OPINIÓN
Jodidos pero contentos
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Dice López que hay países donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar, que el está elaborando la fórmula ya que es un sistema de medición distinto y a lo mejor contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo para poder saber si realmente hay bienestar. Siguió diciendo: “El Producto Interno, PIB, esos términos ya también deben entrar en desuso, hay que buscar nuevos conceptos, en vez de crecimiento hablar de desarrollo, en vez de PIB hablar de bienestar, en vez de lo material pensar en lo espiritual”.
Lo anterior lo sacan ya que no le conviene al gobierno de la “CuatroTé” que sigamos midiendo su desempeño en base al Producto Interno Bruto (PIB), ya que los resultados de la económicos de su gestión son deplorables, a pesar de que en campaña MALO prometió un crecimiento del país del 6 por ciento anual del PIB, y como en 2020 bajará mas o menos entre un (-)7% al (-)9% del PIB, mejor no medirlo.
Pero “casualmente” esta ocurrencia se da paralelo a la propuesta de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, quien días antes que MALO, señaló que el método clásico de medición del PIB no sirve, es que todo lo monetarizan, todo lo capitalizan, lo que no es monetizable no entra en el PIB, como no vas a medir el tiempo, el tiempo que un pueblo dedica a la cultura, como parte de un producto, el tiempo que un pueblo dedica a la solidaridad internacional, como tu no lo vas a medir, como un producto de ese pueblo, nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional, el producto humano, el producto social, producto económico, no todo es monetizable.
Habrá que informar a los dos que “la felicidad” ya se mide, en todo el mundo y le llamamos “Índice de Desarrollo Humano” y le tengo una muy mala noticia, así como quiere abandonar el uso del PIB porque no le favorece, a nuestro país desde que gobierna López tampoco le favorece el Índice de “felicidad”, pero yo preguntaría, si creen que después de la crisis económica a la que nos enfrentaremos causada por pésimas políticas tomadas por su gobierno y aceleradas por la pandemia, de verdad creen que la población en México va a estar muy feliz, o ¿acaso creen que será mucho mas fácil manipular un índice de desarrollo en proceso de invento?
Existe otro indicador que también mide el bienestar social estatal y se llama “Índice de Progreso Social” (IPS), mismo que toma en cuenta 58 indicadores, y su gobierno está enterado de su existencia. Sus últimos resultados reportan que el Estado con el mayor Índice Progreso Social son, en primer lugar, Nuevo León con un índice de 73.85, le sigue Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora, Yucatán, (donde menos quieren al Peje) y en los últimos lugares del IPS en lugar 29 está Veracruz con solo 62.13 puntos, seguido de Chiapas, Oaxaca y por último Guerrero.
Este indicador permite evaluar la eficacia con las que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social, pero sin manipulaciones, y mide a lo largo y ancho del país 3 grandes dimensiones: “Necesidades Humanas básicas” con índices de a) Nutrición y cuidados médicos; b) Agua y saneamiento; c) Vivienda; d) Seguridad Personal. “Fundamentos del Bienestar”: donde se mide: a) Acceso a conocimientos básicos; b) Acceso a información y comunicaciones; c) Salud y Bienestar; d) Calidad Medioambiental. “oportunidades” con indicadores de; a) Derechos personales; b) Libertad personal y de elección; c) Inclusión y d) Acceso a educación Superior. Este índice se aplica ya en 149 países en el mundo y en 2019 nuestro país se ubico en el lugar 55. Entonces ya no hay que inventar el hilo negro.
Así como pretenden ocultar los números reales de fallecidos por el Coronavirus en México, así también pretenden ocultar o manipular los indicadores económicos que no les convienen, dicen: -evitemos el PIB, evitemos los indicadores de pobreza-, y en lugar de resolver la crisis por la que pasaremos los próximos meses y que para muchos ya es terrible, podrán decir que en México están “Jodidos pero contentos “y todos aman al presidente, al fin de cuentas el pueblo de México se cree todo.
En temas mas locales, la mayoría de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco que aprobó un nuevo y descomunal crédito a cargo de los jaliscienses por 6,200 millones de pesos actuó desde el punto de vista financiero de lo mas negligente que pueda ser. Cómo que primero apruebas el crédito y después te explico en qué se lo va a gastar el gobernador.
Creo que los señores confunden su trabajo, ya que no representan a su partido político ni al gobernador, al menos la doctrina dice que ustedes representan a los electores que los eligieron y que deben velar los intereses de estos, y este crédito implica ya endeudar al Estado en mas de 33 mil millones de pesos. La autorización simplemente señala: “Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, en las mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recurso, lleve a cabo la programación de financiamiento en una o varias etapas, para destinarlo a la inversión pública productiva hasta por la cantidad de…” Como dicen en mi rancho: “hay agarra lana y luego me platicas”.
En una época de crisis como la actual primero debieron ajustarse realmente el cinturón y después analizar obra por obra, renglón por renglón de gasto y justificar ante sus electores cada peso de deuda. La forma en que lo aprobaron es un cheque en blanco al ejecutivo que no dudo utilice con propósitos electorales. Creo que tenia razón la diputada Mariana Fernández al oponerse a la aprobación de ese nuevo crédito en esa forma.
Ultima pregunta: Después del conflicto del crédito, las cuotas ya pactadas de lo Consejeros siguen igual?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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