OPINIÓN
Deudas del gobierno estatal con las mujeres: Justicia lenta en el caso de Imelda Vírgen, diez años sin sentencia firme
Por Mario Ávila //
La mejor muestra de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Jalisco le han quedado a deber a las mujeres, es que a casi una década de ocurrido el primer feminicidio en la entidad desde que instauró el tipo penal, no se cuenta con una sentencia firme, particularmente en el caso de Imelda Virgen.
De ello habló la abogada de la familia de la víctima e integrante de Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Alejandra Cartagena, quien de entrada detalló que no han sido notificadas oficialmente de la nueva sentencia, para poder hacer un estudio y valorar si van al amparo o no.
Mediante un comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, refieren que la Dirección General de Seguimiento a Procesos de la propia dependencia, consiguió que se modificara la condena en contra de los responsables del feminicidio de Imelda, a 73 años de prisión, así como el aumento del monto de reparación del daño.
La Dirección de Seguimiento a Procesos interpuso el recurso de apelación de la sentencia inicial donde el Juez consideró penalmente responsables a los cuatro implicados por parricidio y violación. En la primera condena, se les impuso 55 años de prisión a Gilberto, David y Sergio, mientras que a Joceline 16 años con 8 meses.
La abogada Alejandra Maritza Cartagena López, insiste en que no se trata de una sentencia firme, “todavía tanto los sentenciados como nosotras estamos en la posibilidad de interponer un juicio de amparo. Pero lo que sí puedo comentar es que esta lentitud en la impartición de justicia, sin duda debe de poner a trabajar al Poder Judicial y a la Fiscalía para que identifiquen qué está pasando, porqué estos asuntos están tardando tanto tiempo, porqué el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente.
Sin embargo, la deuda también la tienen otras instancias, en opinión de Alejandra Cartagena, “sin duda alguna todas las autoridades tienen mucho por hacer, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, le han quedado a deber a las mujeres, hacen eventos espectaculares y que les quedan muy bonitos para la foto, pero la verdad es que no han impactado en la vida de las niñas y las mujeres, seguimos con un alto índice de violencia de género, con feminicidios, desapariciones, casos de violencia sexual, entonces sin duda alguna quedan a deber todas estas instituciones porque se sigue pensando en la violencia contra las mujeres como algo que solo se habla los días 8 de marzo y no como algo transversal y cotidiano en todas las instituciones”.
Incluso decirlo claramente -planteó-, hablan de estrategias, de prevención y de atención a la violencia, pero cuando una mujer se enfrenta a denunciar a sus acosadores dentro de estas instituciones, lo primero que hay es invisibilizarlas y decir que las mujeres están mintiendo. Sin duda alguna tendría que empezar el Estado por poner el ejemplo de que no tengamos autoridades, a funcionarios siendo unos acosadores.
De acuerdo a las cifras oficiales, refiere Cartagena López, en el año 2021 mataron a 273 mujeres y solamente 71 casos se consignaron como feminicidio, mientras que al 18 de marzo del 2022 hay 39 mujeres asesinadas en lo que va del año. Sin embargo, una cifra que también alarma es que al 1 de marzo del 2022 tenemos 2 mil 668 mujeres desaparecidas.
Y advierte: “Lo que nosotras hemos venido denunciando desde hace algunos años es que cuando saben quién mató a la víctima en este caso, la pareja o la ex pareja, hablan de parricidios y cuando no lo saben hablan de homicidios dolosos; sin duda alguna se sigue invisibilizando la violencia y si seguimos así no se traduce esto realmente en política pública, se habla de que están atendiendo la violencia, pero por desgracia todos los días se está hablando de mujeres asesinadas”.
De hecho -abundó-, si bien es cierto que es el primer feminicidio después de que en Jalisco logramos el tipo penal, sin embargo, el caso no fue consignado como feminicidio, sino como parricidio por violación, en ese entonces el entonces procurador manifestaba que no se podía tipificar como feminicidio porque no existían los protocolos para la investigación en estos términos, lo cual sin duda alguna solo demostró la ignorancia del procurador porque ya estaba el tipo penal. Sin duda alguna decirlo, el caso de Imelda ha sido reconocido por las organizaciones y por periodistas como el primer feminicidio en el estado y lo que esperamos es precisamente que sea una sentencia digna, que sea una sentencia con perspectiva de género, no podemos ahorita hablar de ello, ojalá y podamos llegar a tener una sentencia firme.
Los años de cárcel no son todo, van por una reparación integral del daño
El Juzgado Primero de lo Penal dictó 73 años de prisión y tres millones 170 mil 828 pesos por concepto de indemnización legal por la muerte de Imelda Virgen, de acuerdo con la información de la Fiscalía, en la que se recuerda que el crimen ocurrió el 28 de septiembre de 2012. Los involucrados acordaron llevar a cabo el crimen debido a que Imelda quería terminar su relación con Gilberto Enrique.
Los sentenciados fingieron el robo del vehículo y trasladaron a la víctima hasta una brecha sobre la carretera a Chapala. Ahí abusaron sexualmente de ella y la privaron de la vida, de acuerdo con el expediente del caso.
Gilberto Enrique Vázquez Cortés -ex esposo de Imelda y quien ordenó su asesinato porque ella no quería regresar con él-, junto con David Calzada Ceja y Sergio Fabián Sánchez Belmonte habían sido condenados a 55 años de cárcel por parricidio y violación, pero se les sumaron 18 años 4 meses. Mientras que Joceline Yuviana Calzada Ceja obtuvo grado de culpabilidad mínimo e imputabilidad disminuida; su pena cambió de 16 años 8 meses de prisión a 22 años, dos meses y 20 días.
Para la abogada de la familia de la víctima, catedrática de la Universidad de Guadalajara, “el tema de los años, al final del día si bien es cierto que los años de alguna manera podrían ser importantes, no es todo en una sentencia, tendríamos que ver si hay una reparación integral del daño, lo cual no significa necesariamente dinero sino otras cosas importantes que exigen estas sentencias con perspectiva de género, como son en materia de derechos humanos las disculpas públicas del Estado por haber fallado en su obligación de preservar una vida libre de violencia para las mujeres.
“Pero no podemos ahorita hablar de eso, estamos esperando ser notificadas para poder hacer un análisis puntual de la sentencia a fondo, que nos pueda permitir estar en condiciones de decir si nosotras vamos a interponer juicio o nos quedaremos de alguna manera conformes con esta determinación del juez”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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