OPINIÓN
Golpe de Estado
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El Golpe de Estado es una figura que ya desde el siglo XVII Gabriel Naudé en sus “Considerations politiques sur le Coup d’Etat” (1639) al mencionar sus varias acepciones consideró que podía confundirse con la “razón de estado” por ser utilizado, en esa época, por el soberano en turno para reforzar su poder.
Con el constitucionalismo la acepción del término cambió para hacer referencia a los cambios de gobierno operados violando la Constitución legal del Estado por los mismos detentadores del poder político. El diccionario Larousse, citado a su vez por el Diccionario de Política de Bobbio y Matteucci lo define como una violación deliberada de las formas constitucionales por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detentan la autoridad.
En el siglo XX, la autoría de los golpes de estado fue adjudicada a un solo sector del estado que fueron los militares, sin que por esa característica se considere que son, o puedan ser los únicos autores de un golpe de estado. Esa modalidad, con características más de insurrección que de golpe de estado, es en los tiempos modernos una posibilidad extrema cuando los medios políticos se han agotado pues existen otras formas de apropiarse del poder para imponer un gobierno autoritario y garantizar su permanencia por encima de leyes e instituciones.
Respecto a quienes pueden operarlo, es evidente que pueden ser funcionarios del mismo estado utilizando elementos que forman parte del aparato estatal. Se le ha llamado golpe de estado blando cuando desde las propias esferas gubernamentales, sin violencia, se generan cambios que alteran el orden constitucional y afectan a la vida institucional. No puede ser denominado así, como lo ha hecho en ocasiones el presidente López Obrador, si son organizaciones civiles, pues ellas no tienen el poder para obligar a ninguno de los tres poderes a realizar actos que perviertan el orden constitucional.
Establecidas estas definiciones, sucintas y perfectibles, cabe la pregunta acerca de si estamos presenciando un golpe de estado blando envuelto en la cubierta de una pretendida cuarta transformación, operado desde la cúspide del poder para asegurar la continuidad del mismo.
Es franca la intención de acabar, colonizar o limitar hasta su extinción a los órganos autónomos que regulan las acciones gubernamentales, como es el caso del Instituto de transparencia y acceso a la información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o el de competencia económica, entre otros. Colonizar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y la misma Suprema Corte nombrando ministros a modo, propuestas de las cuales cínica y públicamente se ha arrepentido “porque prefirieron los criterios jurídicos a la transformación”.
También es evidente la intención de desaparecer el Instituto Nacional Electoral o transformarlo por un organismo favorable a las intenciones gubernamentales de dominar los procesos electorales.
Son frecuentes, las iniciativas de ley que buscan evadir lo dispuesto por las normas constitucionales para ajustar la acción de dependencias e instituciones del ejecutivo a la voluntad presidencial, la más reciente es la relativa a la militarización de la guardia nacional, y un poco antes, la Ley de la Industria eléctrica, ambas con franco tono inconstitucional, aprobadas por una mayoría legislativa que recibe y cumple, órdenes directas del titular del poder ejecutivo.
Es evidente pues, que tanto el asalto a los organismos autónomos, como el dominio del poder legislativo y Judicial le permiten al ejecutivo trastocar el orden constitucional y manifestar abiertamente desprecio por la ley, encuadrándose francamente en la llana definición del golpe de estado. El presidente debe recordar que fue electo y juró, respetar y hacer respetar la Constitución, que fue electo para ello, y que utilizar las artimañas que le permite el uso de sus artificiales mayorías para violarla y atentar contra el orden institucional y constitucional es un virtual golpe de estado, no una transformación.
El golpe de gracia no ha podido darlo gracias a una reacción de la oposición unida que ha evitado que la Constitución pueda ser modificada a contentillo, sin embargo, el próximo embate ha sido anunciado con la presentación de iniciativas de ley que, a sabiendas que son inconstitucionales son presentadas para su aprobación, sabedor de que habrán de ser seguidas por acciones legales que pretende “chicanear” en la Suprema Corte, en una actitud propia de un tinterillo litigante y no de un presidente de la república.
Rodeado de una corte de abyectos servidores, anuentes y obsequiosos a su voluntad, la arrogancia del poder se despliega todas las mañanas para denostar a sus opositores, inflamando a la vez a su grey de seguidores con mensajes de enfrentamiento y división, más que de unidad nacional. Es la voluntad absoluta del soberano, similar a la que en el siglo XVII usaba la razón de estado para violentar todo orden y obsequiar a los caprichos del gobernante, salvo que esto se da en pleno siglo XXI en medio de una sociedad sorprendida y aturdida por una verborrea galopante, que convierte en razón de estado la sinrazón de una mente empeñada en trascender y transmitir el poder a un empleado por encima de toda ley o institución. Una pretensión así no se justifica con un 60% de popularidad, en México se eligió a un presidente no a un déspota aspirante a dictador disfrazado de demócrata.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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