OPINIÓN
El «quinazo» de AMLO
Por Luis Manuel Robles Naya //
En el pasado reciente, cada presidente de la República ha dado golpes de poder al inicio de su sexenio; Salinas con “La Quina” Hernández Galicia, Zedillo con Raúl Salinas, Fox con el Pemexgate, Peña Nieto con Elba Esther Gordillo y faltaba López Obrador que a pesar de que dice no ser vengativo y que no va a perseguir a nadie, empieza a dar visos de lo contrario.
Cada mañana acusa a sus críticos de oponerse a un cambio que al parecer por decreto ya se dio. Ha habido acusaciones directas contra integrantes de órganos autónomos, medios de comunicación, columnistas, hasta jueces, pero siempre hay un sentido dicotómico en su discurso, es él y su verdad contra todos los que piensan diferente y se atreven a decirlo.
Se han utilizado los medios y recursos del estado para amedrentar y presionar ya sea insinuando conflictos de interés o iniciando averiguaciones de orden fiscal y penal en el más puro sentido represor utilizado en los años de la hegemonía priista.
Tal vez cansado de que a siete meses de iniciado su mandato no se reconozcan los “avances” que sus otros datos indican y reviviendo su vieja tesis del complot, ha empezado a ponerle nombre a “sus adversarios” y a quienes considera están operando en su contra.
Ya sea porque decidió usarlos como distractores de la renuncia de Carlos Urzúa, su Secretario de Hacienda, o porque en realidad quiere ponerles un “estate quieto”, el mismo día de la renuncia se inicia un juicio contra uno de los representantes de esa “mafia del poder”, el abogado Juan Collado, con un expediente que en el prodigioso lapso de un mes se logró su integración, congelar cuentas y obtener la orden de aprehensión, basándose solo en el dicho de un denunciante que dice que detrás de Collado están Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez, gobernador panista de Querétaro y Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN en el Congreso.
En política no existen las casualidades y por ello resulta difícil de creer que también en solo un mes se reactiven averiguaciones sobre el caso Odebrecht, se giren órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, y se mencione como involucrados a Enrique Peña y Luis Videgaray, como tampoco es casual que enseguida se giren más órdenes de aprehensión por el caso Agronitrogenados, donde los señalados son los mismos, más Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y relacionado con los intereses de la familia Salinas, al igual que sucede con el expediente de la compra con sobreprecio de Fertinal, otra vez señalando a Emilio Lozoya, Videgaray y Peña Nieto.
Otra feliz coincidencia, para esta embestida penal, es que de repente Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, haya recuperado la memoria y empiece a hablar desde el penal en que se encuentra recluido manifestando ser un perseguido político y víctima de truculentas negociaciones y hasta de extorsión por el entonces Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el encargado de la Procuraduría General de la República.
Por lo trascendido en medios, no se observa solidez en las carpetas de investigación y en las acusaciones y por lo tanto es posible que avezados abogados obtengan absolución para los indiciados, pero el golpe mediático ya está dado y en el imaginario colectivo ya hay sentencia.
El mensaje ya está enviado y al parecer recibido. Enrique Peña Nieto pasa unas largas vacaciones en España, Emilio Lozoya tiene calidad de prófugo presuntamente radicado en Alemania, Alonso Ancira en libertad condicional en España y un abogado, identificado plenamente con los “machuchones” de la mafia del poder, en prisión preventiva, a la vez que, quien compartía el pan y la sal con el abogado Collado en el momento de su detención, el líder de los trabajadores petroleros, cabecea los trascendidos de expedientes gruesos en su contra.
Con estas señales y acciones la “mafia del poder” empieza a tener nombres y apellidos, además de ser estos, un magnifico distractor mientras la economía se detiene, la inseguridad crece, la guardia nacional cruje ante su ineficiencia administrativa, los agricultores toman las carreteras del país en protesta por los cambios en las políticas de apoyo al campo, el desabasto de medicinas se aproxima, la capacidad del gobierno se debilita por la austeridad indiscriminada, los amparos y acciones de inconstitucionalidad se multiplican, la desconfianza sobre la política económica se fortalece y la inversión productiva se retrae, adicionando además el problema migratorio, la debilidad económica de PEMEX, la amenaza permanente de Donald Trump y la espada de Damocles de las calificadoras internacionales, que pueden, cualquier día rebajar la calidad crediticia de la paraestatal y del país.
Parece ser que el gobierno necesitará más que distractores y golpes de poder para gobernar y convencer de la viabilidad de su proyecto y programas, de los cuales no se ha visto ni la hoja de un organigrama.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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