OPINIÓN
El derecho, la obligación y el deseo de aprender
Educación, por Isabel Venegas //
En una contingencia como la del COVID19 no sirvieron de muchos los referentes históricos para medir el tamaño, duración, proporción y costo del aislamiento social; en lo que respecta a la educación nadie pensó que pudiera prolongarse por semanas, luego meses y que ahora se esté pensando en el cierre del ciclo escolar sin asistir a la escuela, hay quien incluso ha mencionado que el inicio del siguiente está en veremos.
Durante los primeros días en nuestro país las expresiones de padres, maestros y directivos mostraban expectativa, se escuchaban con ánimos, algunos incluso (dijeran los estudiantes) nada más “daban avión”: total cuando regresemos habremos de recuperar lo más que se pueda, y como se pueda; pero tomando como referente las grandes tragedias de otros países como Estados Unidos, Italia y España que dicho sea de paso, comparten múltiples similitudes con el sistema educativo mexicano, han propuesto medidas drásticas ponderando por encima de todo la vida de estudiantes, maestros y de toda la comunidad.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, por ejemplo, ha declarado que los colegios no volverán a abrir en todo lo que resta del año escolar, en tanto que en nuestro país del mismo modo que en España, la estructura educativa se prepara para hacerse la pregunta ¿Cómo vamos a evaluar el ciclo lectivo? ¿Qué va a pasar con los alumnos que estaban en sexto grado de primaria, o los de tercero de secundaria que estaban a punto de egresar de la enseñanza básica? Hoy México se encuentra amenazado por varias crisis que convergen en un momento de mucha incertidumbre: lo económico, la salud, la política y la educación, la interrogante de qué es lo que se puede hacer no se deslinda de las implicaciones de cada una de esa toma de decisiones.
El pasado 16 de abril a cuatro días de concluir el período vacacional de semana santa y pascua, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunciaba que las clases se reanudarían en modo virtual, en tanto que el Presidente de la república, Andrés Manuel junto con el Subsecretario de Salud Hugo López, presentaban un modelo escalonado de regreso a la forma presencial de acuerdo al comportamiento de los contagios por municipio. Según el grado de enfermedad aquellos que tuvieran niveles altos tendrían el regreso a clases el 1 de junio, y para quienes pudieran estar atendiendo la emergencia de forma muy efectiva podrían volver el día 18 de mayo; mientras tanto a nivel universitario se anunciaba por parte de la Universidad de Guadalajara que no habría forma de volver sino hasta el ciclo escolar siguiente.
De cualquier modo, incluso en el mejor de los casos habrá que buscar medidas para enfrentar por lo menos un mes más con trabajo a distancia; la propuesta de Jalisco en voz del Secretario Juan Carlos Flores Miramontes, sigue siendo el uso de plataformas virtuales, los canales de televisión abierta y las guías impresas distribuidas por la jefaturas, supervisiones y comités de participación social.
Es natural que muchos padres de familia expresen con angustia sobre el tiempo que se avecina, del mismo modo hay profesores que preguntan por todos esos estudiantes que no tienen computadora, a quienes no llega el acceso de internet, muchos de ellos enclaustrados en sus casas donde 4 o 5 miembros comparten un solo equipo, dispositivos que también utilizan ahora los papás para hacer trabajo en casa, o los hermanos para jugar y mantenerse entretenidos.
Un sistema educativo de la magnitud del mexicano, con sus enormes discrepancias y desigualdades no puede ser analizado desde una sola perspectiva. No es lo mismo hablar de los niños de primaria, cuyos padres y maestros han hecho un enorme esfuerzo, pero que no dejan de requerir como elemento medular de su formación del contacto y convivencia para consolidar su mirada hacia el otro, entender el universo de su comunidad y valorar los esquemas de organización social; que a hablar de jóvenes universitarios quienes ahora pueden tener muchas más opciones de formación en esquemas de libertad y autogestión.
Pensar en la fortaleza que tiene la educación a distancia o virtual como medio para democratizar el acceso al conocimiento, también deja ver el enorme rezago que ya desde antes marcaba una realidad lacerante para comunidades que estaban destinadas a modos meramente reproductivos, de una educación muy limitada y pobre. Los estudiantes hoy tienen una oportunidad más allá de tener o no internet, una computadora o acceder a una plataforma específica: La posibilidad de que lean un libro durante la contingencia, que consulten los temas que se presentaron durante los dos periodos previos al confinamiento, que comenten en familia sus experiencias, aspiraciones y realicen una reflexión sobre lo que están viviendo, son riquezas que van más allá de lo que un currículum puede prever.
No hay escuelas para todos, no hay edificios donde todos los estudiantes puedan hacer la carrera que quieren, no todos mis alumnos de secundaria querían estudiar en el turno vespertino, o no a todos les parece buena la carrera técnica que el área de planeación creyó más pertinente de acuerdo a su contexto (muy probablemente diseñado hace varias décadas, pero sin miras a renovar), a pesar de las carencias, y de la lucha entre el derecho y la obligación, surge el resplandor del deseo.
Son los estudiantes que quieren aprender aquellos que han enfrentado esta crisis con entereza, son los profesores que quieren enseñar los que prontamente buscaron modos y estrategias que han costado horas de desvelos y memes por montón evidenciando cuántas veces nos hemos equivocado tratando de hacer una clase en línea y sin tener idea de cuanto más vamos a errar. Hoy tenemos la oportunidad de ver a la escuela más allá de un edificio, repensar en la educación como el vínculo que nos une en la búsqueda de un potenciador de ese anhelo, la herramienta que nos puede llevar a ser otro tipo de personas, generar una nueva comunidad, hermanar a estudiantes y profesores que viven el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin separarlo, sin dividirlo.
Ver a la educación como las alas que se abren para cada uno de nuestros alumnos, es el motor que nos anima a buscar todas las formas posibles de hacer llegar recursos que los ayuden, pero no hay alas que puedan volar si el ave no desea abrirlas. ¿Quién pone en el corazón del niño el deseo por nutrir su alma de cosas bellas, de aquello que lo hagan ser mejor? Se trata de descubrir sus capacidades y darse cuenta que no hay límites, que él puede seguir aprendiendo desde su casa lo que sea, como sea, lo que pueda.
Si llegado el momento nos vemos en la necesidad de evaluar a nuestros alumnos, la clave estará en el diálogo de ¿qué fue lo que aprendiste de esta experiencia? Seguro podremos recuperar una enorme riqueza de ello. Para aquellos alumnos que solo platiquen sobre horas interminables de Netflix, de video juegos o de Facebook, habremos encontrado una área de oportunidad en la carencia de la motivación intrínseca de aprender, abriendo con ello la pauta a un abordaje que va más allá de tener un aula, una plataforma o una cantidad sin fin de materiales didácticos.
¿Tiene sentido ahora poner un 6, un 7 o un 10?
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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