OPINIÓN
El gran trabajo de Diego Cocca: Atlas, una agradable realidad
Futbol, por Esteban Trelles Meza //
Atlas por fin rompe con sus fantasmas existencialistas de mediocridad y conformismo para entrar en una nueva etapa de recuperación y competitividad de excelencia, en el que si bien su campeonato de apertura 2021 dejó algunas interrogantes que pudieran ser fruto de la casualidad, pero su bicampeonato demuestra solvencia y consistencia en una total recuperación de primer nivel de una regularidad de equipo importante y triunfador.
Atrás quedaron las angustias e incertidumbre de solo conformarse del romanticismo del “jogo bonito”, y sus niños catedráticos, para tener un sello propio que en su esquema táctico-estratégico de solvencia defensiva, con media cancha todo terreno que corren en serio la milla y una delantera vertical y contundente con olfato de gol, esto gracias al trabajo serio, responsable con un personaje que se maneja con perfil bajo, extraño a su nacionalidad.
La mayoría de sus coterráneos son todo lo contrario llegando al protagonismo, filosofando con lenguaje poético al estilo de Facundo Cabral y Alberto Cortez, donde algunos lo distorsionaron cantinflescamente (La Volpe y Solari), con el técnico argentino Diego Cocca, quien es un verdadero estratega, con oficio y conocimiento profundo de la dirección técnica, humilde, trabajador, dedicado, que merece la gloria y el reconocimiento de propios y extraños aunque algunos acomplejados y villamelones le resten credibilidad, lo demostrado en cancha nadie lo puede cuestionar.
Una pequeña comparación con el brasileño Ricardo “Tuca” Ferreti o el mexicano Víctor Manuel Vucetich que “amarran” a sus equipos a pesar de jugadores explosivos y contundentes en la delantera, que a cuentagotas debutaban noveles, conformando sus equipos con jugadores experimentados que no eran nada espectaculares, más bien todo lo contrario (aburridos y tediosos), a pesar de campeonar.
Al equipo Atlas nadie le ha regalado nada, sino por el contrario su bicampeonato es logrado con sangre sudor y lágrimas con el esfuerzo de todos: jugadores, cuerpo técnico, directivos y el ingrediente mágico su FIEL.
Las descalificaciones para el equipo rojinegro no tienen fundamento puesto que el arbitraje con todo y el VAR perjudica a todos los equipos por igual, lo que sí es evidente la localía de muchos comentaristas donde extrañamente el “Perro” Bermúdez en la transmisión en el “volcán” del estadio “Tigres” le pasó de noche “el nalgazo” de Gignac que propició una penal inexistente, que esa jugada debió salir expulsado el francés y todos los comentaristas callaron desviviéndose en elogios a los dirigidos por el “Piojo” Herrera que de “Tigres” se convirtieron en gatitos impotentes y lo peor, perder el encuentro oficialmente en la “mesa” (inverosímil).
Los mismos elogios localistas en la final en Pachuca con Raúl Orvañanos y Rafael Márquez Lugo que se contagió del primero, donde las jugadas de expulsión el reglamento es claro y no tiene que ver con una final.
Orvañanos con el contrato de Pachuca con FOX SPORT se desvive en elogios para el equipo “tuzo” olvidándose que soltó la lengua de más cuestionando públicamente en una transmisión el origen de la fortuna económica de Jesús Martínez, tratando de desvirtuar su integridad como hombre de negocios.
La cadena ESPN empezando por Francisco Gabriel de Anda augurando la victoria de su ex – equipo “tuzo” que le ganó el sentimiento y perdió la objetividad, donde la inmensa mayoría de comentaristas pronosticaba la derrota atlista, donde solamente el tapatío Héctor Huerta apostaba por el equipo de sus amores.
Mientras todos en el país estaban inmersos en la liguilla del Grita México Clausura 2022 y festejando el bicampeonato del Atlas y el campeonato de “Chivas” femenil, la Fiscalía de Querétaro hacía de las suyas por la “investigación” del zafarrancho entre las porras de los Gallos y Zorros (5 Marzo 2022), donde las víctimas atlistas pasaron a ser victimarios según un Juez de esa localidad girando órdenes de aprensión y cumplimentándolas en esta ciudad de Guadalajara (18 Mayo 2022), con la complacencia del incompetente Fiscal jalisciense Joaquín Méndez y el acuerdo entre gobernadores, donde el jalisciense Alfaro aseveró que no existieron muertos, cuando los videos en redes sociales que le dieron la vuelta al mundo mostraban que les daban el “filerazo” en la cabeza y gritando – “ya está muerto, el que sigue”, en un charco de sangre masacrado 10 a 1 en escenas dantescas y espeluznantes de una barbarie, responsabilidad de la directiva queretana, el Ayuntamiento de Querétaro al no poner seguridad en eventos masivos populares y la propia FEMEXFUT.
Ahora resulta que los porristas atlistas no solo se defendieron por su integridad física sino por su vida misma, donde más de una docena de lesionados graves deben indemnizarlos millonariamente por las secuelas físicas y psicológicas de por vida, donde los 4 detenidos en esta ciudad que ninguno cuenta con antecedentes penales.
Hacemos una respetuosa petición para estos personajes tapatíos en desgracia para asesorarlos jurídicamente y excarcelarlos regresándolos de inmediato a esta ciudad por parte de la directiva atlista de su FIEL, que su único pecado es seguir a su equipo por todo el país.
Al parecer está detenido un maestro universitario de la UdeG, que por lo menos esta última institución debe tomar cartas en el asunto y contrademandar a quien resulte responsable incluyendo al Juez de causa por incompetente y abusivo y por supuesto al Ayuntamiento de Querétaro, su Fiscalía y Gobierno Estatal, no se trata de poderes entre estados sino hacer justicia no solo deportivamente hablando sino humanamente por vulnerar sus derechos y garantías individuales, donde la CNDH debe intervenir y castigar a quienes hemos señalado como autores directos en muchas agravantes que incluyen lesiones, intento de homicidio, pandillerismo y abuso de autoridad entre otras.
Pasando este trago amargo, debemos establecer que no somos amarillistas pero sí personas de bien que velan por la integridad del “mundillo” futbolístico en el que todos somos corresponsables para bien o para mal y tenemos la obligación de protestar arbitrariedades que salen del contexto deportivo perjudicando a familias humildes que sin mediar palabra ni orden de cateo allanaron sin contemplación los hogares de los señalados con lujo de violencia, tratándolos como viles delincuentes, llevándoselos a la ciudad de Querétaro en un atropellamiento de las garantías y derechos humanos de los individuos.
Email: etrememodelos@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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