OPINIÓN
Juan Huerta ante desafíos del nuevo sindicalismo
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La transición se ha registrado en la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), la organización sindical de trabajadores formada por el líder obrero ya desaparecido Don Heliodoro Hernández Loza, que marcó toda una era en Jalisco, al igual que Fidel Velázquez a nivel nacional.
En cerca de tres décadas en México la política cambió, la pluralidad y la alternancia vino a suplir al partido único de Estado. Igual sucedió en el mundo del sindicalismo.
A los viejos líderes los jubiló la vida y fue llegando una nueva generación. En Jalisco, principalmente en la FTJ, se ha vivido un proceso de renovación, después de tiempos convulsos cuando desapareció su líder y fundador, Heliodoro Hernández Loza. Se dio una férrea disputa por el poder hasta que llegó de Vallarta Rafael Yerena Zambrano a generar la paz y reconstruir a la organización.
Pasaron dos décadas desde entonces y ha llegado el retiro de Yerena a quien se le tendrá que reconocer su talente siempre negociador, cuidando la fuente de empleo, pero sin olvidar los derechos justos de los trabajadores.
Se va Yerena con la satisfacción del deber cumplido y llega su alumno más leal y capaz que logró formar, como es Juan Huerta, que se forjó en el campo de la política y del sindicalismo como brazo derecho del líder caballeroso que se ganó el reconocimiento de tirios y troyanos por su sentido de responsabilidad con el trato con el sector productivo y sus agremiados.
LA ERA DE JUAN HUERTA
El pasado sábado Juan Huerta fue encumbrado Secretario General de la Federación de Trabajadores de Jalisco teniendo de testigos de calidad al gobernador Enrique Alfaro y al dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Previo a la toma de protesta en el Congreso Extraordinario los agremiados a la organización sindical lo eligieron por unanimidad, así fue, por unanimidad, de acuerdo a las viejas formas de la propia CTM.
Para que el proceso se diera “aterciopelado”, mucho tuvo que ver la visión y madurez de Rafael Yerena, quien contrario a otros líderes obreros, decidió retirarse y pasarle el bastón de mando a su discípulo, lo que no sucede en la CTM nivel nacional donde se da el relevo con los pies por delante y no antes.
El talante de apertura y de sensibilidad de Juan Huerta para conducir sus relaciones tanto en lo interno como en lo externo, le permitió ganarse, primero, la confianza y el apoyo de Yerena, y al mismo tiempo el de los líderes sindicales de los que se convirtió en un aliado, defendiéndolos cuando se ha requerido.
La FTJ que deja Rafael Yerena en comparación con la que recibió es muy distinta, donde prevalece la armonía sobre la discordia, una organización que se revitalizó, que se ganó la confianza y el reconocimiento de las empresas y del gobierno, con una visión abierta a todos los grupos y partidos políticos, sin camisas de fuerza, desmarcándose del PRI con el que caminó de la mano desde su fundación.
LOS NUEVOS TIEMPOS
Juan Huerta en su primer mensaje como líder de la FTJ articuló un discurso acorde a lo que debe ser el sindicalismo de esta nueva era de cambios vertiginosos y que se traduce en par de párrafos que pronunció:
“Las organizaciones sindicales obreras adheridas a nuestra organización refrendan su compromiso con la democracia sindical, la libertad de asociación, la libre negociación colectiva, la conciliación a los conflictos de trabajo, la rendición de cuentas, el diálogo social permanente, la conciencia de clase y la unidad fraternal sindical”.
“Hoy nos encontramos en un escenario lleno de retos para el sindicalismo, estamos en un contexto colectivo laboral de reciente creación, aun en etapa transitoria para Jalisco. Las organizaciones sindicales debemos de adaptarnos a las nuevas reglas del bloque colectivo laboral, que compartimos con nuestros vecinos del norte de Estados Unidos y Canadá…debemos de aprender a tratar con las nuevas autoridades, registrales, conciliatorias y judiciales”.
Un aliado de Juan Huerta y viceversa ha sido el gobernador Enrique Alfaro, con pleno entendimiento, igual los líderes de las organizaciones empresariales, han trabajado por medio del diálogo, para enfrentar capital-trabajo y gobierno los desafíos, como ha sido la terrible pandemia, la nueva ley de justicia y democracia laboral, que obliga al cambio y la transformación, dejando atrás el viejo modelo para construir el nuevo modelo.
Juan Huerta ha sabido leer lo que conlleva las nuevas reglas de la economía, producto del T-MEC y que exige el ejercicio democrático de los sindicatos y que sus líderes tengan contacto permanente con su base, dejando atrás los contratos como machotes con el empresario a cambio de una gratificación económica.
Este proceso lo ha vivido el nuevo dirigente de la FTJ, pues estos últimos cinco años le ha tocado conocer y debatir este nuevo modelo que no tiene reversa en el que los dirigentes sindicales deben de revalidar su representatividad ante la base a la que están obligados a escuchar y atender.
Llega a muy buena edad a la Secretaría General, con la fuerza y energía necesaria que le permitan la construcción de un sindicalismo moderno, actualizado y congruente con nuestros tiempos, como el propio Juan Huerta lo precisó.
“O nos revitalizamos y salimos adelante más fuertes que nunca, con una propuesta de sindicalismo moderno, activo y propositivo”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
