OPINIÓN
Hagamos cuentas
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Para mantener el equilibrio financiero el gobierno no debiera gastar más de lo que ingresa, eso es lo aconsejable, pero eso no está sucediendo en México. La Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer el monto del déficit obtenido en 2021 y éste es el más alto de los últimos 6 años: 472,895 millones de pesos. Ingresaron 5 billones 251 mil millones y se gastaron 5 billones 724 mil.
Este es el segundo año consecutivo en el que el déficit supera los 400 mil millones de pesos, pues en 2020 llegó a 441,941 millones. Pero no crea que esto alarma a la Secretaría de Hacienda, pues ella había calculado para el año anterior un déficit de 622,375 millones y para 2022 calcula que llegará a 875,570 millones.
Es decir, que tales números no les preocupan y el déficit seguirá aumentando ante la complacencia de los diputados, pues alguna fórmula secreta deberá tener Hacienda, para financiar tal déficit presupuestal. En 2021, se tuvo un notable incremento en la recaudación que fue de 5.1% respecto al mismo periodo del año anterior, y no obstante eso, y la política de austeridad, el gasto fue superior. Para el año que inicia, los analistas del Observatorio Económico México han determinado que si la economía crece por debajo de niveles del 3%, se recaudarán 41,570 millones menos de lo previsto, y todos los indicadores señalan que difícilmente se llegará al 2% de crecimiento.
No es mucho el margen de maniobra que le queda a la Secretaría de Hacienda, al haberse agotado ya los fondos de reserva, fideicomisos y otros instrumentos, a lo que debemos sumar la determinación presidencial de no exportar crudo, o exportar menos para que pueda ser refinado en México. La combinación de estos y otros factores hacen previsible que el déficit aumente en 2022, presionadas además las finanzas nacionales por la decisión de inyectar 636,281 millones a Pemex y 449,997 millones más a la CFE, más los 254,342 millones que significan los programas de Bienestar Social.
Es indudable que el gobierno necesita recursos para financiar su gasto, pero este solo le puede llegar por la vía fiscal, por endeudamiento, o por los productos de sus empresas, y tal vez por eso, más que por razones de soberanía o autonomía se impulsa la reforma eléctrica pues la CFE mira como los grandes consumidores emigran hacia la autogeneración y sus esfuerzos son inútiles para disminuir fugas y cartera vencida, en tanto crece su pasivo laboral por el alto costo de sus pensiones y la mala negociación de las condiciones de jubilación.
Es un mal cálculo pensar que aumentando la cartera de clientes será suficiente para reponer sus finanzas, sobre todo si para hacerlo tendrá que comprar (expropiar) las instalaciones que los generadores de energía privada tienen, para alcanzar el 56% de generación pública que la reforma contempla. Tan solo para este último punto, serán insuficientes los miles de millones que se le asignan en el actual presupuesto. En aras de la soberanía y la autosuficiencia se avizora un pésimo negocio.
De igual forma, el proyecto de autosuficiencia en gasolina, dejará a PEMEX y a la nación, sin el ingreso por la exportación de petróleo y es dudoso que los ahorros que se obtengan por la no importación de gasolina, compensen el costo de la refinación y el sacrificio del no ingreso de divisas petroleras.
Es evidente que otra deberá ser la fórmula que la Secretaría de Hacienda aplique para reducir el déficit, o al menos evitar que siga creciendo, pues es claro que estos dos organismos seguirán consumiendo recursos públicos y también es innegable que la administración pública ya no soporta mayores recortes sin menoscabo de la ya debilitada y deficiente estructura burocrática.
Por otra parte, según estima el FMI, la deuda bruta del gobierno en 2021 se ubicará en 59.8% del PIB, pero irá en ascenso hasta llegar al 60.9 en 2024, que es un nivel de riesgo para la calificación crediticia del país, tomando en consideración la política seguida en materia energética.
Se ha anunciado que los Estados recibirán un incremento de 4.7% en sus participaciones y eso palidece ante una inflación que rebasará los 7 puntos. En un gobierno federal, la fortaleza debiera devenir de la potencialidad de los estados y no al revés, que ellos dependan de lo que el centralismo les ofrece. Poco pueden hacer las entidades con regulaciones centralistas para la inversión productiva y la explotación de recursos naturales, o con convenios fiscales que debieron haberse revisado hace tiempo.
El panorama no luce agradable al inicio del año, pero las cuentas no casan como para esperar tiempos mejores, pandemia o no, vacunación o no. La reactivación económica que el gobierno espera para mejorar su ingreso no habrá de llegar en este sexenio y el bienestar habrá de quedarse en el discurso presidencial, y no por falta de recursos, sino por el dispendio y dilapidación de los mismos. El déficit seguirá creciendo pues hay un evidente desfase entre lo deseable y lo posible, que ojalá no derive en actos desesperados de un gobierno gastador, ávido de recursos y corto de soluciones.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
