OPINIÓN
Detención pactada

Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Sorpresivo encarcelamiento del expresidente del PAN Jalisco y exsecretario de Educación Pública de la entidad, Antonio Gloria Morales, a quien acusan de haber comprado a sobreprecio la Casa Jalisco en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Hasta donde se tiene conocimiento el reconocido panista no tuvo que ver con la operación en concreto por no estar dentro de sus funciones, pero muy sospechosamente lo quieren culpar y la traición que le están haciendo entre ellos su exjefe Emilio González Márquez es para quererlo dejar en prisión por mucho tiempo, pero tiene buenos argumentos y pruebas de defensa.
Pero mientras se teje el entramado contra Antonio Gloria Morales, sale a la luz pública el aseguramiento de cuentas de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Armando García Estrada y Celso Rodríguez González y Alberto Barba Gómez, de la Sexta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
En forma por demás extraña se ha notado un “odio jarocho” por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sin dar a conocer cuál es su coraje contra los impartidores de justicia aunque está la duda de que se deba a fallos emitidos contra acciones de protección solicitados por ciudadanos y contra la pretensión que hay o había de sus funciones de gobernar.
El magistrado Armando García Estrada, dijo el pasado viernes en la DK que está por demostrar con pruebas fehacientes el motivo de enojo del gobernador contra su persona y de ser cierto quiere decir que la ciudadanía quedaría indefensa al tener controlada a jueces y magistrados, aunque hay que señalar que la congelación de cuentas de los funcionarios llegó por la superpoderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como es sabido desde hace tiempo la UIF primero pega y luego averigua o sea primero evita el manejo de cuentas bancarias o de inversión a quienes quiere y tiempo después demuestra, si puede, que tiene la razón y está apegado a derecho.
El titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, dijo que el personal bajo su responsabilidad lo tiene blindado de hacer pública su información hasta el 2024 por razones de seguridad nacional. La petición de protección al personal de la UIF fue planteado desde 2013 y se puede decir que es lo correcto, mientras que el resto de la población está desprotegida ante cualquier arbitrariedad o señalamiento de la poderosísima unidad.
Lo que llama la atención es que ante el presente gobierno que combate el enriquecimiento ilegal de personas en general, todavía no es fecha que los superinteligentes investigadores de la UIF, declaren y congelen cuentas de personas dedicadas a la delincuencia organizada o no, como traficantes y huachicoleros, que se dice están muy ricos.
Mientras tanto es más fácil y menos riesgoso el perseguir funcionarios en activo y más cuando está de por medio la mano amiga de un funcionario mayor, por lo menos así se ha comentado en el ambiente gubernamental.
En pocos días se sabrá si el Poder Judicial de la Federación concede los amparos que promoverán los magistrados y al desahogarlos se entenderá hasta dónde y con quiénes tuviera razón la Unidad de Inteligencia Financiera, o todo quedará en “usted disculpe”, aunque ni eso hacen cuando se equivocan.
MAL Y DE MALAS LA GUARDIA NACIONAL
Con toda la intención que tiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y los jefes de las fuerzas armadas del país, para que funcione y cumpla su cometido la recién formada Guardia Nacional (GN), parece que arrancó con el pie izquierdo y no se logra tranquilizar a la población.
Arrancó con el enorme bache de enfrentarse con los elementos de la Policía Federal y que a toda costa quieren que se enrolen para así demostrar que la GN tiene personal civil aunque los jefes y la mayoría de elementos sean militares.
El problema es que sean civiles o militares la delincuencia sigue haciendo de las suyas y con toda impunidad se enfrentan grupos armados de presuntas bandas delincuenciales y pierden la vida muchas personas.
Pareciera que con decir que las personas fallecidas en enfrentamientos de esos grupos viven fuera de la ley, el asesinato que sufren tiene menos valor que el de otras personas.
La verdad es que vidas son vidas, ya sean de personas buenas o malas, y la obligación de los gobiernos es evitar y castigar a quienes los cometen se hacen justicia por su propia mano. Lo ocurrido la semana pasada en Uruapan, Michoacán, donde perdieron la vida por lo menos 19 personas debe de alertar una vez más a las autoridades locales y federales y en lugar de echarle tierra y querer minimizar el hecho tienen la obligación de investigar y llegar al fondo del problema, pero sobre todo castigar a los responsables.
Hay que seguir esperando a que funcione bien la GN y los cuerpos policiales de los municipios y estados de toda la República Mexicana, pero creo que va para largo y si no, ya veremos.
JALISCO
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco enfrenta un momento crítico. Las fuerzas políticas, atrapadas en intereses partidistas y sin acuerdos, tienen el desafío de construir un sistema que inspire confianza y certidumbre a los jaliscienses.
La falta de diálogo, la soberbia y las alianzas oportunistas amenazan con repetir errores del pasado, mientras el gobernador Pablo Lemus impulsa un modelo que elimine el reparto político de jueces. ¿Podrán los partidos priorizar la justicia sobre cálculos electorales o seguirán atrapados en los juegos del poder?
RECHAZO CIUDADANO A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
El reciente proceso de reforma judicial federal dejó una lección clara en Jalisco: con una abstención del 92.97% –la segunda más alta del país tras Guanajuato–, los ciudadanos rechazaron enérgicamente la politización del Poder Judicial.
Las reformas impulsadas por Morena a nivel federal, y replicadas en algunos estados, son percibidas como una toma de poder disfrazada de “democratización”. Esta desconfianza ciudadana es un mensaje contundente que la oposición local –Morena, PAN y PRI– parece ignorar al avanzar en una reforma sin consenso amplio, excluyendo a Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 11 de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
Esta exclusión, calificada como un “madruguete” legislativo, ignora la lección del descontento popular y arriesga generar otra reforma fallida, marcada por baja participación y una creciente percepción de control político sobre la justicia.
En marzo, este espacio destacó la oportunidad de una reforma “al estilo Jalisco”, propuesta por el gobernador Pablo Lemus para desterrar el modelo de “cuotas y cuates”. Este enfoque, basado en filtros académicos y ciudadanos, buscaba garantizar una justicia imparcial.
Foros coordinados por el jurista Arturo Zamora, con la participación de universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, sentaron las bases para un sistema judicial transparente. Sin embargo, la oposición parece desoír este llamado, optando por priorizar intereses políticos sobre el bien común, perpetuando un esquema que compromete la confianza en el Poder Judicial.
LA ALIANZA ANTINATURAL
La coalición opositora en el Congreso –Morena, PAN y PRI– resulta desconcertante por su contradicción. Estos partidos, que en su momento criticaron la reforma judicial federal por su riesgo de politizar la justicia, ahora se alían en Jalisco en un aparente intento de debilitar al gobierno de MC.
¿Qué motiva esta unión? ¿Es un simple malestar con Lemus o un cálculo electoral para erosionar el dominio de MC, que ha consolidado su liderazgo en el estado?
La alianza, lejos de estar motivada por la transparencia o la imparcialidad, parece diseñada para golpear al gobierno estatal, ignorando el llamado de Lemus a una “armonización ciudadana” construida con la colaboración de barras de abogados, universidades y sociedad civil.
El modelo actual del Poder Judicial en Jalisco, dominado por complicidades políticas entre PAN, PRI y MC, es insostenible. Lemus ha reiterado su compromiso para acabar con este sistema de cuotas que pone precio a la justicia, un esquema que ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza entre abogados y ciudadanos que interactúan con el Poder Judicial.
Sin embargo, la oposición, al avanzar sin un diálogo inclusivo, perpetúa un sistema que traiciona la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿realmente están comprometidos Morena, PAN y PRI con una reforma que beneficie a los jaliscienses, o buscan solo un ajuste de cuentas políticas?
Esta unión oportunista no solo contradice sus posturas previas, sino que arriesga el futuro de una justicia imparcial en el estado.
HACIA UNA REFORMA GENUINA
La operación política del gobierno de Jalisco ha mostrado deficiencias. En un Congreso donde ninguna fuerza política cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, Lemus ha tenido que intervenir directamente para evitar el estancamiento.
La sociedad jalisciense demanda una reforma moderna, confiable y alejada de elecciones populistas que comprometan la experiencia y profesionalismo judicial.
La oposición tiene en sus manos una oportunidad histórica para construir una justicia al servicio de los ciudadanos, no de grupos de poder que operan como mafias dentro del Poder Judicial.
El gobernador ha propuesto un diálogo abierto, inclusivo y basado en la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, la rigidez de la oposición amenaza con mantener la parálisis legislativa, atrapada en posiciones maniqueas que priorizan el revanchismo político sobre el interés público.
Los próximos días serán cruciales para alcanzar acuerdos que rompan con el modelo de cuotas, fortalezcan la imparcialidad y respondan al clamor ciudadano por una justicia accesible. Jalisco no puede permitirse otra reforma fallida que profundice la desconfianza en sus instituciones.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA
La justicia en Jalisco no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas. Morena, PAN, PRI y MC deben dejar atrás la soberbia y abrazar la humildad para construir un diálogo genuino.
La ciudadanía, como verdadero juez de este proceso, espera una reforma que restaure la confianza en el Poder Judicial, no que alimente la percepción de control político. Esta es una oportunidad única para que los partidos trasciendan los juegos del poder y construyan un legado que honre a los jaliscienses.
Que escuchen el mandato de las urnas y trabajen juntos por una justicia accesible, imparcial y libre de componendas. El futuro de Jalisco depende de que esta reforma sea un reflejo de los valores de sus ciudadanos, no de las ambiciones de sus políticos.
JALISCO
Entre el mea culpa y el cálculo: El descuido en Casa Jalisco

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco la política no se cuece: hierve. La reforma judicial levantó la tapa y escapó el vapor de lo obvio: en Casa Jalisco hubo descuido. Pablo Lemus lo admitió con retraso y promesa: “me meteré personalmente a reconstruir la relación”. Traducción en castellano llano: falló el operador, se enmoheció el diálogo y los números no dan.
En el Congreso solo rige una gramática: 26 votos.
La oposición (Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y PT) no los juntan.
El Ejecutivo, menos.
Resultado: “cabildeo” exprés, citas por separado, romería de coordinadores entre Hidalgo 222 y Palacio. No es diálogo; es caza de tres o cuatro voluntades que ajustan una Constitución.
Cuando no hay proyecto, se busca coartada: José Luis Tostado, coordinador de MC, puesto en la picota por el “descuido”. En la coda aparece el secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Desde Casa Jalisco matizan: no habrá cabezas… por ahora. Habrá “afinación”. Misma partitura, distinto volumen.
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El Gobierno acepta desconexión con opositores.
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La oposición presume mayoría de maniobra y exige que el Gobernador dé la cara en el Legislativo.
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La IP suplica “no politizar” lo que, por definición, es político: quién nombra, evalúa y disciplina a juezas y jueces.
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La riña real no es la “tómbola” de desempate (cortina de humo), sino el control de filtros, la integración de jurados y sus lealtades.
Conclusión provisoria: la “reforma técnica” huele a reparto fino. No suena a reforma de Estado, sino a ajuste para ganar eficacia… y previsibilidad política.
Los opositores invitan a Lemus al Congreso; mientras, en Casa Jalisco operan en carriles paralelos: reuniones uno a uno, promesas, calendarios, guiños. “No es dividirlos —dicen—; es dar a cada uno su lugar”. Manual conocido: personalizar, fragmentar, diferir el texto. Cuando llegue el proyecto “conciliado”, el espacio para el escrutinio ya habrá cerrado.
Además, dos magistraturas en el alambre. Si el martes no hay designación, la afirmativa ficta ratifica a quienes hoy ocupan el asiento. El reloj —no la razón— es el arma. O amarran ya, o se quedan con lo que hay. Esto no es arquitectura constitucional; es relojería política.
Coparmex y COMCE piden sacar la reforma de la grilla. Comprensible; sin certeza, no hay inversión que resista. Pero “despolitizar” una reforma política es un oxímoron útil. Lo serio sería: minutas públicas; criterios de selección verificables; perfiles y conflictos de interés a la vista; cronograma que no dependa del humor de la mesa. Menos tribuna, más trazabilidad.
El Gobernador acepta el error; no explica su causa. Se dice que hubo disposición; faltó oficio. Y el déficit de oficio se paga caro: se erosiona la confianza entre poderes, se fortalecen los extremos y la ley se vuelve rehén del chantaje de la parálisis. En el pantano, el incentivo deja de ser institucional y se vuelve coyuntural.
Prometen “apretones de tuercas”. En papel: “un solo texto”. En práctica: expediente con zonas grises, diseño de gobernanza bajo llave y dos nombramientos que amarran hoy e hipotecan mañana. Si cierran en corto, saldrá una reforma hecha al tamaño del equilibrio de turno; si abren el proceso, quizá alcance para una reforma que sobreviva gobiernos.
Convertir a Jalisco en el “Silicon Valley mexicano” requiere más que parques y pitch decks: requiere un Poder Judicial independiente, profesional y previsible. El capital tolera impuestos; lo que no tolera es incertidumbre. Y la certeza no nace de tómbolas ni de boletines, sino de reglas claras, procesos públicos y decisiones revisables.
La crisis legislativa obligó a todos a mostrar la mano: el Ejecutivo admitió que perdió el control fino, la oposición evidenció que, sin MC, puede marcar agenda, pero no coronarla, la IP recordó que sin garantías no hay relato de progreso que aguante. Falta lo principal: que la ciudadanía vea, en tiempo real, cómo y por qué se cambiará la justicia que la toca a diario.
La historia enseña que las reformas cocinadas en silencio terminan gritando en los tribunales. Prudencia no es callar: es abrir puertas, encender luces y dejar que la aritmética se escriba con tinta pública. Solo así el mea culpa pasa de pose a corrección. Solo así la reforma será reforma, y no reparto con fecha de caducidad.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
La conquista que no termina

– Opinión, por Miguel Anaya
Siempre me ha parecido curioso que, quinientos treinta y tres años después, sigamos hablando de la Conquista como si hubiera ocurrido ayer, como si Hernán Cortés acabara de desembarcar en Veracruz con la mirada puesta en Tenochtitlán y el corazón lleno de encomiendas. No deja de ser fascinante la capacidad mexicana de contar la historia, no como tragedia, sino como pretexto.
Se nos enseñó que fuimos cruelmente conquistados. Lo aceptamos con un dramatismo casi teatral, como si los pueblos originarios hubieran sido un solo cúmulo de inocencias y los españoles, solamente un ejército de codicia y brutalidad.
Pero la realidad, siempre tan poco romántica, fue más compleja: hubo alianzas, traiciones, intereses, cálculos y, sobre todo, normalidad. La conquista no fue una excepción, fue la regla de una época donde conquistar territorios era tan legítimo como hoy hacer fusiones empresariales o acuerdos comerciales.
El poder siempre ha tenido el mismo rostro, solo cambia sus formas.
Nos empeñamos en sentirnos víctimas eternas. Reclamamos por la Conquista como si estuviéramos esperando una disculpa de los siglos XVI o XVII. Exigimos perdón retroactivo, pero la historia, aunque a veces cruel, no tiene oficina de quejas. Lo único que hace es avanzar, mezclando a vencedores y vencidos hasta que se olvida de qué lado viene cada quién. De esa mezcla —dolorosa, contradictoria, fecunda— nació México.
Porque, aunque duela, México no es lo que quedó de los mexicas, ni lo que impusieron los españoles: es lo que ambos se vieron obligados a inventar. Un país mestizo, con dioses de piedra y vírgenes de yeso, con voces indígenas en el eco del español y una fe que huele a copal y a incienso. Esa es nuestra conquista: haber sobrevivido al choque de mundos sin dejar de ser un poco de ambos.
Lo que llamamos sincretismo no fue solo una mezcla cultural; fue una estrategia de supervivencia. Los pueblos indígenas no desaparecieron: se mimetizaron, aprendieron el idioma del invasor y escondieron a sus dioses detrás de santos. Los españoles no triunfaron del todo: quedaron atrapados en una tierra que los absorbió, que los hizo perder el acento y, en muchos casos, amar más esta tierra que la propia. De esa contradicción nació nuestra identidad: un mestizaje que no se elige, pero que se asume.
A pesar de lo anterior, hay quienes añoran un pasado indígena idealizado, como si los mexicas hubieran sido una comuna perfecta; otros sueñan con una Europa que nunca los reconocerá como su reflejo. Ambos extremos son falsos, pero cómodos en la narrativa: uno ofrece la inocencia, el otro la superioridad.
El mestizaje, en cambio, exige madurez: aceptar que venimos de una violencia, pero también de una creación; de una herida, pero también de una fecundidad.
Quizá lo que más nos cueste reconocer es que seguimos conquistándonos unos a otros, porque así es el mundo, porque así es la humanidad. Los nuevos conquistadores hablan diversos idiomas y prometen inversiones; la riqueza ya no se mide en lingotes, sino en clics, bitcoins y contratos. Las conquistas no se acabaron, se digitalizaron.
Por su parte, México sigue celebrando el Día de la Raza sin saber muy bien qué raza celebra, o marchando por la Independencia confundiéndola con la revolución, porque en el imaginario popular, cabe casi todo. Tal vez esa sea nuestra mayor conquista: haber aprendido a vivir en medio de la contradicción.
No somos víctimas ni victimarios; somos descendientes de ambos. Al final, hay que entender y aceptar nuestro pasado para abandonar la narrativa de la victimización y abrazar el discurso del desarrollo, pues toda nación es el resultado de una conquista: la del tiempo sobre la memoria, la del sistema sobre el individuo, la del extraño que traspasó sus fronteras.
Y si algo nos enseña la historia es que, aun después de la conquista o aun después de la derrota, los pueblos que saben adaptarse y construir una narrativa de progreso se fortalecen.
Así fue con Japón, así fue con Alemania y así puede ser con México.
NACIONALES
Corina Machado, «enemiga» de la presidenta Sheinbaum

– De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
LOS ORGANIZADORES y directivos del Premio Nobel, enviaron un mensaje al mundo con la designación dedicada a la paz mundial de la edición 2025 de ese galardón: Un “no” rotundo a las dictaduras y un reconocimiento a quienes luchan por la democracia en las naciones.
La opositora al “chavismo” en Venezuela, María Corina Machado, recibió la noticia de haber sido elegida como ganadora del Premio Nobel de la Paz, con la emoción de quien se sabe, triunfadora histórica contra los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su país, Venezuela.
Sabía que el reconocimiento es un contundente mensaje del mundo en contra de una dictadura que mantiene a su pueblo sojuzgado por el Estado, con un individuo maniatado, sin libertad y con el sufrimiento de su pueblo a consecuencia de la hambruna.
Machado se ha convertido en la principal defensora de la democracia en esa nación sudamericana. Quizá haya opositores que luchan por la misma causa en Cuba y en Nicaragua, pero ella representa el triunfo electoral que, aunque contundente, recibió la dura represión de la bota “chavista”.
Y desde luego, su designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz, trajo reacciones positivas en la mayor parte de las naciones en el mundo… excepto en México.
No debía extrañarse. El régimen iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por imponer por encima de los grandes intereses de la nación, su ideología, la que incluye mensajes de odio a quienes no piensan como ellos, además de llamarlos sus “enemigos o adversarios”.
En su “mañanera” en Palacio Nacional, un reportero requirió la opinión de la presidenta respecto a la noticia sobre Corina Machado y su respuesta fue lacónica: “Sin comentarios”.
Enseguida hizo referencia al pretexto utilizado ahora para evitar opinar de quienes no forman parte de su cofradía: “Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos”. No había terminado cuando le preguntaron sobre la caída de Dina Boluarte, presidenta del Perú, acontecimiento ocurrido unas horas antes:
“Nosotros insistimos en la liberación de Pedro Castillo (amigo de AMLO), quien fue elegido por el pueblo del Perú y que se le aplique un juicio justo”.
Y ante ello, ¿dónde quedó la actitud de respetar la autodeterminación de los pueblos?
Evidentemente, hay una incongruencia inocultable, cuando el gobierno mexicano utiliza parte de nuestros impuestos para obsequiar gasolina a la dictadura de Cuba y no poner condiciones a la llegada de un ganado enfermo proveniente de Nicaragua.
Ambos regímenes son dictaduras.
Por eso, aunque es mujer y ha entregado su vida por la democracia en Venezuela, Corina Machado no recibirá el reconocimiento de la presidenta de México, porque es “enemiga de la 4-T” al oponerse a la dictadura de Nicolás Maduro.
Aunque el mundo diga lo contrario.