OPINIÓN
La errática gestión en Nuevo León: Escasez de agua, el futuro que nos espera
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Si me pidieran hacer un top 5 de mis películas favoritas, sin lugar a duda, Mad Max: Fury Road estaría en esa lista. La trama, la banda sonora, el maquillaje, las actuaciones, y por supuesto, los efectos visuales son magníficos y desde mi criterio, es una de las galardonadas más dignas de la década pasada.
En general, la película es excelente y ciertamente no tiene desperdicio alguno, ya que, aunque se desarrolla en un ambiente postapocalíptico de ciencia ficción, me parece bastante significativo que el génesis de su argumento sea un planeta desierto en el que el control del agua, que es un producto escaso, esté en las manos de un cacique que utiliza su poder sobre su suministro, como método de chantaje y sometimiento.
Así pues, en los últimos días he tenido muy presente esta película, no tanto porque sea una de mis películas favoritas, más bien, la he tenido muy presente debido a las crisis ecológicas e hídricas que han estado sonando en las noticias y redes sociales.
Me refiero a la escasez de agua en Nuevo León, y la bomba nuclear ambiental que acecha a los habitantes de Salt Lake City en Estados Unidos, donde la desaparición del Great Salt Lake comienza a preocupar a las autoridades, ya que esto podría culminar en una total contaminación del aire alrededor de la ciudad.
En el caso de Nuevo León, la crisis de escasez de agua que ha obligado a las autoridades a implementar cortes diarios en el suministro de agua para los hogares del estado del norte ha desatado una crisis más, ya que, aunado a la pésima calidad de la poca agua que se le está entregando a los hogares, la ciudadanía se ha visto obligada a realizar compras de pánico de agua embotellada para así tratar de garantizar por su propia cuenta, el acceso a este valioso e importante recurso natural.
No obstante, y como era de esperarse, estos dos fenómenos, han desatado un efecto dominó que ha agravado esta crisis ya que, debido a las compras de pánico, los supermercados han limitado la venta de agua embotellada a dos unidades por cliente, y una consecuencia directa de esta decisión, es que se ha fomentado el ‘’mercado negro’’ de agua embotellada, la cual puedes encontrar, según algunos usuarios de Twitter, en $250 pesos la presentación de un litro.
Ahora bien, en lo que respecta a la alarmante disminución de niveles de agua en el Great Salt Lake, esta situación está gestando una bomba nuclear cuya detonación es inminente, solo que, en esta ocasión, no saldría de alguna base militar o de algún submarino en el fondo del océano, sino que sería detonada por el mismo medio ambiente.
Lo anterior se debe a que el fondo del lago (que cada vez está más expuesto) contiene alto niveles de arsénico, químico altamente tóxico, que puede terminar circulando por el aire de la región debido a las tormentas y al viento producido por estas, lo cual, tendría un fuerte impacto en el ambiente, en la economía y en la salud de todos los que habitan esa región.
De entrada, la biodiversidad del lago moriría y un sinfín de aves migratorias que se detienen en el lago cada año para alimentarse, compartirían el mismo destino, de la misma manera, la economía de la región sufriría un fuerte golpe debido a que la muy redituable extracción de magnesio y de otros minerales sería imposible y la mayoría, sino es que todos los hoteles alrededor del lago tendrían que cerrar, pero lo que es aún más grave, el aire alrededor de Salt Lake City, eventualmente se volvería tóxico, generando de esta manera que ahora los cubrebocas no sean una herramienta de defensa contra el COVID-19, sino contra la toxicidad del aire que respiramos.
Ciertamente, estos dos casos tan alarmantes se prestan mucho para la reflexión, pero en el caso específico de la crisis hídrica de Nuevo León, la situación se presta para preguntarnos seriamente cuál es el rumbo de la política ambiental en todo México, esto claro, si es que en realidad existe una política en esta materia.
Recordemos que el agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos, e interviene decisivamente en la realización de muchos procesos metabólicos, por esta razón, cualquier problema público que involucre su escasez de este recurso debe preocuparnos a todos, tanto a la ciudadanía, como a las autoridades en todos sus niveles, y a diferencia de lo que cree el joven Gobernador de Nuevo León, al que por cierto, ya le cargaron mucho las manos con tanto problema público, el agua y su gestión eficiente es un asunto que debe preocuparnos a todos sin importar colores, logos, líderes políticos o discursos.
No se trata de ver de quién es la responsabilidad, al fin y al cabo, la crisis climática no conoce la Constitución de nuestro país, y por esta razón, no podrá hacer distinciones cuando venga a cobrarnos facturas, de hecho, no le importó que se tratara del «Nuevo» Nuevo León, igual cobró una factura que se acumuló con años de malas gestiones sobre el suministro del agua, que como en Mad Max, quedó en manos de un grupo de caciques que hicieron con ella lo que quisieron y hoy someten a la población.
En ese orden de ideas, es fundamental que a partir de esta crisis que hoy afecta en gran medida a un solo estado de la república, comencemos a tomar cartas en los asuntos relativos a la gestión del agua, de tal manera que podamos estar en condiciones de diseñar políticas públicas en la materia que nos permitan revolucionar el deficiente sistema de gestión y de suministro de agua con el que contamos actualmente.
Por ello, cuando hablamos del reto de promover políticas públicas que rediseñen nuestro sistema de gestión de este valioso recurso, debemos partir, en principio, que se requiere de una visión participativa en la que las experiencias del usuario retroalimenten las decisiones de las autoridades encargadas del tema de tal forma, que sus decisiones no carezcan de perspectiva social.
Por último, esta nueva visión debe de contemplar también factores de cambio y de riesgo en la demanda de recursos naturales como lo es el constante desplazamiento de personas de áreas rurales a las ciudades, situaciones que evidentemente tienen un impacto en la capacidad instalada y de absorción de los sistemas de suministro en los que hemos venido confiando, y que al mismo tiempo, obliga a las autoridades a contar con tres herramientas fundamentales: un programa permanente de detección y control de fugas, un sistema eficiente de tratamiento de aguas residuales, y por último, un programa permanente de concientización del uso adecuado del agua por parte de los usuarios.
El cambio climático continúa tocando nuestras puertas y ante estas llamadas de atención, solo nos quedan las acciones positivas, ya no hay lugar para la indiferencia. Recordemos, el presente de Nuevo León, puede ser el futuro de todos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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