OPINIÓN
Educar en la infancia para el emprendimiento
Educación, por Isabel Venegas //
El Centro de Desarrollo para la Competitividad Empresarial dice que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas en México, fracasan durante sus dos primeros años de vida.
El pasado domingo escuchaba en las noticias radiofónicas de red nacional, los resultados de la encuesta más reciente que presentaba la empresa Demotecnia cuyo análisis fue titulado “Clase Media Mexicana”. Se trata de un estudio de percepción en donde a través de una muestra aleatoria a 500 individuos, indaga sobre sus ingresos, capacidad de ahorro, frecuencia para vacacionar, así como las áreas en las que creen que el gobierno debería poner atención de manera prioritaria. Ciertamente hacer un análisis al respecto es muy valioso, porque el hecho de que la mayoría pueda situarse dentro de esta categoría debería ser un buen indicador de estabilidad y equilibrio económico, es decir, una población en la que la mayoría no es dramáticamente pobre, ni tampoco vive en la utopía de ser todos deliciosamente ricos, es más bien la descripción de un sector que, con base en el esfuerzo dentro del contexto familiar ha logrado escalar para tener una estabilidad que le permite cubrir las necesidades básicas, junto con un margen de gozo más o menos sano.
Cabe recalcar que el estudio que presenta Rodrigo Galván de las Heras hace referencia a la percepción, con lo cual la mayoría de las personas establece la definición a través de sus referentes más cercanos, es decir, la mayoría asume una posición social a partir de un comparativo con lo que las generaciones pasadas lograron conseguir económica y académicamente hablando, y es que para situarse dentro de una escala de valores, los referentes contemporáneos son la competencia a vencer, mientras que los antecesores son un parámetro más natural.
Es fácil deducir por la oferta académica de nuestro país a nivel bachiller y universitario, que la mayoría tendrá referentes de un padre o un abuelo cuyo máximo grado escolar fue de educación básica y una carrera técnica o comercial; aunque en ese sentido la evaluación rigurosa del comparativo deja entrever que mientras hay una superación en el nivel de títulos y certificaciones de las nuevas generaciones, temerosamente también se alcanza a observar uno que otro ejemplo de la diferencia generacional, como que nuestros abuelos contando con menor trayectoria escolar, tenían una mejor caligrafía y ortografía, conocimientos de historia o capacidad para el cálculo mental que cualquiera de los egresado de maestría en la actualidad; entre otras muchas diferencias que ponen en evidencia la fragilidad entre el vínculo del desarrollo empresarial y el académico.
Continuando con los resultados del estudio de Demotecnica, el 84% de los encuestados dijo haber estudiado en escuelas públicas, además de que la mayoría cree que el ingreso para ser considerado dentro de la categoría de clase media debe rondar entre los 15,000 y los 36,000 pesos mensuales, mismos que según la mayoría, dan para tener un modo de vida más o menos cómodo pero que hablan también de un estatus frágil que suele tener poco ahorro, no cuenta con pólizas de seguro, ni contempla mecanismos que soporten los avatares que puede presentar la economía global.
En ese contexto complejo se ubica una de las etapas nacionales más significativas de los últimos tiempos, donde una de las principales banderas que el gobierno federal planteó desde sus actos de campaña, era la de regresar al punto en el que los esquemas de capitalización fueron encaminados hacia políticas que parecían ser la causa de los males que hasta ahora se habían identificado: injusticia, corrupción, desigualdad, etc., así que los votantes que apoyaron la nueva directriz de gobierno emitieron su voto esperando que ese cambio fuera un punto de quiebre real y positivo, incluso aunque la mayoría estuviera consciente de los grandes costos que se deberían pagar.
Regresar específicamente a ese punto de inflexión, era prácticamente volver a los años ochenta para que a partir de ahí, en lugar de haber dado el giro hacia la derecha, se moviera el volante hacia la izquierda; sin embargo la analogía podría hacernos pensar en un automóvil sobre la carretera, es decir, algo estático que cuando toma movimiento permite el control total de la dirección, eso forma parte de un imaginario que parece favorecer los impactos de campaña, pero que no da para el momento de ser gobierno, en donde la situación se asemeja más a estar parado dentro del mar en la zona donde rompen las olas, ahí donde quieres avanzar hacia adelante y la fuerza te jala hacia atrás, otras te pegan de lado y en segundos algo te lleva a la dirección contraria. La economía actual mexicana se enfrenta a repercusiones en el ámbito global, a catástrofes naturales que implican costos, tratados de comercio, eventos migratorios, niveles de inversión extranjera, las implicaciones de salud mental y física, e incluso a organizaciones delictivas locales e internaciones, entre otros muchos elementos que juegan a veces a favor y otras en contra.
Todo ese mar de situaciones hace que nuestro país tenga una fragilidad económica a la que debe sobreponerse su ciudadanía, reclamando con mayor urgencia una cultura de innovación y emprendimiento para el que nuestras generaciones no fueron preparadas. ¿Cómo podrían nuestros niños estar listos para una vida económica, productiva y exitosa, ante escenarios tan complejos? En algunas escuelas privadas se tienen algunas estrategias concretas, pero para la escuela pública el tema todavía dista de ser abordado con la urgencia que requiere, donde sabemos que una clave está en el diseño del plan de estudios que contemple una formación innovadora, basada en la creatividad y en una reingeniería que vaya mucho más allá de pensar en contenidos o estrategias didácticas nada más.
Es en ese sentido que pasan dos cosas: Una es que la literatura al respecto es poca, porque precisamente para nuestras generaciones de docentes resulta muy complicado plantearse un cambio paradigmático que contemple esta perspectiva, y es que podemos apuntar que, mientras el concepto de actualización en la formación docente ha sido vinculante a una actividad de capacitación, éste aleja del aprendizaje permanente que debería ser inherente a todo ser humano de modo que, en nuestro país los docentes de educación básica terminan haciendo poca investigación y reflexión sobre sus propios procesos cotidianos o la intencionalidad de su labor.
La definición de -emprender- desde la Real Academia de la Lengua Española, dice “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Emprender entonces va más allá de monetizar el proyecto, se trata de iniciar el camino para llegar al puerto que quedó trazado desde un ejercicio de planeación bien dibujado, es decir, es aprender a dialogar sobre la innovación, la creatividad, las propuestas diferentes, pero que una vez habiendo sido evaluadas por un grupo de trabajo que colabora y aporta talentos diferentes para enriquecerle, debe apegarse al mapa para que la trayectoria no pierda rumbo, se evalúen bien los posibles escenarios, y se cuente con la mayor cantidad de herramientas que permitan conseguir el éxito esperado, sin perder de vista el peligro de caer en la conceptualización de la cultura del emprendurismo con una reducción al ámbito económico y materialista, e incluso su vinculación con conceptos como el de capitalismo voraz, injusticia, abuso, explotación de recursos desmedidos, por mencionar algunos. Este viaje entre la incertidumbre y la objetividad, son un claro ejemplo de la necesidad que tienen nuestras escuelas de evolucionar en los paradigmas que hasta hoy sigue manejando.
En las escuelas el trabajo bien planeado, basado en proyectos, incluso con esquemas de dualidad (un tiempo dentro de los planteles y otro dentro de los contextos de trabajo real), son propuestas probadas de éxito que se deben fortalecer, cuidando siempre llevar de la mano a los niños para que no pierdan el rumbo de la ética, la empatía, la solidaridad y la generosidad, con lo cual la escuela mexicana estaría egresando a futuros empresarios que no necesariamente estén peleados con la idea de ser “empleados”, sino que sean siempre quienes hagan propuestas de mejora para el espacio en donde se encuentren, pensando en el bien común como la mejor vía para el bien individual.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto, 2019
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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Cheli
5 de agosto de 2019 at 12:23
????La estancia de los niños y jóvenes en la escuela es larga, por lo que inculcar valores es esencial.