OPINIÓN
El asilo de Evo Morales
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Desde el momento en que Evo bajo del Uber presidencial que le mando su amigo el señor López, de acuerdo con nuestra Constitución “goza de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”, entre ellos precisamente el de libertad de expresión. Así mismo la Carta Magna señala que “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.
El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”, esto implica que sin lugar a dudas que México tutela ampliamente el Derecho de Asilo Humanitario” y asi lo ha mantenido invariablemente a lo largo de los años.
Sin embargo, en el caso concreto del Asilo concedido a Evo Morales, dicha Libertad tiene un límite impuesto por tres tratados internacionales de los que nuestro pais es parte, me refiero a: “Convención sobre el derecho de Asilo” adoptado en la Habana, Cuba el 20 de febrero de 1928; el “Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939” y “Convención sobre Asilo Diplomático OEA” (Caracas, 1954)
Estos instrumentos son coincidentes en fijar límites a la persona que se le otorga ese importante trato, tendientes a evitar que desde el país que se les otorgó, realicen actos tendientes contra la paz pública, por ello el artículo 5º del de la Habana señala que “Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública”. El artículo décimo octavo del Tratado de Caracas señala: “El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial.” Y el artículo 11 del de Montevideo establece claramente: “11…..pero el Estado tiene el deber de impedir que los refugiados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública del estado del que proceden”.
Por lo anterior es clara que la conducta realizada por Evo Morales por conducto de su cuenta de Twitter incitando abiertamente a la violencia y efectuando declaraciones contra un gobierno instaurado en Bolivia es violatoria a dichos tratados y el Estado mexicano tiene la obligacion de exigirle que mientras goce de las oportunidades que le da México, incluso de salvaguardar su vida, se abstenga en todas las formas posibles de intervenir en la politica interna de su país.
Penosamente e ignorando la expresa solicitud del gobierno de Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores defendió la libertad de expresión que en México tiene Evo, señalando que el derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran éstos en el país.
”En el mismo sentido que la legislación nacional y la Convención Americana, la Convención sobre Asilo Territorial en su artículo VII, señala que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados.
Sin embargo, la cancilleria mexicana ignora, no se sí por conveniencia o desconocimiento, que el propio articulo VII de Tratado señala una excepción: “La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante.” Situacion que claramente se actualiza de acuerdo a los twits de Evo Morales.
Debo insistir, toda persona tiene derecho de buscar protección fuera de su país de origen y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro, inclusive debemos señalar que además, es un derecho humano internacional recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y en la mayoria de las Constituciones, consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia. Sin embargo esa proteccion no debe ser usada para utilizar nuestro país como parapeto desde donde se siga incitando a la violencia en aquel país, incitando a los ciudadanos en contra del gobierno, realizando como el mismo Tratado señala, actos que pongan en peligro la paz pública del estado del que proceden. Es cierto, goza de libertad de expresion pero sí limitada a no emitir opiniones en redes sociales que influyan de una manera u otra en Bolivia y su politica, país del que salió por su renuncia y no por un golpe de Estado como se quiere aparentar, principalmente por el Gobierno Mexicano.
Todos sabemos que el señor fue obligado a renunciar cuando perdió el control del país por intentar violentar la Constitucion que el mismo promulgó, en un intento completamente incontitucional de continuar en el poder.
Lo insólito es el apoyo casi enfermizo de parte de nuestro gobierno a su persona. ¿Sera cierto que Morena tiene compromisos muy grandes con Evo al haber recibido cantidades muy importantes de dinero para la campaña del señor Lopez? o ¿acaso el circo montado es un gran distractor para alejar la opinion publica de los graves problemas de seguridad pública y de economia por los que atavesamos? Humanismo puro no es.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
Sergio Villa
20 de noviembre de 2019 at 15:33
Doctor, le envío un cordial saludo desde la ciudad de San José, Costa Rica, al tiempo que aprovecho para realizar algunos comentarios relacionados con su artículo pues, considero que se han soslayado diversos aspectos importantes que giran en torno a la interpretación autorizada de los diversos tratados internacionales a los que se ha referido, en el cariz de lo que establecen las pautas del sistema interamericano al cual se encuentra sujeto México.
1.- De forma reiterada la Corte Interamericana ha establecido que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
2.- Lo anterior es sumamente relevante pues, los tratados a los que usted se ha referido, pueden ser analizados en función de las pautas que en el propio sistema interamericano ha dispuesto la Corte, para la libertad de expresión, el asilo político, el ejercicio de los derechos políticos y el análisis a las restricciones a los derechos humanos en términos de loa artículos 29, 30 y 32 de la Convención. Dicho de otro modo, los tratados a los que usted se ha referido deben ser contextualizados precisamente a partir de la cosmovisión interamericana sobre los derechos humanos.
3.- A partir de lo anterior, tenemos que transitar por 3 caminos, a saber:
a) Para poder considerar que en el presente caso aplica la excepción sobre el ejercicio de la libertad de expresión, debemos identificar con base en el principio de legalidad y tipicidad, qué es una manifestación que afecta a la tranquilidad pública, y no solo inferirla de forma dogmática como advierto que usted lo hace.
b) Superado lo anterior y, en caso de que efectivamente exista una manifestación que pueda ser, prima facie, contraria a la tranquilidad pública, se deben realizar los ejercicios pertinentes para evaluar si la manifestación realizada por Evo, en su justa dimensión, supone la aplicación de la restricción pues, debemos recordar que la existencia en los cuerpos normativos nacionales o internacionales, de restricciones, no implica que estas deben ser aplicadas de un plumazo y sin más a todos los casos, sino que todos los operadores de dichos compendios normativos (toda autoridad, ya legislativa, ejecutiva o judicial) tienen el ineludible deber de tomar frente a si tal disposición y contrastarla con los fines legítimos que pretende tutelar una restricción y, después, adoptar una restricción idónea, proporcional y razonable.
c) La tercera vía la constituye la obligación del Presidente de la República, el propio Secretario de RE o cualquier autoridad, de ejercer la interpretación de los tratados internacionales aplicables en su sistema jurídico y sujetarlos al principio pro persona, cuando dichos compases normativos se relacionen con alguno de los derechos que se encuentran en la propia Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
4.- El anterior periplo, lo propongo con la finalidad de que podamos darnos cuenta de que la aplicación de dicha excepción no es tan simple como la ha propuesto en su artículo. Sería interesante que tuviéramos a la vista los mensajes específicos a que se refiere, para poder analizarlos con base en ese test y determinar, con toda claridad, si es de aplicarse o no alguna responsabilidad ulterior con motivo de las manifestaciones que realice Evo, amparándose en su derecho a la libertad de expresión, porque tambien debemos recordar que en términos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no se puede restringir la expresión de una idea, sino que, en todo caso, deben aplicarse responsabilidades de forma ulterior, con lo que me estoy dando cuenta en este punto de que existe un cuarto camino, cuya construcción supone que Evo podría expresar lo que a el convenga, siempre y cuando no implique incitar al odio o a la violencia (que no es lo mismo que lo relacionado con la tranquilidad pública), y solo se le podrían imponer responsabilidades ulteriores, mas no se le podría censurar previamente (indicarle que no puede hablar). Lo anterior, pues tenemos que entender que todos estos elementos del corpus iuris internacional deben ser interpretados como un todo.
5.- Es importante acotar que la existencia de la restricción en tres diversos tratados, no supone que exista un grado de calificación autorizada por la frecuencia con la que se ha construido la restricción; podrían existir 100 tratados con la misma restricción y no por eso se debe considerar como de mayor relevancia o jerarquía su existencia, aun así, debe ser escrutada dicha restricción con base en los pasos del test de proporcionalidad.