Opinión, por Iván Arrazola //

Históricamente, la protesta ha sido una herramienta eficaz para visibilizar injusticias y exigir el respeto de los derechos humanos. En días recientes, Estados Unidos ha sido escenario de nuevas manifestaciones que evocan momentos clave en su historia, como las movilizaciones a favor de los derechos civiles o las denuncias contra la represión policial hacia la comunidad afroamericana.

Sin embargo, en esta ocasión, quien ha levantado la voz ha sido la comunidad latina en la ciudad de Los Ángeles, en respuesta a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y las deportaciones masivas.

Lejos de tratarse de una simple expresión de inconformidad, esta protesta representa un conflicto político de fondo entre el gobierno federal y un estado —California— que se caracteriza por su diversidad, pluralidad y una estructura social profundamente influenciada por la migración.

La chispa que encendió las manifestaciones fueron las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales generaron miedo e indignación entre la población migrante. A esto se sumó la orden presidencial de desplegar elementos de la Guardia Nacional en el estado, lo que elevó aún más la tensión. Incluso, el presidente Trump llegó a amenazar con encarcelar al gobernador Gavin Newsom, acusándolo de insurrección.

El conflicto escaló a nivel internacional cuando la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas en territorio estadounidense. Aunque la mandataria rechazó tales acusaciones, no recibió una disculpa formal del gobierno estadounidense. Esta situación coloca al gobierno mexicano en una posición delicada.

Si bien puede hacer un llamado a la paz, su política exterior de no intervención le impide pronunciarse abiertamente sobre las acciones del gobierno norteamericano. Además, se ha evidenciado una preocupante debilidad institucional: los consulados mexicanos en Estados Unidos enfrentan severas limitaciones presupuestales, lo que les impide brindar apoyo efectivo a los connacionales en situaciones de vulnerabilidad.

No obstante, el movimiento social ha logrado evidenciar las profundas contradicciones del discurso migratorio impulsado por Trump. Buena parte de la economía estadounidense —en sectores como el campo, la construcción y los servicios— depende precisamente de la mano de obra de trabajadores migrantes, muchos de ellos indocumentados. Sin embargo, esta misma población es constantemente criminalizada y convertida en chivo expiatorio de los problemas nacionales, como la inseguridad.

Frente a este discurso maniqueo, la protesta se convierte en una auténtica bocanada de aire fresco. Si bien algunos sectores consideran que las manifestaciones violentas refuerzan la narrativa populista de Trump —que retrata la migración como una invasión que debe ser contenida—, lo cierto es que este movimiento también visibiliza la dignidad de miles de personas que cruzan fronteras no para delinquir, sino para trabajar y construir una vida mejor. Se trata de una reacción legítima ante políticas que promueven la segregación, la exclusión y una visión puritana de la nación estadounidense.

Las personas que salen a las calles a protestar representan la voz de una generación que ha vivido en las sombras debido a la falta de documentos, lo que durante años les impidió alzar la voz. Quienes hoy se manifiestan son, en su mayoría, hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos y que observan con indignación las políticas crueles que están separando a las familias. Muchos de ellos cubren sus rostros, pero lo hacen con plena conciencia de que ha llegado el momento de expresarse con dignidad y exigir justicia.

Por otra parte, no se puede eximir de responsabilidad a los países expulsores, como México. La falta de oportunidades, la inseguridad y la corrupción siguen siendo causas estructurales que obligan a miles de personas a migrar. En este sentido, resulta contradictorio que muchos gobiernos latinoamericanos emitan mensajes de solidaridad mientras, en la práctica, hacen poco por atender las causas de la migración. Lo único que parece importar, en muchos casos, son las remesas que los migrantes envían a sus países de origen.

Es importante subrayar que este movimiento ha surgido de forma espontánea; no ha sido promovido por ningún gobierno, sino que representa una demanda legítima de miles de personas que exigen respeto y se niegan a ser catalogadas como delincuentes. Se trata de una movilización que transmite un mensaje contundente: estas personas tienen dignidad, contribuyen al país que las rechaza y alzan la voz con legitimidad frente a la injusticia.

La historia juzgará a los gobiernos que intentan manipular y dividir. Lo ocurrido en los primeros días de junio quedará registrado como un momento en el que la ciudadanía se atrevió a enfrentarse al discurso populista, y en el que la retórica divisiva difícilmente podrá imponerse sobre la justicia. Aunque esta lucha implique dolor y sufrimiento para miles, se convertirá en un símbolo de resistencia y de dignidad para Estados Unidos y el mundo.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En todo México y aún en el mundo, la Perla Tapatía, nuestra hermosísima Guadalajara, es reconocida como genuina representativa de la mexicanidad, no la indígena, que es legataria de la grandiosa historia precortesiana nacional, sino de la que nació tras tres siglos de coloniaje, cuando surgió nuestro país como nación independiente.

Recordemos que la urbe jalisciense, antes que alguna localidad de la actual república, tuvo un gobierno nacional (instituido por el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, cuando el movimiento insurgente adoptó como sede a nuestra Atenas de Occidente, entre noviembre y enero de 1810-811) y que, además, pregonó la independencia (13 de junio de 1821) primero que cualesquiera poblaciones de México, incluida la capital del país, la cual lo hizo hasta el 27 de septiembre de 1821. Finalmente, mencionaremos que fue cuna del federalismo y con ello de la República Federal.

Pues bien, a la fecha Guadalajara continúa preservando muchos elementos de los que la llevaron a ser considerada la más hermosa ciudad mexicana. Una vez, en 1981, estando de visita el licenciado Humberto Lira Mora, destacado político nativo del Estado de México, luego de un paseo por el centro histórico, expresó emocionado: “De verdad, Guadalajara es una ciudad para presumir a México”. A ello agreguemos que el notable filósofo José Vasconcelos, en sus memorias, varias veces elogia a Jalisco y su capital, reiterando que era la sede de la aristocracia étnica mexicana.

En su toma de posesión como primera presidenta municipal de nuestra Perla de Occidente, la alcaldesa Verónica Delgadillo, declaró: “Que se oiga claro y fuerte: Guadalajara será un faro de esperanza para todo México. Desde esta tierra, se defiende y se engrandece a nuestro país. Desde aquí, desde el corazón de Jalisco, vamos a cuidar a nuestras tapatías y tapatíos, vamos a seguir transformando México.”

Lo anterior, con palabras emotivas, realza el ánimo de todos los que residimos en esta metrópoli del valle de Atemajac, fundada por cuarta ocasión el 14 de febrero de 1542. Sin embargo, la terca realidad se empeña en obstruir lo que expresó la mandamás tapatía.

Al respecto podemos aludir a un reciente viaje que hicimos al espectacular Puerto Vallarta, la alhaja jalisciense del Pacífico, a donde acudimos para cuestiones culturales, y atraídos por conocer la supuesta flamante vía corta que apenas -según publicaciones oficiales- se concluyó el 28 de diciembre — Día de los inocentes— pasado.

“El último tramo, que conecta Bucerías con el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, se inauguró a finales de 2024, después de 13 años de construcción. Esta vía corta reduce significativamente el tiempo de viaje entre Guadalajara y Puerto Vallarta, de aproximadamente 5 horas a cerca de 2 horas y media”.

Sobre esa información, diremos que tiene varias imprecisiones, pues el entronque con la ciudad porteña no está terminado y se debe hacer circo para llegar a un domicilio en la ciudad turística. Por otra parte, el costo de la caseta final de la autopista es de $483.00 -cuatrocientos ochenta y tres pesos- es decir, casi nueve pesos por kilómetro recorrido en este tramo. Esto es un verdadero atropello, el cual hará que no se utilice por los automovilistas.

De regreso a nuestra querida Perla Tapatía, como a las 17.00 horas, nos encontramos con tal saturación de tráfico a partir de La Venta del Astillero (Zapopan) y hasta el centro guadalajarense, que requerimos alrededor de ¡tres horas! Esto hace que cada viajero, se exaspere y con ello incurra en movimientos que ocasionan tremendos problemas viales. Y claro, recordatorios maternos para las autoridades.

Al día siguiente hubo necesidad de ir a un punto cercano a Santa Ana Tepetitlán, en las cercanías del Periférico Sur. El único camino es la avenida Adolfo López Mateos, y esta tiene tal saturación vial, que solo con la paciencia de Job se puede tolerar su recorrido. Mientras esto sucedía, meditamos en los problemas que tiene la comunicación de la ciudad tapatía al aeropuerto y a Chapala con sus colindancias, de encantadora atracción turística. Y regresaron las expresiones poco encomiables hacia los gobernantes.

Ahora bien, el traslado del aeropuerto (Libertador Miguel Hidalgo, nombre que nadie usa ya, ni tan siquiera el mismo edificio de la terminal aérea) es toda una calamidad: hay ocasiones en que para abordar un taxi —por cierto bastante caro— se dura más de una hora; pero eso sí, no se puede pedir un vehículo de alguna compañía del ramo, porque es un monopolio de los taxis del aeródromo; esto a ciencia y paciencia de las mandos federales, los cuales suelen multar con enormes sumas al conductor que se atreva a dar sus servicios. Y eso que la Constitución prohíbe los monopolios.

Para los que vivimos en la urbe, otro problema es el de la nomenclatura, la cual siempre ha sido relegada por los ayuntamientos. La solución, al alcance de la mano, la deberían tomar nuestros funcionarios municipales, tan sencillo como exigir que todo comerciante o usuario de alguna licencia, imprima junto a su razón social, el nombre de la calle en que se ubica.

Y en cuanto a las esquinas donde no hay giros que lleven a cabo aquella encomienda, se subsidie a los propietarios para que instalen las placas correspondientes, que luego se les reintegrará lo invertido.

Aquí también puede acudirse a las empresas que suelen anunciarse, para que pongan los señalamientos de calles, a cambio de difundir sus productos -recurso que hace años se utilizó, pero luego se dejó al margen- lo cual es benéfico para todos.

Y ya que hablamos de calles, recordemos que estas no son propiedad de los dueños de fincas allí ubicadas, los cuales broncamente se apropian de ellas para evitar que algún ciudadano se estacione, y con toscos instrumentos, se reservan sus espacios para provecho propio, lo cual es reprobable y hasta punible. Pero tal parece que los inspectores del municipio, o los que dirigen tránsito, no les interesa poner orden al respecto.

Retornando a los ingresos-salida de la Perla Tapatía, son, lo menos que podemos decir, indecentes para el nivel de la gran metrópoli que es. El gobierno de Jalisco, y hasta el de ámbito federal, deberían sumarse a la cruzada de dignificar esas vías de comunicación carretera. Y esa regeneración debe incluir la adecuación de construcciones a lo largo de tales accesos, pues en algunas partes, hasta los ojos duelen de ver lo pésimo de sus edificaciones.

Hay que tener presente que la arquitectura es de gran importancia, y cuando al menos el Centro Histórico, y las colonias del poniente, son de excelente característica, por lo que los inmuebles de los ingresos-salidas de Guadalajara deben estar a la altura del respetable perfil urbanístico de la ciudad.

Hace unos días, nos informamos que “en un encuentro sin precedentes con directivos de medios y líderes de opinión, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un vistazo crudo a los desafíos que enfrenta su administración, particularmente la crisis hídrica y la precariedad financiera municipal.”

Eso está muy bien, pero luego presentó lo difícil del panorama de acuerdo con el magro presupuesto del municipio, ante los formidables desafíos que tiene para brindar buenos servicios. (Gabriel Ibarra Bourjac, Conciencia Pública). Al respecto, manifiesta el agudo periodista: “La alcaldesa puede impulsar alianzas público-privadas con incentivos fiscales y cabildeo con el Estado y la Federación, pero sin una reforma fiscal local que amplíe la base tributaria o modernice el catastro, estas medidas podrían quedar en promesas.” Lo cual es muy cierto.

El reto ahí está. Muchos son los aspectos que hay que corregir, pero precisamente la categoría de buen político se demuestra ante los problemas. Y en este tiempo de mujeres, la alcaldesa tapatía tiene la palabra para dar excelentes resultados, y así proseguir su carrera ascendente.

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

Esta semana los titulares globales —la escalada entre Israel e Irán, una tregua temporal en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la caída de la inflación en Europa y América— captaron la atención a nivel mundial.

Sin embargo, un incidente escalofriante en el estado de Minnesota, Estados Unidos, eclipsó estos sucesos porque refleja violencia política. El 14 de junio de 2025, dos legisladores demócratas, Melissa Hortman y John Hoffman, fueron atacados en intentos de asesinato en sus hogares, a minutos de diferencia.

Melissa Hortman, presidenta de la cámara estatal, y su esposo fallecieron, mientras John Hoffman y su esposa sobrevivieron. El sospechoso, Vence Luther Boelther, quien había trabajado como especialista en seguridad pública, huyó tras un tiroteo con la policía, dejando un manifiesto que apunta a un ataque políticamente motivado.

Boelther, de 53 años, llegó a la casa de Hoffman en la ciudad de Champlin a las 2 de la madrugada, disfrazado de policía con chaleco táctico y un vehículo camuflado como patrulla. Disparó contra el senador y su esposa antes de dirigirse a Brooklyn Park, donde atacó a Hortman y su marido.

Al enfrentarse a una patrulla alertada por el primer crimen, intercambió disparos, abandonó su auto y huyó a pie. En el vehículo, la policía halló una lista de objetivos adicionales, propaganda de una protesta anti-Trump “No Kings” planeada para el sábado y un manifiesto con sus motivos.

Boelther, empleado del gobierno estatal de 1993 a 2023, tenía vínculos con el establishment político, lo que hace su acto aún más perturbador.

Los ataques no fueron aleatorios. Cinco días antes, el Congreso de Minnesota aprobó, por dos votos, una ley que eliminó el financiamiento estatal para atención médica de adultos indocumentados, manteniendo la cobertura para niños. Hortman y Hoffman, rompiendo con su partido demócrata, votaron junto a republicanos, desatando críticas de activistas progresistas.

La ley, pendiente de la firma del gobernador Tim Walz —excompañero de fórmula de Ramírez Harris—, argumenta que financiar salud para quienes no pagan impuestos es injusto. El manifiesto de Boelther, aún no revelado en detalle, sugiere que atacó a los legisladores por “traicionar” ideales progresistas, una represalia mortal por sus votos.

Minnesota, epicentro de las protestas de Black Lives Matter en 2020 tras la muerte de George Floyd, conoce bien la polarización. Aquellas manifestaciones, que pedían dejar de financiar a la policía, incendiaron ciudades en Estados Unidos y Europa.

Boelther, irónicamente experto en seguridad pública, encarna esta contradicción, sus acciones reflejan una retórica radical que demoniza a disidentes. El uso indiscriminado de términos como “nazi” o “racista” banaliza estas etiquetas, insultando a víctimas reales de racismo o nazismo, y erosionando el diálogo, como señala el autor.

La violencia política no es exclusiva de Minnesota. En EEUU activistas difunden datos personales de políticos, policías o jueces, incitando protestas frente a sus hogares.

Las marchas anti-Trump, como “No Kings” en Minneapolis, amplifican esta hostilidad, justificando la violencia bajo el pretexto de defender minorías. Sin embargo, saquear negocios de migrantes o incendiar ciudades no protege a los vulnerables, sino que los victimiza, cuestiona el autor. La ironía es devastadora: Hortman y Hoffman, demócratas que apoyaron causas progresistas, fueron atacados por no seguir la ortodoxia partidista.

El debate migratorio subyace en esta tragedia. La ley de Minnesota refleja una tensión global: ¿deben los estados financiar servicios para indocumentados que no pagan impuestos?

Millones de migrantes, incluidos mexicanos, contribuyen económicamente, pero otros aprovechan lagunas legales, generando resentimiento.

Yo no tengo partido político, pero eso no quiere decir que piense que se debe matar a los políticos con los que desacuerdo. No en México, no en Estados Unidos de Norteamérica, no en Europa, no en el mundo.

Tampoco pienso que es correcto el marchar por las calles de ciudades o pueblos quemando autos o saqueando negocios bajo la idea de que la violencia en contra de todos es justificada para presionar a unos cuantos. Menos aun cuando esa violencia es muchas veces en contra de los mismos que se supone uno quiere defender.

México desaprovechó la renegociación del T-MEC para exigir soluciones migratorias, dejando a los paisanos en un limbo vulnerable.

La acción de Boelther no es un caso aislado, sino un síntoma de una sociedad fracturada donde el disenso se castiga con sangre.

Este caso exige reflexión urgente. La democracia no sobrevive cuando el voto se paga con la vida. México, con su propia polarización, debe aprender esta lección. La legalidad, como decía Agustín Basave, no es negociable; los fines no siempre justifican los medios.

Mientras disturbios en Los Ángeles queman negocios de paisanos y “defensores” de migrantes los estereotipan, la solución pasa por el diálogo. México tiene una oportunidad en 2025 para negociar con la administración Trump una reforma migratoria que dignifique a los mexicanos, priorizando la diplomacia sobre la retórica.

En mis viajes por Estados Unidos he conocido personas de todas las razas, legales e indocumentadas, buenas y malas. El carácter, no el color, define a las personas. Las protestas no siempre son lo que parecen, y la violencia, disfrazada de justicia, solo profundiza la división.

Que esta tragedia impulse un cambio hacia la legalidad y el respeto mutuo.