OPINIÓN
Detención pactada
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Sorpresivo encarcelamiento del expresidente del PAN Jalisco y exsecretario de Educación Pública de la entidad, Antonio Gloria Morales, a quien acusan de haber comprado a sobreprecio la Casa Jalisco en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Hasta donde se tiene conocimiento el reconocido panista no tuvo que ver con la operación en concreto por no estar dentro de sus funciones, pero muy sospechosamente lo quieren culpar y la traición que le están haciendo entre ellos su exjefe Emilio González Márquez es para quererlo dejar en prisión por mucho tiempo, pero tiene buenos argumentos y pruebas de defensa.
Pero mientras se teje el entramado contra Antonio Gloria Morales, sale a la luz pública el aseguramiento de cuentas de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Armando García Estrada y Celso Rodríguez González y Alberto Barba Gómez, de la Sexta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
En forma por demás extraña se ha notado un “odio jarocho” por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sin dar a conocer cuál es su coraje contra los impartidores de justicia aunque está la duda de que se deba a fallos emitidos contra acciones de protección solicitados por ciudadanos y contra la pretensión que hay o había de sus funciones de gobernar.
El magistrado Armando García Estrada, dijo el pasado viernes en la DK que está por demostrar con pruebas fehacientes el motivo de enojo del gobernador contra su persona y de ser cierto quiere decir que la ciudadanía quedaría indefensa al tener controlada a jueces y magistrados, aunque hay que señalar que la congelación de cuentas de los funcionarios llegó por la superpoderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como es sabido desde hace tiempo la UIF primero pega y luego averigua o sea primero evita el manejo de cuentas bancarias o de inversión a quienes quiere y tiempo después demuestra, si puede, que tiene la razón y está apegado a derecho.
El titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, dijo que el personal bajo su responsabilidad lo tiene blindado de hacer pública su información hasta el 2024 por razones de seguridad nacional. La petición de protección al personal de la UIF fue planteado desde 2013 y se puede decir que es lo correcto, mientras que el resto de la población está desprotegida ante cualquier arbitrariedad o señalamiento de la poderosísima unidad.
Lo que llama la atención es que ante el presente gobierno que combate el enriquecimiento ilegal de personas en general, todavía no es fecha que los superinteligentes investigadores de la UIF, declaren y congelen cuentas de personas dedicadas a la delincuencia organizada o no, como traficantes y huachicoleros, que se dice están muy ricos.
Mientras tanto es más fácil y menos riesgoso el perseguir funcionarios en activo y más cuando está de por medio la mano amiga de un funcionario mayor, por lo menos así se ha comentado en el ambiente gubernamental.
En pocos días se sabrá si el Poder Judicial de la Federación concede los amparos que promoverán los magistrados y al desahogarlos se entenderá hasta dónde y con quiénes tuviera razón la Unidad de Inteligencia Financiera, o todo quedará en “usted disculpe”, aunque ni eso hacen cuando se equivocan.
MAL Y DE MALAS LA GUARDIA NACIONAL
Con toda la intención que tiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y los jefes de las fuerzas armadas del país, para que funcione y cumpla su cometido la recién formada Guardia Nacional (GN), parece que arrancó con el pie izquierdo y no se logra tranquilizar a la población.
Arrancó con el enorme bache de enfrentarse con los elementos de la Policía Federal y que a toda costa quieren que se enrolen para así demostrar que la GN tiene personal civil aunque los jefes y la mayoría de elementos sean militares.
El problema es que sean civiles o militares la delincuencia sigue haciendo de las suyas y con toda impunidad se enfrentan grupos armados de presuntas bandas delincuenciales y pierden la vida muchas personas.
Pareciera que con decir que las personas fallecidas en enfrentamientos de esos grupos viven fuera de la ley, el asesinato que sufren tiene menos valor que el de otras personas.
La verdad es que vidas son vidas, ya sean de personas buenas o malas, y la obligación de los gobiernos es evitar y castigar a quienes los cometen se hacen justicia por su propia mano. Lo ocurrido la semana pasada en Uruapan, Michoacán, donde perdieron la vida por lo menos 19 personas debe de alertar una vez más a las autoridades locales y federales y en lugar de echarle tierra y querer minimizar el hecho tienen la obligación de investigar y llegar al fondo del problema, pero sobre todo castigar a los responsables.
Hay que seguir esperando a que funcione bien la GN y los cuerpos policiales de los municipios y estados de toda la República Mexicana, pero creo que va para largo y si no, ya veremos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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