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OPINIÓN

El asilo de Evo Morales

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Desde el momento en que Evo bajo del Uber presidencial que le mando su amigo el señor López, de acuerdo con nuestra Constitución “goza de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”, entre ellos precisamente el de libertad de expresión. Así mismo la Carta Magna señala que “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.

El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”, esto implica que sin lugar a dudas que México tutela ampliamente el Derecho de Asilo Humanitario” y asi lo ha mantenido invariablemente a lo largo de los años.

Sin embargo, en el caso concreto del Asilo concedido a Evo Morales, dicha Libertad tiene un límite impuesto por tres tratados internacionales de los que nuestro pais es parte, me refiero a: “Convención sobre el derecho de Asilo” adoptado en la Habana, Cuba el 20 de febrero de 1928; el “Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939” y “Convención sobre Asilo Diplomático OEA” (Caracas, 1954)

Estos instrumentos son coincidentes en fijar límites a la persona que se le otorga ese importante trato, tendientes a evitar que desde el país que se les otorgó, realicen actos tendientes contra la paz pública, por ello el artículo 5º del de la Habana señala que “Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública”. El artículo décimo octavo del Tratado de Caracas señala: “El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial.” Y el artículo 11 del de Montevideo establece claramente: “11…..pero el Estado tiene el deber de impedir que los refugiados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública del estado del que proceden”.

Por lo anterior es clara que la conducta realizada por Evo Morales por conducto de su cuenta de Twitter incitando abiertamente a la violencia y efectuando declaraciones contra un gobierno instaurado en Bolivia es violatoria a dichos tratados y el Estado mexicano tiene la obligacion de exigirle que mientras goce de las oportunidades que le da México, incluso de salvaguardar su vida, se abstenga en todas las formas posibles de intervenir en la politica interna de su país.

Penosamente e ignorando la expresa solicitud del gobierno de Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores defendió la libertad de expresión que en México tiene Evo, señalando que el derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran éstos en el país.

En el mismo sentido que la legislación nacional y la Convención Americana, la Convención sobre Asilo Territorial en su artículo VII, señala que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados.

Sin embargo, la cancilleria mexicana ignora, no se sí por conveniencia o desconocimiento, que el propio articulo VII de Tratado señala una excepción: “La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante.” Situacion que claramente se actualiza de acuerdo a los twits de Evo Morales.

Debo insistir, toda persona tiene derecho de buscar protección fuera de su país de origen y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro, inclusive debemos señalar que además, es un derecho humano internacional recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y en la mayoria de las Constituciones, consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia. Sin embargo esa proteccion no debe ser usada para utilizar nuestro país como parapeto desde donde se siga incitando a la violencia en aquel país, incitando a los ciudadanos en contra del gobierno, realizando como el mismo Tratado señala, actos que pongan en peligro la paz pública del estado del que proceden. Es cierto, goza de libertad de expresion pero sí limitada a no emitir opiniones en redes sociales que influyan de una manera u otra en Bolivia y su politica, país del que salió por su renuncia y no por un golpe de Estado como se quiere aparentar, principalmente por el Gobierno Mexicano.

Todos sabemos que el señor fue obligado a renunciar cuando perdió el control del país por intentar violentar la Constitucion que el mismo promulgó, en un intento completamente incontitucional de continuar en el poder.

Lo insólito es el apoyo casi enfermizo de parte de nuestro gobierno a su persona. ¿Sera cierto que Morena tiene compromisos muy grandes con Evo al haber recibido cantidades muy importantes de dinero para la campaña del señor Lopez? o ¿acaso el circo montado es un gran distractor para alejar la opinion publica de los graves problemas de seguridad pública y de economia por los que atavesamos? Humanismo puro no es.

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1 Comment

1 Comments

  1. Sergio Villa

    20 de noviembre de 2019 at 15:33

    Doctor, le envío un cordial saludo desde la ciudad de San José, Costa Rica, al tiempo que aprovecho para realizar algunos comentarios relacionados con su artículo pues, considero que se han soslayado diversos aspectos importantes que giran en torno a la interpretación autorizada de los diversos tratados internacionales a los que se ha referido, en el cariz de lo que establecen las pautas del sistema interamericano al cual se encuentra sujeto México.
    1.- De forma reiterada la Corte Interamericana ha establecido que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
    2.- Lo anterior es sumamente relevante pues, los tratados a los que usted se ha referido, pueden ser analizados en función de las pautas que en el propio sistema interamericano ha dispuesto la Corte, para la libertad de expresión, el asilo político, el ejercicio de los derechos políticos y el análisis a las restricciones a los derechos humanos en términos de loa artículos 29, 30 y 32 de la Convención. Dicho de otro modo, los tratados a los que usted se ha referido deben ser contextualizados precisamente a partir de la cosmovisión interamericana sobre los derechos humanos.
    3.- A partir de lo anterior, tenemos que transitar por 3 caminos, a saber:
    a) Para poder considerar que en el presente caso aplica la excepción sobre el ejercicio de la libertad de expresión, debemos identificar con base en el principio de legalidad y tipicidad, qué es una manifestación que afecta a la tranquilidad pública, y no solo inferirla de forma dogmática como advierto que usted lo hace.
    b) Superado lo anterior y, en caso de que efectivamente exista una manifestación que pueda ser, prima facie, contraria a la tranquilidad pública, se deben realizar los ejercicios pertinentes para evaluar si la manifestación realizada por Evo, en su justa dimensión, supone la aplicación de la restricción pues, debemos recordar que la existencia en los cuerpos normativos nacionales o internacionales, de restricciones, no implica que estas deben ser aplicadas de un plumazo y sin más a todos los casos, sino que todos los operadores de dichos compendios normativos (toda autoridad, ya legislativa, ejecutiva o judicial) tienen el ineludible deber de tomar frente a si tal disposición y contrastarla con los fines legítimos que pretende tutelar una restricción y, después, adoptar una restricción idónea, proporcional y razonable.
    c) La tercera vía la constituye la obligación del Presidente de la República, el propio Secretario de RE o cualquier autoridad, de ejercer la interpretación de los tratados internacionales aplicables en su sistema jurídico y sujetarlos al principio pro persona, cuando dichos compases normativos se relacionen con alguno de los derechos que se encuentran en la propia Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
    4.- El anterior periplo, lo propongo con la finalidad de que podamos darnos cuenta de que la aplicación de dicha excepción no es tan simple como la ha propuesto en su artículo. Sería interesante que tuviéramos a la vista los mensajes específicos a que se refiere, para poder analizarlos con base en ese test y determinar, con toda claridad, si es de aplicarse o no alguna responsabilidad ulterior con motivo de las manifestaciones que realice Evo, amparándose en su derecho a la libertad de expresión, porque tambien debemos recordar que en términos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no se puede restringir la expresión de una idea, sino que, en todo caso, deben aplicarse responsabilidades de forma ulterior, con lo que me estoy dando cuenta en este punto de que existe un cuarto camino, cuya construcción supone que Evo podría expresar lo que a el convenga, siempre y cuando no implique incitar al odio o a la violencia (que no es lo mismo que lo relacionado con la tranquilidad pública), y solo se le podrían imponer responsabilidades ulteriores, mas no se le podría censurar previamente (indicarle que no puede hablar). Lo anterior, pues tenemos que entender que todos estos elementos del corpus iuris internacional deben ser interpretados como un todo.
    5.- Es importante acotar que la existencia de la restricción en tres diversos tratados, no supone que exista un grado de calificación autorizada por la frecuencia con la que se ha construido la restricción; podrían existir 100 tratados con la misma restricción y no por eso se debe considerar como de mayor relevancia o jerarquía su existencia, aun así, debe ser escrutada dicha restricción con base en los pasos del test de proporcionalidad.

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JALISCO

Elección del Poder Judicial: Democracia o fachada

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.

Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.

La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.

El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.

La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.

La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.

Estimaciones generales de participación

A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.

Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.

Pronósticos optimistas

Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).

La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).

La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.

Pronósticos pesimistas

Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.

Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.

INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.

Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.

Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.


Reflexión final

Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.

La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.

¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.

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Beisbol

Brilla Alejandro Osuna en su debut con Rangers y semana de oro para Muñoz y Paredes

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Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En el diamante de las Grandes Ligas, donde los sueños se forjan a golpe de recta y batazo, dos mexicanos han izado la bandera tricolor con una semana para la historia. Del 19 al 25 de mayo de 2025, Andrés Muñoz e Isaac Paredes no solo brillaron; incendiaron el escenario con actuaciones que resuenan desde Seattle hasta Los Mochis y Hermosillo.

Pero, ¿es este fulgor un destello aislado o el amanecer de una nueva era para el béisbol azteca?

Andrés Muñoz, el sinaloense de 26 años, se ha convertido en el guardián implacable de los Marineros de Seattle. Esta semana, sumó su 17º salvamento de la temporada, consolidándose como líder de la MLB en rescates. Con una efectividad de 0.00 en 22.2 entradas y 28 ponches, su recta de 100 millas y slider quirúrgico son un martirio para los bateadores. Contra los Angels el 22 de mayo, cerró la novena con tres outs fulminantes, asegurando una victoria 3-2.

Por su parte, Isaac Paredes, el orgullo del barrio de La Mosca en Hermosillo, de 26 años, desató una tempestad ofensiva con los Astros de Houston. En una semana de ensueño, conectó cuatro jonrones, elevando su total a 11 en la temporada. Con un promedio de .285, 7 dobles, 1 triple y 31 impulsadas, Paredes es el corazón de la alineación texana. Su versatilidad en la tercera base y su ojo clínico para el pitcheo lo confirman como un All-Star en potencia.

El clímax llegó el 24 de mayo, cuando Muñoz y Paredes se enfrentaron en un duelo épico en el T-Mobile Park. Con los Marineros liderando 4-3 en la novena, Paredes enfrentó a Muñoz. Tras una recta de 98 millas, Isaac conectó una línea que Randy Arozarena atrapó, sellando el salvamento de Muñoz. Este choque, con 25,000 gargantas conteniendo el aliento, fue más que un turno al bat; fue un himno al talento mexicano, con Arozarena como testigo de un tridente azteca en el escenario mayor.

Pero no todo es euforia. Mientras Muñoz y Paredes brillan, el béisbol mexicano enfrenta sombras. La Liga Mexicana carece de reflectores, y talentos como Alejandro Kirk, con un jonrón esta semana para los Blue Jays, apenas se mencionan. ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? La falta de apoyo estructural y la dependencia de la MLB para visibilizar a nuestros peloteros son grietas que no podemos ignorar. Muñoz y Paredes, que jugaron juntos en un mundial infantil en 2009, son excepciones forjadas en el sacrificio, no productos de un sistema.

Esta semana, México vibró con sus hazañas. Muñoz, el cerrojo indomable; Paredes, el cañonero incansable. Son más que atletas: son espejos de un país que sueña grande. Pero su brillo nos interpela: ¿cuándo construiremos un béisbol propio que no dependa de las luces de la MLB? Por ahora, celebremos. El diamante es suyo, y el orgullo, nuestro.

EL DEBUT DE ALEJANDRO OSUNA

El pasado domingo 25 de mayo de 2025, Alejandro Osuna, jardinero mexicano de 22 años, debutó en la MLB con los Texas Rangers, venciendo 5-4 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.

Osuna, prospecto número 7 de los Rangers, fue convocado desde Triple-A Round Rock tras la fractura de Joc Pederson el 24 de mayo. Nacido en Ahome, Sinaloa, y hermano de Roberto Osuna, firmó en 2020 por $125,000. En 2024, fue Jugador del Año de Ligas Menores de los Rangers, bateando .292 con 18 jonrones. En 2025, bateó .283 en Double-A Frisco y .259 en Triple-A, con 9 bases por bolas en 8 juegos.

En su primer turno al bat, Osuna negoció una base por bolas tras un conteo completo de 8 o 9 lanzamientos, demostrando gran disciplina en el plato, luego fue sorprendido intentando robar segunda base. En turnos posteriores, no conectó hit, pero su enfoque en el plato fue destacado como prometedor.

A la defensiva: Osuna brilló con una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, calificada como “joya defensiva” por @Liga_Arco y “tremenda” por @MLB_Mexico. Videos compartidos en X mostraron su habilidad para cubrir terreno y hacer jugadas clave, consolidándolo como un defensor versátil.

El debut entusiasmó a México, con Excélsior celebrándolo. Comparado con Alex Verdugo por su contacto y velocidad (34 robos en 2024), Osuna es un “table-setter” para los Rangers (25-28 en la División Oeste). Su rol es incierto, posiblemente alternando en los jardines, pero podría descansar contra zurdos (.594 OPS en 2024). Scouts lo ven como futuro jardinero central si mejora su consistencia.

Junto a Andrés Muñoz (17 salvamentos) e Isaac Paredes (11 jonrones), Osuna resalta el auge mexicano en la MLB.

 

 

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JALISCO

Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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