OPINIÓN
«Háganle como quieran»
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Pareciera que después de la emergencia estatal por contagios y muertes causados por Covid-19, el botón de emergencia emitido por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el mes de enero 2021, llegó la nueva normalidad y el caos a la zona metropolitana, no obstante, de haber levantado las restricciones en el estado y dejar claro en la pandemia no ha terminado, la sociedad mostró un comportamiento caótico y confiado rompiendo distancia social y cuidados básicos, increíblemente la ciudad y sus municipios conurbados volvieron a una normalidad altamente riesgosa que nos pasará factura dentro de 15 días.
El Plan Jalisco 2021 contra el Covid-19 se presentó y relajó las medidas, justificado en el regreso al semáforo naranja, sin embargo a diferencia de la Ciudad de México en la que sus restricciones se mantuvieron con el eslogan de «semáforo naranja, sin bajar la guardia»; en nuestro caso fue completamente lo contrario y los bares, restaurantes, plazas comerciales, parques, fiestas privadas y hasta un espectáculo tipo parque interactivo en trasloma estaba listo para operar a escasas horas de haber levantado las restricciones, su inversión evidentemente fue basta y suficiente para tener la seguridad de que las medidas de protección y cuidado desaparecerían exactamente en 12 de febrero, al igual que muchos sectores que ya no aguantaban el cierre intermitente.
En este contexto, actualmente tendremos que cuestionarnos seriamente si el gobierno tiene interés en contener la normalidad desordenada o solo está abrumado de que no lleguemos al pico adecuado para poder contener la pandemia por Covid-19, por lo que decidió dejarnos la libre responsabilidad de nuestros actos en materia de cuidados, sana distancia y resguardo responsable, lo cual en las últimas 72 horas no parece que nos vaya a resultar en nada más obvio que otra emergencia que se verá reflejara dentro de aproximadamente 15 días, donde será la propia sociedad la que le solicitará al gobierno tome medidas necesarias y suficientes para proteger la vida y la salud de sus seres queridos.
El problema podría estar en que la sociedad ya estaba molesta e inquieta, el gobierno tenía medidas que funcionaban a criterio, existían en realidad pero suficientemente relajadas como para considerarlas obligatorias aun y con semáforo rojo, entre las contrariedades sociales por las medidas para unos y no para todos que perjudicaban o hasta violatorias de derechos humanos en ciertos sectores de población vulnerable, está la inseguridad en el estado y la extrema violencia que se vive en Jalisco, no es ajeno que ha sido un inicio de año con mucha violencia en todas sus manifestaciones por lo que la percepción ciudadana de nuestros gobiernos, autoridades e instituciones está en la mira de la sociedad.
Es terrible que nuestro gobierno estatal se encuentre en franca y evidente crisis, sin control de nada, prefirió dejarnos bajo nuestra propia responsabilidad el cuidado de la pandemia y así lleguemos al verdadero pico que mantener un cuidado forzado, discriminatorio o a criterio.
Quizás porque es un tiempo especialmente sensible y no le sirve para este momento electoral, no puede dejar que la percepción ciudadana baje a niveles que no le permitan competir por las alcaldías del estado, por la mayoría de congreso ni por mantener el poder que ejercen en Jalisco, lo que nunca nadie ni el gobierno ni los ciudadanos calculamos fue una pandemia de esta magnitud que desató todos los demonios y abrió sin duda los ojos de la sociedad a las más mínimas simulaciones.
Necesitamos conciencia individual de nuestro propio cuidado, responsabilidad para combatir la pandemia, compromiso social de nuestros entornos familiares para protegernos de aquí a que la vacuna llegue a las familias de manera más constante y del gobierno requerimos lo mismo más una mesa de salud garante y no simulada, con verdaderos especialistas para cubrir las necesidades de todos los sectores de la población y no de protección política, el plan para Jalisco 2021 es un «háganle como puedan» debido a que el conjunto de señalamientos de todas las fallas del gobierno estatal ocasionó que colapsaran y lo más fácil fue soltar la responsabilidad por contagios de coronavirus debido a que cuando tengamos otra emergencia seremos responsables de nosotros mismos, es completamente decepcionante nada es viable y lo sabemos perfectamente, lo mejor es que ya vienen las elecciones y son la manera más efectiva de comunicarle a alguien en Jalisco que así no era.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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