OPINIÓN
El cambio va para largo
Columna Son Reflexiones, por Sócrates Campos Lemus //
Es curioso que uno vea el mundo diferente cuando está en crisis personal, cuando una molestia enorme en la ciática no te deja caminar ni estar sentado, es un verdadero suplicio, pero es la realidad en la que nos encontramos.
La cosa se complica cuando uno no tiene los servicios médicos y porque tampoco cuenta uno con el dinero necesario para acudir a los médicos especialistas que te cobran una fortuna por verte y enviarte a hacer placas y estudios que cuestan mucho más y después regresas al consultorio para que te indique que tienes que medicarte con medicamentos que son carísimos y uno no sabe si comer o tratar de recuperar la salud.
Esto es en serio una tortura y uno se pregunta: ¿por qué yo? Y en verdad es que no existen respuestas porque solamente existe esa realidad dolorosa y hay que aguantar y por ello pienso en las miles de gentes que llegan a los servicios médicos y al final de cuentas tienen que ir a consultas particulares a comprar medicamentos y a atenderse en hospitales privados y uno piensa si en verdad no existe una complicidad entre los funcionarios y los dueños de los monopolios de salud que ahora son los que la rifan en el país y, cuando uno rasca el origen de muchas fortunas se viene a dar cuenta que éstas tienen cerca, muy cerca la fuerza política que las protegió y que les generó los recursos o los contratos o concesiones para que se dieran esos capitales que al final de cuentas es la forma en que los funcionarios y políticos encubren sus recursos robados o generados por la corrupción y la complicidad y ¿esos serán investigados en la 4T?, pues sabe…
Debemos recordar que la política es alianzas y componendas entre grupos políticos y empresariales, los grupos sociales ahora están fuera de esos esquemas, no existen ni siquiera en una representación política partidista, así que en este proceso se dan concesiones, perdones o vendettas y esto me recuerda lo que decía Javier García Paniagua: “Cuando el estado te da, te ahoga, pero cuando el estado te quita, te destaza” y al final de cuentas en esos ajustes de cuentas se van descubriendo las relaciones y los compromisos.
Se ha dicho que existía una relación y compromiso de no agresión entre AMLO y Peña Nieto y cuando esto se daba se notaban las manos del gato tratando de sacar las castañas de la lumbre y era como una forma de distracción para que no se viera lo que en realidad imputaba.
La realidad es que por ejemplo en la sucesión de Zedillo y Fox, estaban las cosas tan graves y malas que se tuvieron que aceptar las condiciones norteamericanas para sostener el poder político en el país, ahí la fuerza electoral favorecía al inicio a Fox y no había otra forma de superar el momento, ahora la situación se complicó de tal suerte con Peña que era imposible frenar el triunfo de AMLO y los más importante era conservar la tranquilidad en la sucesión y esa solamente la garantizaría Peña y así se logró una transición tersa y no creo que se haya realizado porque no hay condiciones que lo muestren una compleja negociación de impunidad y ahír están los hechos que ahora lo muestran…
Este golpe de mando y de fuerza operado por dos de sus hombres de confianza muestra que el equipo de AMLO mantiene un control unipersonal y es por ello que no sale información. Al parecer no han entendido los grupos políticos o los políticos que AMLO cuenta con muchos años en la política y que su recorrido por el país y por las diferentes corrientes políticas que concluye con MORENA goza de un conocimiento de situaciones, y de hombres que con facilidad confunden el fondo con la forma y de ahí que los ataques que le lanzan en vez de debilitarle lo fortalecen porque conoce los tiempos y los momentos adecuados y el lenguaje que necesitan las masas para su motivación.
El asunto más importante es que no entienden los críticos que AMLO busca un cambio físico de la estructura pero también mental e ideológico y que por primera vez los miembros del infeliciaje tienen voz y pueden acceder a los tiempos políticos y a los administrativos dejando de ser el sistema un puñado de tecnócratas que le controlaban para utilizar los puestos, los impuestos y los recursos públicos para sus negocios privados al terminar privilegios la raza se siente gusto y resuelve en la realidad algo de su resentimiento social y esto permite controlarla y manipularla para el bien del país y no para la confrontación como venía perfilándose con un posible estallido social.
Hoy AMLO controla la situación social en el país y le brinda congruencia y estabilidad a pesar de los brotecitos que no dejan de ser preocupantes de las acciones de los grupos de la delincuencia organizada, pero no existen confrontaciones entre obreros y empresarios que lleguen a las huelgas y las tomas de fábricas, no hay confrontación entre propietarios y campesinos que lleguen a las tomas de tierras, no hay movilizaciones universitarias o magisteriales, es decir gozamos de una relativa paz social, economía estable y política de conciliación con el PAN y PRI por medio de proyectos y acciones conjuntas con sus gobernadores, así que vayan midiéndole al agua a los camotes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
