OPINIÓN
¿Dónde quedó el Presidente?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Ahora sí los habitantes de Tabasco, Chiapas y Veracruz vieron de cerca la irresponsabilidad de los gobernantes de la “CuatroTé” a quienes en más de un mes no les había llegado ayuda por parte del gobierno federal, cuando el Presidente se preocupó por ello, fue por presión en redes sociales ya que el andaba muy contento en Nayarit visitando a la diputada Geraldine Ponce, a quien el presidente le guarda un trato tan diferenciado que hemos visto escenas de celos de la “no” primera dama.
Fue tal la presión, que acabó suspendiendo la gira por Nayarit para dirigirse a Tabasco para simplemente sobrevolar en un helicóptero la zona, negarse a felicitar a Biden y recomendar a los pobladores inundados que se subieran a lo alto de los cerros porque desfogarían la Presa Peñitas y se incrementaría más el área inundada.
La población de esos lugares esperaba que fuera más empático, donde gozaba de gran aceptación. Todos esperaban a un Presidente como los anteriores, haciendo frente a la inundación junto con los pobladores afectados; simplemente no quiso ensuciarse ni los zapatos, y lo llevó a explicar a los reporteros que no hizo el recorrido a pie “porque tenía otras cosas que hacer”.
¿Que era para MALO más importante que atender la desgracia de nuestros hermanos del sureste? No vimos en la agenda nacional nada así de importante. Pasó una semana para que regresara, realizara otro sobrevuelo explicando, como si al mundo le interesara, donde estaban enterrados sus abuelos, cuando a los damnificados y al mundo entero solo querían saber cuándo y en qué forma llegará la ayuda.
Por ello molesta que los diputados federales y senadores del grupo parlamentario de Morena soliciten a la sociedad civil donativos y ayuda para los damnificados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, cuando en días pasados avalaron la desaparición de diversos fideicomisos (109), destacando entre ellos el “Fondo Nacional de Desastres Naturales” (FONDEN), precisamente creado para enfrentar situaciones como ésta. Al desaparecer esos fideicomisos López afirmó que los recursos serían entregados de forma directa a la población afectada, situación que no ocurre, ya que al parecer, los fondos del citado fideicomiso ya han sido desviados para otras prioridades de López, y por ello sus huestes en el Congreso de la Unión tienen la desfachatez de solicitar donativos. Fue tal la indignación que generó eso, que en su Show de “La Mañanera” aclaró que el gobierno no utilizará los recursos del FONDEN, porque tiene finanzas sanas, (claro, si se acaban de embolsar todos los recursos de los fideicomisos, cómo no van a tenerlas).
Las cifras de pérdidas humanas es impresionante, reconocen que 27 personas fallecieron en Tabasco (5) y Chiapas (22), los daños son multimillonarios, en Tabasco de los 17 municipios hay daños en 13, en Chiapas hay más de 16 mil damnificados, 32 municipios con afectaciones, casi 20 mil casas bajo el agua y en las tomas de los noticieros un mes después de iniciada la tragedia no se apreciaba aún el apoyo del gobierno federal, en otras ocasiones inmediatamente podíamos ver la intervención del Ejército y la Marina implementando el Plan DN-III.
Independientemente de todo, nos urge a los mexicanos conocer hasta dónde estas inundaciones se originaron por causas de Dios, como se suele señalar a los fenómenos naturales o por negligencia de la Comisión Federal de Electricidad, que primero reconoció su Director Manuel Bartlett como un error, y luego lo negó burlándose irresponsablemente del gobernador de Tabasco.
Pero el verdadero colmo fue la declaración de la encargada de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, quien en forma por demás irresponsable señaló en una entrevista con Milenio a los tabasqueños: “Adáptense, aquí les tocó vivir, hay que aprender a vivir con lo que hay ”, mientras el Presidente cómodamente sentado en Palacio Nacional subía imágenes de sus opíparos desayunos, mientras que los más de doscientos mil damnificados en esos Estados no tienen ni siquiera alimentos básicos para subsistir.
Afortunadamente hay una lista de prioridades que el entonces candidato Manuel Andrés López Obrador (MALO), dictó en 2007 en una inundación similar en esa misma zona y que circula profusamente en redes sociales, ahora señor López, los mexicanos y la comunidad internacional le exigimos que realice todos esos actos que usted enumeró, con eso tendremos, pero hágalo ya, póngale número y forme la Comisión para vigilar el destino de los recursos, la gente afectada no puede esperar. Mandó un mensaje a la nación, desde algún lugar que no tenía nada que ver con el área afectada, inclusive expertos afirman que es un fotomontaje elaborado solo para aparentar que estuvo en la zona de las inundaciones, ya me imagino si de verdad lo hubiera grabado desde ahí, que gran rechifla y mentadas de madre se escucharían. Dicen que el gran problema de Tabasco ahora son los cocodrilos y más bien el pejelagarto.
Felicito al Gobierno de Zapopan y a Pablo Lemus por la decisión de no realizar aumentos a las tablas de valores catastrales e incorporar dentro de los artículos transitorios de la ley de Ingresos para 2021, el no incremento en el pago del Impuesto Predial, lo que se traduce en un buen apoyo a la economía de las familias del municipio; contrario a lo que realizó Guadalajara que sí incrementó los valores en un un 5% promedio y decidió que, para el siguiente año no se incremente el cobro en este impuesto. Al dejar en ley esta política de topamiento, en el futuro representará una gran afectación para los contribuyentes de ese municipio, ya que ese 5% se irá sumando a los distintos porcentajes de incremento por el número de años que decidan que dicho tope prevalezca. Esto en realidad no es apoyar a la economía familiar, se llama diferir el cobro de la contribución.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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