía alternativa a las actuales y cualquier decisión y su viabilidad tendrá lógicamente un impacto económico…”
Con un petróleo que pasó de $56 dólares por barril en diciembre del 2019 a $90 dólares en la segunda semana de enero del 2022 y un gas natural que pasó de $3.03 dólares por pie cúbico a $4.69 dólares en enero del 2022 podemos ver que el transportar estos energéticos de forma económica tendrá un valor estratégico que definirá el futuro inmediato de varios países.
OTRO REGALO A PUTIN Y A SUS ALIADOS
Ahora que se dice que Rusia está por invadir Ucrania (o eso dice la OTAN) para dominar las rutas del gas que llega a Europa, EEUU decide dar un golpe mortal a través de la presión diplomática y económica a una de las pocas opciones de competencia que habría tenido Rusia en el mercado del gas europeo. La EastMed competiría con las rutas y productos de Siria y de Turquía, aliados abiertos de Rusia y opositores de la alianza Grecia-Chipre-Israel.
HECHOS NO PALABRAS
El apoyo a las energías renovables y a los aliados es un pretexto para favorecer a unos y fregar a otros, de hecho hay veces que ni siquiera tienen sentido, al aplicar medidas que van en contra de lo que se dice buscar.
La retórica dice que EEUU apoya las energías renovables, pero fomenta la dependencia propia y europea en las energías fósiles de Rusia, de Oriente Medio y de los productos de China quien utiliza carbón a gran escala. Así las cosas la inflación en EEUU, en Europa y en el mundo le pega a los consumidores porque todo lo que usted y yo consumimos o utilizamos es producido y acarreado con alguna forma de energía. Pero como me decía hace siete años un hombre tapadera de corruptos e integrante del gabinete presidencial “…Jorge, en la política lo que no es lógico es económico…”.
LOS ASESORES DE LA OTAN
Hace 30 años EEUU invadió Irak con la justificación de que Sadám Hussein tenía armas nucleares y por si las dudas había que quitarlo del mapa, después se supo que esas armas no existían pero el daño ya estaba hecho y la fuerza militar permaneció en Afganistán hasta hace pocos meses.
Es importante reconocer que la base militar de EEUU en Afganistán era también una zona estratégica para estar a las puestas de China en la protección de Taiwán. Pero ahora que Rusia se agrupa a las afueras de Ucrania, es el propio presidente de ese país quien pide a EEUU bajar el tono militar. Así es el supuesto agredido pide a la súper potencia no echarle más leña al fuego y se filtra una llamada de teléfono en la que Biden le habría dicho a Zelenzky que “…se preparara para el impacto de la inminente invasión rusa…”. De inmediato el Presidente de Ucrania salió a medios a pedir que se bajara el tono de las conversaciones y de la retórica pública, mismas que ya antes de la guerra o de la invasión estaban afectando de manera severa la economía de su país por el pánico provocado.
En la guerra, no solo los cañones cuentan, sino también los tambores y la imagen de EEUU después del fiasco de Afganistán no puede ser arriesgada, por eso es mejor hacer ruido y si Rusia invade Ucrania, será el que lo anunció y si no invade, poder decir que fue porque Washington lo intimidó. Claro pocos recordarán los regalos de los gasoductos que el Tío Sam desde enero del 2021 a la fecha canceló o inhibió en Canadá, EEUU, Israel, Palestina, Grecia, Chipre, Jordania, Egipto y de los que alentó a favor de Rusia, Siria, Turquía y Alemania.
EL OLVIDADO DEL CONFLICTO
Hace años cuando Joe Biden era vicepresidente de EEUU, el joven Biden recibió de oligarcas ucranianos y rusos relacionados con el gas y el petróleo, millones de dólares por ser asesor o intermediario. Ahora que el petróleo y el gas están por los cielos por las amenazas de guerra en esas dos naciones, cabe preguntar dónde están los intereses del Junior más famoso del mundo. Especialmente porque Joe Biden desde el día uno de su mandato ha favorecido por lo que usted guste o mande, los ingresos petroleros y de gas de Rusia a través de los gasoductos del norte de Europa y del Mar Negro vía Ucrania.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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