OPINIÓN
El reino de la confusión
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
No es Jalisco, no es la ciudad, no es el país, es el mundo entero el que está confundido, finalmente sabemos que la destrucción del mundo no tiene que ser causada por una bomba atómica, ni es necesario el tráfico de uranio para hacer daño. La biología, la ciencia que estudia los organismos con vida propia, es suficientemente poderosa para hacer el daño mas impactante en el planeta.
El problema que traemos a cuestas, es que no sabemos cómo reaccionar, ante la presencia del coronavirus, después de seis meses, seguimos estudiando el comportamiento de este organismo invisible, si no es por medio de un microscopio. Esto nos ha traído muchos problemas, el primero es que muchos políticos se metieron a la boca mas comida de la que se pueden comer y se lanzaron a hablar cosas sin fundamentos y que quede claro, que estoy hablando a nivel mundial. Hacer conclusiones o predicciones sin partir de una premisa verdadera, siempre crea una catástrofe y en estos momentos, es lo que estamos sufriendo. Hablaron de una cuarentena que ya va para “noventena” según se prevé y la gente se cansó, sobre todo, porque no hay un panorama claro, porque ya se terminaron los ahorros, porque hay que salir a traer el sustento de la familia.
Seguramente muchos siguen pensando que un día, un gobierno decidirá que se abren las puertas de tu casa y podremos salir a vivir la vida como la vivíamos antes y esa es una gran falacia manipuladora de los políticos. El mundo no volverá a ser igual, se acabaron los abrazo y los conciertos por un buen tiempo, ni siquiera la educación en los recintos será la misma.
El término barato de nueva normalidad, aparte de equivocado filosóficamente, porque si es nuevo no puede ser normal, es otro de los conceptos que confunden y basta ya de tratar de aparentar que saben como se vivirá el futuro. Aquí lo importante es prepararnos a vivir, este momento Kafkiano que nos está sucediendo y recordar aquella frase que le atribuyen al autor a “vivir el futuro como un misterio por definir, no como un lugar para temer”.
LA FASE CERO
Mientras que a nivel nacional, se esta implementando, un proyecto de semáforos de acuerdo a la gravedad estadísticamente que presenta la epidemia, en Jalisco se ha diseñado lo que se llama Fase Cero, lo cual se debe de entender, como una preparación para tratar de reintegrarse, lo mas posible, a las actividades que se venían desarrollando por cada persona. Esta semana se inicia la apertura de algunas empresas, que no conglomeren a las gentes y que cumplan con ciertas medidas de prevención. Se entiende que 90 mil negocios levantarán sus cortinas, con un permiso otorgado por el gobierno, que será público al pegar una calcomanía en sus aparadores. La medida parece un buen esfuerzo, sin embargo, dentro de esta fase se prevé que mas de un millón de personas saldrán a la calle a utilizar el transporte publico y eso puede ser un detonante, que al menos a mi me pone nervioso. Seguimos entre la espada y la pared y seguimos en medio de la neblina densa, que no nos permite ver mas allá de una muy corta distancia.
LOS TEMORES DE JALISCO
La Universidad de Guadalajara, hace un estudio proyectado con base en la probabilidad de contagio y la estadística de aislamiento y nos dejan fríos cuando nos dicen que el pico máximo de la epidemia será el 20 de julio y si seguimos como vamos para ese momento Jalisco tendrá 15 mil defunciones. Las medidas aplicadas hasta ahora, han sido ineficientes porque a final de cuentas, cada quien ha hecho lo que le pega la gana, empezando desde la controversia de si usar o no cubre bocas y de cómo se debe usar, porque muchos traen un artefacto que les cubre la barbilla y otros se lo ponen en el cuello, como nueva moda de bufanda.
Nos hace falta conciencia, información y educación. Además, de poco nos sirve que todos los días nos estén contabilizando las defunciones. Debemos entender que la estrategia de abordar el problema ha sido un fracaso global, recordemos “si no obtienes el resultado que buscas , no cambies el objetivo, cambia el plan”.
No podemos seguir diciéndole a la gente, que empieza a sentir síntomas de la enfermedad, que se vaya a su casa y que si siente que se ahoga, entonces regrese a ver si hay un respirador desocupado, por que lo que estamos haciendo es convertir a los hospitales en camas para fallecer. El tratamiento debe iniciar desde los primeros síntomas, como en la apendicitis, si tienes dudas del diagnóstico, hay que abrir el abdomen, aunque la apéndice esté sana, no podemos seguir esperando a que el organismo empiece a fallar, para tratar de curarlo. ¿A poco cuando el carro te empieza a fallar, te esperas hasta que te deje tirado?, entonces porqué actuar diferente. El objetivo es curar a los pacientes, no contar cuantos se mueren, hay que dejar el protagonismo a un lado. Es como ver que se te está quemando tu casa y esperar a que se consuma mas de la mitad para tirarle una cubeta de agua.
Nos encontramos en una semana.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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