OPINIÓN
Juego de ajedrez de las potencias; Ucrania vs Rusia: «The spoils of war»

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los temas internacionales que ha acaparado la atención de casi todos los medios de comunicación del mundo es el referente a la crisis militar que se vive actualmente en la frontera que separa a Ucrania de Rusia, zona en la que este país, movilizó aproximadamente 100,000 soldados, y que debido al antecedente del 2014 en que Rusia se anexionó la península de Crimea al Sur de Ucrania, prendió alarmas en gobiernos de otros países, especialmente, Estados Unidos que hoy más que nunca, ve amenazados muchos intereses en este complejo dilema diplomático y militar.
Al principio las razones de esta movilización de elementos del ejército ruso en la frontera no eran muy claras, en un inicio, el mismo Vladimir Putin afirmaba que esto se trataba de simples ejercicios militares de rutina que se realizan año tras año y que no había nada de qué preocuparse, pero como todo en esta vida, especialmente en la política, nada es lo que parece y basta con comenzar a cuestionar y confrontar, para conocer las verdaderas intenciones de las personas que tienes en frente.
En este caso en concreto, solo se necesitó que Estados Unidos, jugando un papel que conoce a la perfección, comenzara a cuestionar, condenar y amenazar al gobierno ruso, para que estos sacaran a relucir sus verdaderas intenciones.
Es así, que aquello que comenzó como “ejercicios militares de rutina’’ se convirtió en un mecanismo del presidente Vladimir Putin para condenar las negociaciones que Ucrania estaba realizando para formar parte de la OTAN, esto debido a que, según Putin, en la medida en la que la OTAN aumente su presencia en territorios como Ucrania, la soberanía y la seguridad nacional de Rusia corre un enorme riesgo.
Ahora, aunque el proceso para poder formar parte de la OTAN no depende únicamente de Kiev ya que implica un proceso largo y complejo, la simple intención de Ucrania de unirse y que data desde el 2008, implica un riesgo para Rusia ya que de concretarse en algún punto, perderían influencia en un país clave.
Ahora bien, el tema se ha vuelto más tenso debido a que no solo es a Rusia a quien le interesa, por cuestiones estratégicas tener influencia en Ucrania, sino que también Estados Unidos tiene un especial interés en este país y por ende, éste se ha convertido en el centro del tablero geopolítico entre el este y el oeste debido a que es visto como un aliado tanto estratégico como militar por ambos bandos.
Mucho se ha dicho de este conflicto, algunos analistas políticos señala que detrás está también la construcción del famoso Nord Stream 2, gasoducto que conectará Rusia con Alemania y Europa Central y del Este a través de 1,200 kilómetros por el mar Báltico, obra que de hecho, ha sido suspendida por Alemania.
Sin embargo, aunque el Nord Stream 2 y la presencia amenazadora de la OTAN son factores importantes que influyen en la crisis que hoy se vive, es necesario puntualizar que alrededor de estos eventos también hay un conflicto ideológico aun más grande que atañe la identidad nacional y que tiene su origen en el siglo IX cuando se formó el Estado Ruso antiguo que fue denominado como Rusia de Kiev y que se conformaba por un importante número de tribus eslavas que dominaron el noroeste de Europa durante la edad media y cuya capital estaba justamente en Kiev.
(Para profundizar más en este conflicto de identidad recomiendo ampliamente el libro: Voces de Chernóbil escrito por Svetlana Aleksiévich)
Aunque las constantes guerras provocaron la desintegración de este estado en el siglo XII, las bases renacieron y se fortalecieron con el surgimiento de la Unión Soviética en 1922.
Posteriormente, la ruptura de este Estado Federal en 1991, marcaría un antes y un después entre estas dos importantes naciones, ya que mientras algunas naciones veían en ella un triunfo para la democracia y las libertades, otros veían una el inicio de una gran crisis social, esto debido a que millones de rusos quedaron atrapados en Ucrania, Lituania y Kazajistán.
En razón de esto, no solo se gestaran movimientos sociales prorrusos en esas naciones, sino que también permitió la consolidación de partidos políticos con la misma ideología que comenzaron a tener representación en distintos e importantes espacios públicos, como fue el caso de Viktor Yanukóvich, presidente electo de Ucrania que fue derrocado durante el Euromaidán o Revolución de la Dignidad, movimiento protagonizado por ciudadanos que se oponían a la llegada de un presidente que no solo era acusado de haberse robado las urnas, sino que también era señalado como un defensor de los intereses del Kremlin.
No obstante, y pese lo enérgico de estos importantes movimientos sociales para defender y luchar por la soberanía de Ucrania, Rusia dio un importante golpe al anexionarse la península de Crimea mediante un referéndum organizado por el ejército ruso y avalado por ciudad autónoma de Sebastopol, y aunque esto fue condenado por Estados Unidos y la Unión Europa, la posición de Rusia en torno a este evento no ha cambiado, y muy difícilmente cambiará, pero sobre esto ya tendremos la oportunidad de profundizar más la próxima semana.
Definitivamente este conflicto entre Rusia y Ucrania, o más bien, entre los intereses de Rusia en Ucrania y los intereses de Occidente en Ucrania, tiene mucha historia, pero también tiene mucho futuro, y hoy es el causante de uno de los momentos más peligrosos en Europa desde la Guerra Fría, toda vez que el despliegue de fuerzas y las opciones de invasión podrían generar una de las crisis más grandes en las cadenas de suministro y la economía global que dañarían fuertemente el peso ideológico y la influencia de Occidente en muchas regiones del mundo.
Con un solo movimiento, Rusia ha puesto a prueba a Estados Unidos y a la comunidad internacional, que ahora, no solo necesitan lidiar con los estragos de una pandemia cuyos efectos han impactado en lo social y económico, sino que también, necesitan lidiar con una crisis política e ideológica que de estallar, podría generar importantes cambios en el orden político internacional en el que al menos parece que son Rusia y China quienes marcan puntualmente la agenda.
No olvidemos que desde el inicio de la pandemia, occidente ha estado más que necesitado de dar un golpe de autoridad capaz de reafirmar los valores políticos, económicos y sociales con los que se construyó un sistema que hoy parece estar debilitado y desprestigiado, y en este sentido, Ucrania parece ser el espacio y el momento perfecto para tratar de reafirmar estos valores, pero creo que atendiendo a las lecciones de la historia, valdría la pena preguntarse: ¿a qué costo?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.