OPINIÓN
El rezago en el fuero común es mayor que en el federal: Justicia tardía, ilegalidad siniestra
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Recientemente se ha puesto en la palestra el tema de la injusticia, específicamente en relación a personas que por demasiado tiempo han padecido la prisión sin ser sentenciadas; de igual manera se toca el tema de aquellos desdichados que están en la cárcel debido a que fueron crudamente torturados.
En los pasados sexenios, en tratándose de administración de justicia, salvo el clamor del pueblo llano que siempre ha tenido sed de ella, la indiferencia general imperó, y ese silencio operó a favor de la injusticia, la cual creció como hidra repugnante.
Viejos dichos populares como aquel de que la cárcel es para los pobres, o el código penal para aplicarse a los necesitados, cobraron vigencia notoria. Mientras, los políticos y funcionarios públicos, se comportaban como quien ve llover y no se moja, es decir, indiferentes. Pero eso ya se experimentaba desde antaño: el célebre sabio Solón decía que, “Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.” O lo que es lo mismo, el fuero o la impunidad para el ladrón de cuello blanco, la penitenciaría para el que roba una pequeñez.
Existen muchos casos de injusticias, comenzando con la que se infiere a las víctimas de los delitos, que sin embargo registran varias disposiciones a su favor, mismas que lamentablemente con los imperfectos sistemas de justicia que nos rigen, casi nunca se aplican.
El tipo de iniquidades a que ahora nos referimos, son las que se enfocan con los presos que, con más de dos lustros de ser cautivos por ilícitos de reducidas penas, no han sido sentenciados. Lo mismo sucede con aquellos que en iguales circunstancias, ya cumplieron 75 años de edad. También se encuadra a los reos que, siendo mayores de 65 años, y que padecen males crónicos, se les impide encarar sus procesos desde sus domicilios.
Un muy delicado tema es el de los reclusos que fueron víctimas de tormentos, hipótesis que desgraciadamente abunda en nuestro medio. El primer mandatario federal declaró hace unos días que, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y los malos tratos se comprueben mediante el Protocolo de Estambul, será muy pronto liberado. Ese método se gestó por medio de la ONU en 1999, y lo que pretende es abatir los abusos de las autoridades hacia los particulares.
Sobre el tema de los atormentados, manifestó Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, que: “Tratándose de tortura, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados”. Esto es una verdad tan grande como la luz del sol, pues si los que atormentan recibieran inmediato castigo, ya se habrían reducido al máximo tan perniciosas prácticas.
Es muy cierto que es preferible sufrir una injusticia, que cometerla, pero a muchas autoridades eso no les interesa, y por ello son más desgraciados -los mandos torturadores- que quienes aguantan sus arbitrariedades. Por ello se debe luchar sin cuartel contra todas las ilegalidades, recordando que la peor forma de impartir injusticias es la justicia simulada, manera de proceder que tienen muchos jueces, como innumerables agentes de la procuración de justicia. Y este procedimiento, aplicado a un individuo, debemos considerarlo como una amenaza enderezada a todos, tal como lo afirmó el enorme luchador por los derechos humanos Martin Luther King: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados.”
Aunque el decreto que anunció el primer mandatario de la nación es para el ámbito de la federación, es inaplazable que en las 32 entidades del país, se asuma el problema con seriedad, se emitan las disposiciones conducentes y con ello alivien el dolor de los encarcelados que están en similar situación que los presos del fuero federal.
Y no se crea que es menor el número de casos que se registran en los Estados, pues en el fuero común, sin sentencia se cuentan 82 mil 189, en tanto que del fuero federal existen 12 mil 358, alrededor del 15%. Los números son elocuentes y obligan a que localmente se remedie tan grave problema.
La justicia, como lo establece la Constitución, tiene que administrarse sin cortapisas, debiendo ser rápida, expedita, lo cual no se cumple, según podemos entenderlo al saber que hay tantas personas detenidas, por más de 10 años, sin sentencia ni consideraciones legales, ya sea por su edad, peculiares circunstancias o su quebrantada salud.
El problema atañe a todos los órdenes de gobierno, y dentro de estos, especialmente lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto el de los estados como el Poder Judicial de la Federación. Lástima que en estos organismos, sobre todo los estatales, es típico que siempre se escuden en la falta de presupuesto, argumentando que es la razón por las que les falta personal, carecen de equipos, etc. Ah, pero eso sí, la austeridad en sus ingresos no figura, sino que disfrutan de costosas prestaciones y hasta bonos de marcha se otorgan, para enseguida gozar de pensiones doradas, que son cachetadas en pleno rosto del pueblo y la justicia.
Debemos recordarles a esos personajes, y el gobierno tener bien presente, lo que expresó el enorme tribuno romano que fue Cicerón: Nada hay más injusto que solo buscar remuneraciones en la justicia. Y para colmo de males, si esta es tardía, se torna en la más siniestra de las ilegalidades.
Por lo anterior, es que todos debemos coadyuvar en la medida de nuestros alcances y en el ámbito de nuestras actividades, a terminar con la injusticia, la corrupción y la impunidad, pugnando porque impere la razón, la honradez y la solidaridad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
Un giro en las relaciones diplomáticas: El acercamiento de la India a China y el nuevo orden global
Cruz Azul se impone en el Estadio Akron y hunde más a Chivas en este torneo
Yankees se imponen en extrainnings a Medias Blancas y suman séptima victoria al hilo
Guillermo del Toro cumple su sueño: “Frankenstein” debuta en Venecia
