OPINIÓN
Deuda opaca
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En mayo del 2021 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un estudio titulado “Hablemos de la deuda”, elaborado fundamentalmente con datos de la Secretaría de Hacienda y el INEGI, el cual documenta los niveles de endeudamiento que presentan los estados y municipios del país, arrojando datos que a cualquier mortal, habitante de las entidades federativas más endeudadas, nos impresionan.
Resalta el alto nivel de endeudamiento que algunos ayuntamientos tienen, lo que no debe asustar en el caso de municipios con suficiente actividad económica, no así con los que tienen menor población y actividades económicas menos redituables.
Lo que sí nos debe asustar y exigir que se componga, es la falta de transparencia en el manejo de la deuda pública y la discrecionalidad con la que aparentemente se maneja. La deuda se convierte en problema cuando gran parte de los ingresos que se obtienen por esa vía son con vencimientos de corto plazo y se destinan generalmente al gasto corriente, contraviniendo lo dispuesto en la legislación correspondiente.
Si bien existen controles sobre la deuda de Estados y municipios, como el Registro Único y el Sistema de alertas que maneja la Secretaría de Hacienda, así como la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, estos instrumentos resultan inútiles ante la falta de un seguimiento al uso de la deuda contraída y la opacidad con que las entidades y municipios ejercen estos recursos. Los Congresos estatales, son usualmente complacientes con el poder ejecutivo estatal, cuando somete a su consideración la posibilidad de endeudarse, pero además de la complacencia, también son omisos, o remisos, en la supervisión de que los recursos que autoriza sean bien utilizados.
Según el estudio citado, las entidades con mayor nivel de endeudamiento son: Ciudad de México con 87,736 millones de pesos, Nuevo León con 85,229, Chihuahua 50,790, Estado de México 52,448, Veracruz 45,707, Jalisco 35,615, Sonora 29,271, Quintana Roo 23.669, Michoacán 21,020, y Chiapas con 20,694. En estas cifras van incluidas las deudas de sus ayuntamientos.
Los 10 municipios más endeudados del país al cierre de 2020: Tijuana Baja California 2,605.9 millones, Monterrey Nuevo León 1,968.5, Hermosillo Sonora 1,815.3, Guadalajara Jalisco 1,652.4, León Guanajuato 1,076.1, Nogales Sonora 990.5, Benito Juárez Quintana Roo 971.0, Zapopan Jalisco 964.7, San Nicolás de los Garza Nuevo León 961.0, Mexicali Baja California 934.9.
Como se puede apreciar, son los municipios con mayor urbanización y población los que registran los más altos niveles, en total, 50 municipios con más de 800 mil habitantes contrataron el 58% de la deuda mientras que 570 con poblaciones promedio de 65 mil habitantes contrataron el resto y 1,821 municipios no contrataron ninguna deuda o no la reportaron.
En esta danza de cifras, cabe preguntarse qué fue lo que se hizo con ese dinero, ¿por qué la población sigue manifestando carencias en los servicios públicos y falta de infraestructura?, ¿por qué persiste la sospecha de que ese dinero fue desviado?
Es precisamente por la falta de transparencia. Porque no hay información puntual de hacia donde fue cada peso y si el objetivo para el cual fue solicitado se logró o su grado de avance.
Alguien tiene que explicar y transparentar porqué en Jalisco la deuda creció, en un año 33.8% contratando deuda por 8,995 millones de pesos. El paraguas de la emergencia sanitaria no basta si no se detalla el gasto. Igualmente alguien debe responder en San Luis Potosí por haber crecido en un año su deuda en 1,102 millones, o en Colima por elevar la deuda en un 20.8% con 705 millones. Será el nuevo gobierno de Nuevo León el que investigue o pida explicación del porqué se llegó a que el saldo de la deuda signifique el 81% de los ingresos estimados, y en Sonora porqué la deuda creció en tan solo 18 años de 4,200 millones en 2003 a 29.2 mil millones en 2021, así también los presidentes municipales que arrastran deudas importantes como Guadalajara, Zapopan, Hermosillo, Nogales o Tijuana.
Los mecanismos e instituciones existentes para garantizar el buen uso y la racionalidad de la deuda, han resultado meros registradores, sin utilizar o generar medios de control y seguimiento.
De nada sirve que la autoridad hacendaria registre los créditos y lance alertas sobre el nivel de endeudamiento, si la verdadera función debiera ser que se vigile que los créditos contratados se utilicen en el fin para el que fueron solicitados y que no se estén destinando al gasto corriente o desviando a actividades partidistas.
Dejar esa función en manos de los congresos estatales resulta ocioso pues no cuentan con la capacidad para hacerlo y en muchas ocasiones, ni con la voluntad política, sea por conveniencia o por mediatización, de dar un seguimiento aunque fuera superficial, al ejercicio de los recursos. Tanto autoridades hacendarias como los congresos estatales son virtuales cómplices de los desvíos, supuestos o reales, que pudiera haber, pues no solamente solapan el endeudamiento creciente sino que también al no generar los mecanismos de transparencia e información al público y a las instituciones sobre el fin de los recursos obtenidos, pecan de omisión e irresponsabilidad. El nivel de endeudamiento de la mayoría de las entidades resulta hasta ahora manejable y no es un peligro para las finanzas, pero sí lo son, para la sociedad, la opacidad, la discrecionalidad, y la irresponsabilidad de quienes debiendo vigilar son omisos y complacientes.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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