OPINIÓN
El peso de la ley, por parejo
Opinión, por Pedro Vargas //
Un añejo objetivo de todo gobierno y de todas las sociedades, es que la ley sea pareja, es decir que se aplique al que se haga acreedor de una sanción, y que esa aplicación sea estricta, o como se dice comúnmente, “el que la haga, la pague” y sobre ese sujeto caiga todo el peso de la ley.
Nada de que la ley civil es para los ricos o los influyentes, y la ley penal, para los pobres o los que sin poder, son perseguidos injustamente. De esto nos da cuenta la historia y no solo en nuestra Patria, sino en todo el mundo, para desventura de la justicia y pavor de la humanidad.
Con motivo de varios hechos recientes y muy notorios, se ha comentado si ese principio de la aplicación de las normas legales es conforme a la igualdad o tiene sus asegunes. Nos referimos a los casos de Genaro García Luna, el jefe policíaco consentido de Fox y Calderón; del mimado peñanietista Emilio Lozoya y del tristemente célebre rey del huachicol, José Antonio Yépez, conocido como el “Marro”.
Al respecto, se interroga el periodista y productor Epigmenio Ibarra: “¿quién es más criminal? ¿Un hombre brutal, ordinario y lépero como José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, o un miembro “distinguido” de la aristocracia política con títulos universitarios obtenidos en el extranjero como Emilio Lozoya? ¿Y quién ha derramado más sangre? ¿El jefe del cártel de Santa Rosa de Lima o quien actuaba como el hombre de Washington y fuera pieza clave de dos administraciones panistas: Genaro García Luna? “(Milenio, 5-08-2020).
Ya sabemos que García Luna, era el gran policía foxista y con tales cartas llegó a Felipe Calderón. De esa forma, tuvo participación importante en el fraude electoral del 2006, lo que fue una de las razones por las que el hombre que presumía “las manos limpias”, y que llegó al poder presidencial “haiga sido como haiga sido”, lo convirtió en su mano derecha.
García Luna, ya como secretario de Seguridad con Felipe Calderón, fue responsable del diseño y la conducción de la estrategia dizque contra el crimen organizado; sin embargo lo que hizo fue instrumentar una cruenta guerra, la cual, ahora, tras su detención en Estados Unidos, se supo que fue para beneficiar al Cartel de Sinaloa.
En cuanto a Lozoya, se sabe que la empresa brasileña con grandes aliadas en México, Odebrecht, se enlazó con él cuando era responsable de relaciones internacionales durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto y ambos, empresa y Lozoya, acordaron la entrega de fuertes cantidades de dólares para ayudar a la campaña del priista; el precio sería asegurarle, ya hechos gobierno los priistas, jugosos negocios con la petrolera nacional PEMEX. Esto quedó como anillo al dedo para el peñanietismo y sus paniaguados, que tenían como fin el privatizar todo lo petrolero y de paso, dejar debilitado a Pemex; para ello gastaron cientos de millones de pesos, comenzando por la muy publicitada reforma energética de Peña Nieto, que respaldó las maniobras de los panistas y el decadente priismo. Esto implicó la compra de votos de muchos legisladores, lo cual revela elocuentemente el alto grado de corrupción que imperó en ese período.
Por lo que ve a “El Marro”, nos dice el mismo Epigmenio Ibarra, ”debe el crecimiento de su organización criminal a la guerra impuesta por Felipe Calderón y dirigida por Genaro García Luna contra organizaciones rivales del Cártel de Sinaloa, así como debe, la enorme fortuna que llegó a acumular con el huachicol al desmantelamiento de la petrolera estatal y al relajamiento de la seguridad de la misma.”
Así pues, es un hecho que cuando el gobierno decía que combatía al crimen organizado, lo que realmente hacía era favorecer a una organización criminal y por lo tanto jamás aplicó la ley de manera pareja y sin contemplaciones.
Ahora, dijo el Presidente en Culiacán el pasado 5 de agosto, “Ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con claridad. Entonces, eso ya no.” Y remató afirmando que ahora: “Se aplica la ley por parejo”, …y nos está dando buenos resultados, vamos a seguir actuando de esa forma”. (Culiacán, 5 agosto 2020).
Qué bueno que así sea, porque de tal manera se acabarán los intocables, ya sean políticos, funcionarios, parientes, recomendados o empresarios, que de toda esa clasificación es de donde salían las “comaladas de millonarios” cada período gubernamental.
En estos días reina enorme expectación respecto a los que declarará Emilio Lozoya, quien sabe al dedillo como se hizo el “maiceo” de los legisladores que aprobaron la malhadada reforma energética; para eso fue muy hábil, haciendo honor a su calidad de ahijado de Carlos Salinas de Gortari, además de genio financiero de la campaña de Peña Nieto. Si “canta” como se espera, quizás por fin un expresidente del país se ha llamado a rendir cuentas de su aciaga administración.
Ojalá quede de una vez por todas, atrás ese tiempo en que se confundió a la autoridad con los criminales; que los ricos ya no sean excepciones cuando de aplicar la ley se trata; que la justicia por fin brille, y a humildes o poderosos los considere de igual manera, es decir, por parejo y que cuando la hagan, la paguen, dejándoles caer todo el peso de la ley.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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