OPINIÓN
Inseguridad: Percepción y realidad
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Dio a conocer el INEGI la Encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana a diciembre de 2019 que muestra que los mexicanos nos sentimos cada día más vulnerables por la violencia, durante ese mes 72.9% de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro, contra una percepción del 71.3% registrado a septiembre de 2019. En el caso de las mujeres es aun mayor este porcentaje que refleja un 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento.
Esto refleja que ha desaparecido el alto nivel de confianza que el electorado había depositado en Manuel Andrés Lopez Obrador (MALO) al arranque de su administración, cuando este prometía que a partir del primero de diciembre en que inició de su mandato, la violencia desaparecería, como por arte de magia, inclusive mas de la mitad de la población sí soñaba que la violencia disminuiría en los siguientes doce meses.
La solución ahora es muy sencilla y estúpida además, simplemente se culpa a los gobernantes anteriores, diciendo que les dejaron a los actuales un desastre, suponiendo sin conceder que así fuera, ahora podemos observar, que el actual lo amplificó en forma exponencial. Los resultados nos muestran que la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno de MALO es un fracaso, solo del primero de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de noviembre de 2019 fueron asesinadas en el país, de acuerdo a cifras oficiales, publicadas por el “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México”, 34,579 personas, convirtiéndolo en el año mas sangriento de la historia moderna de Mexico, solo comparable con las defunciones de la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera. ¿Se podrá culpar de la crisis a los gobiernos anteriores cuando las cifras son muy superiores a las reportadas en los peores años de Felipe Calderón (padre de todos los males del país) o las cifras de Peña Nieto?
De acuerdo a dicha encuesta, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Puebla de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9%, respectivamente, y las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos ºy Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2%, respectivamente. Curiosamente en la zona metropolitana de Guadalajara, mejoró la percepción en esta ciudad capital, al pasar de 84% de percepción de inseguridad en septiembre pasado, al 82.3%, aumentando considerablemente en Tonalá y Tlajomulco donde la percepción subió de 76.9% a 82.1% y de 72.5% a 80.5% respectivamente.
Es claro que el presidente MALO o no sabe lo que está haciendo o el diagnóstico que le dieron sus cercanos e inútiles colaboradores está equivocado, a pesar de acciones aisladas, sigue sin combatir a los cárteles de la droga, lo que pareciera que se tiene un acuerdo con ellos para establecer la “pax narca”, situación que se confirma con “El Culiacanazo” ocurrido en octubre pasado.
Es claro que la percepción de inseguridad que nos agobia, no disminuirá aunque se trate de involucrar a empresarios para que se entrevisten con altos mandos del ejército y estos salgan declarando que sí existe una adecuada estrategia de seguridad, cosa que dudo al no reflejarse en las cifras, y a pesar de haber regresado a la Marina a las calles, situación que solo refleja el fracaso de la Guardia Nacional, la cual pareciera solo se dedica a ser “el Muro de Trump en materia migratoria”.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, prácticamente encuentran una fosa llena de cadáveres cada semana, y los robos a usuarios bancarios está imparable, mueren y desaparecen personas diariamente y de verdad, las autoridades tanto federales como locales pereciera que no hacen nada para mejorar su desempeño. Esta semana se dio a conocer que el Gobernador Enrique Alfaro pidió a la Secretaráa de la Defensa Nacional un permiso para portar armas, bonito el mensaje al pueblo de Jalisco ya que pareciera que la única solución en Jalisco es portar armas.
Lo que sí queda claro, es la imperiosa necesidad de que se convoque de inmediato a una nueva Convención Nacional Fiscal, donde sea replanteado el agotado sistema de reparto de recursos fiscales (que en realidad no son federales) y se propongan cambios constitucionales que acoten la alta e insaciable discrecionalidad del presidente al ejercer el gasto publico. Día a día tenemos un centralismo mas rapaz.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
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