OPINIÓN
Juan Huerta ante desafíos del nuevo sindicalismo
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La transición se ha registrado en la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), la organización sindical de trabajadores formada por el líder obrero ya desaparecido Don Heliodoro Hernández Loza, que marcó toda una era en Jalisco, al igual que Fidel Velázquez a nivel nacional.
En cerca de tres décadas en México la política cambió, la pluralidad y la alternancia vino a suplir al partido único de Estado. Igual sucedió en el mundo del sindicalismo.
A los viejos líderes los jubiló la vida y fue llegando una nueva generación. En Jalisco, principalmente en la FTJ, se ha vivido un proceso de renovación, después de tiempos convulsos cuando desapareció su líder y fundador, Heliodoro Hernández Loza. Se dio una férrea disputa por el poder hasta que llegó de Vallarta Rafael Yerena Zambrano a generar la paz y reconstruir a la organización.
Pasaron dos décadas desde entonces y ha llegado el retiro de Yerena a quien se le tendrá que reconocer su talente siempre negociador, cuidando la fuente de empleo, pero sin olvidar los derechos justos de los trabajadores.
Se va Yerena con la satisfacción del deber cumplido y llega su alumno más leal y capaz que logró formar, como es Juan Huerta, que se forjó en el campo de la política y del sindicalismo como brazo derecho del líder caballeroso que se ganó el reconocimiento de tirios y troyanos por su sentido de responsabilidad con el trato con el sector productivo y sus agremiados.
LA ERA DE JUAN HUERTA
El pasado sábado Juan Huerta fue encumbrado Secretario General de la Federación de Trabajadores de Jalisco teniendo de testigos de calidad al gobernador Enrique Alfaro y al dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Previo a la toma de protesta en el Congreso Extraordinario los agremiados a la organización sindical lo eligieron por unanimidad, así fue, por unanimidad, de acuerdo a las viejas formas de la propia CTM.
Para que el proceso se diera “aterciopelado”, mucho tuvo que ver la visión y madurez de Rafael Yerena, quien contrario a otros líderes obreros, decidió retirarse y pasarle el bastón de mando a su discípulo, lo que no sucede en la CTM nivel nacional donde se da el relevo con los pies por delante y no antes.
El talante de apertura y de sensibilidad de Juan Huerta para conducir sus relaciones tanto en lo interno como en lo externo, le permitió ganarse, primero, la confianza y el apoyo de Yerena, y al mismo tiempo el de los líderes sindicales de los que se convirtió en un aliado, defendiéndolos cuando se ha requerido.
La FTJ que deja Rafael Yerena en comparación con la que recibió es muy distinta, donde prevalece la armonía sobre la discordia, una organización que se revitalizó, que se ganó la confianza y el reconocimiento de las empresas y del gobierno, con una visión abierta a todos los grupos y partidos políticos, sin camisas de fuerza, desmarcándose del PRI con el que caminó de la mano desde su fundación.
LOS NUEVOS TIEMPOS
Juan Huerta en su primer mensaje como líder de la FTJ articuló un discurso acorde a lo que debe ser el sindicalismo de esta nueva era de cambios vertiginosos y que se traduce en par de párrafos que pronunció:
“Las organizaciones sindicales obreras adheridas a nuestra organización refrendan su compromiso con la democracia sindical, la libertad de asociación, la libre negociación colectiva, la conciliación a los conflictos de trabajo, la rendición de cuentas, el diálogo social permanente, la conciencia de clase y la unidad fraternal sindical”.
“Hoy nos encontramos en un escenario lleno de retos para el sindicalismo, estamos en un contexto colectivo laboral de reciente creación, aun en etapa transitoria para Jalisco. Las organizaciones sindicales debemos de adaptarnos a las nuevas reglas del bloque colectivo laboral, que compartimos con nuestros vecinos del norte de Estados Unidos y Canadá…debemos de aprender a tratar con las nuevas autoridades, registrales, conciliatorias y judiciales”.
Un aliado de Juan Huerta y viceversa ha sido el gobernador Enrique Alfaro, con pleno entendimiento, igual los líderes de las organizaciones empresariales, han trabajado por medio del diálogo, para enfrentar capital-trabajo y gobierno los desafíos, como ha sido la terrible pandemia, la nueva ley de justicia y democracia laboral, que obliga al cambio y la transformación, dejando atrás el viejo modelo para construir el nuevo modelo.
Juan Huerta ha sabido leer lo que conlleva las nuevas reglas de la economía, producto del T-MEC y que exige el ejercicio democrático de los sindicatos y que sus líderes tengan contacto permanente con su base, dejando atrás los contratos como machotes con el empresario a cambio de una gratificación económica.
Este proceso lo ha vivido el nuevo dirigente de la FTJ, pues estos últimos cinco años le ha tocado conocer y debatir este nuevo modelo que no tiene reversa en el que los dirigentes sindicales deben de revalidar su representatividad ante la base a la que están obligados a escuchar y atender.
Llega a muy buena edad a la Secretaría General, con la fuerza y energía necesaria que le permitan la construcción de un sindicalismo moderno, actualizado y congruente con nuestros tiempos, como el propio Juan Huerta lo precisó.
“O nos revitalizamos y salimos adelante más fuertes que nunca, con una propuesta de sindicalismo moderno, activo y propositivo”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Policías de Tequila, de nuevo evidenciados por su ineficiencia
Los retos de Mirza Flores como líder de MC: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Hacia el título de la Zona Norte de la LMB: ¡Qué forma de pelear de Charros!
