OPINIÓN
La responsabilidad de la Fiscalía de Querétaro: Justicia deportiva y justicia social
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de las noticias más sonadas en la televisión nacional y en las redes sociales en el último par de semanas no tiene nada que ver con la política en nuestro país, y aunque parezca difícil de creer, tampoco tiene nada que ver con la guerra en Ucrania o con la pandemia, sino que tiene que ver con el futbol, especialmente con el Atlas y con el Querétaro y con los hechos que tuvieron lugar en la Corregidora, cuando en el segundo tiempo del partido, se armó una trifulca en las gradas que terminó, palabras más palabras menos, en una cacería y en una masacre protagonizada por un grupo de pseudohumanos.
Como la mayoría de las noticias nacionales, ésta no fue la excepción, y fue objeto de acalorados debates en las redes sociales, que dicho sea de paso, me recordaron mucho a ese divertido meme de un joven sosteniendo un cartel que dice: “un país que le exige más a un futbolista que a un político, está condenado a ganar el próximo mundial, vamos México’’.
Estos debates llamaron mi atención no porque fueran entre aficionados del Atlas y aficionados del Querétaro, sino porque en realidad eran entre aficionados del Atlas contra aficionados del Atlas, lo cual, es un claro ejemplo de cómo muchas personas se desviaron totalmente del punto de debate sobre este tema.
De un lado de este ring, unos aficionados culpaban y satanizaban a la directiva del Atlas y los mismos jugadores por no hacer más por aquellos aficionados del equipo que desgraciadamente, se vieron inmiscuidos en un debate entre la vida y la muerte, y en el otro lado del ring, sin decir más, defendían a la directiva y a los jugadores.
Sin embargo, creo que como aficionados al futbol, en primer término, no podemos cometer el error de centrar el debate en la teoría de responsabilidad de Grupo Orlegi (que es nula) o de los jugadores del Atlas, y en segundo término, tampoco podemos esperar que la solución a la violencia en los estadios sea a través las sanciones de la Liga MX, ya que éstas son meramente deportivas y se limitan al terreno de juego.
Alrededor de los eventos que tuvieron lugar en La Corregidora hay una serie de situaciones extracancha extremadamente graves que no podemos dejar pasar por alto ya que son un evidente reflejo de la descomposición social de nuestro país.
En ese sentido, es necesario precisar que en este caso en concreto, la justicia realmente no es sancionar a los directivos del Querétaro obligándolos a vender el equipo, y mucho menos lo es impedir que la barra del Querétaro vaya al estadio durante tres años.
En este caso, no hay que buscar el hilo negro ni querer inventar el agua tibia, la verdadera justicia solamente la puede impartir el Estado a través de la Fiscalía Estatal, que aunque ha hecho un importante trabajo con 40 órdenes de aprehensión, 22 detenidos y cateos continuos, la realidad es que aun tiene un gran trabajo por delante, ya que en la masacre de La Corregidora, la responsabilidad no radica Únicamente en aquellos salvajes que agredieron a los demás aficionados, sino que también, radica en aquellos funcionarios omisos.
Debemos tener en cuenta que en México, uno de los problemas más grandes, vaya, nuestra endemia, es el alto índice de impunidad que junto a la corrupción, dañan gravemente la legitimidad y capacidad de nuestras autoridades encargadas de impartir justicia, y al mismo tiempo, con esto, logran privar a un importante número de ciudadanos de acceder a la justicia, dañando así nuestro tejido social.
Aunado a lo anterior, esto también tiene un impacto negativo en nuestra sociedad porque además de dañar el tejido social, rompe por completo con un elaborado y necesario sistema de reglas de convivencia y al fina de cuentas: ¿Por qué respetar las reglas de un juego social que nadie más parece respetar?
Todos hemos visto los videos de ese evento y creo que hasta hoy, ya hemos tenido tiempo suficiente para entender que lo sucedido fue más que una simple batalla campal, si bien es cierto que los ánimos y la rivalidad jugaron un factor importante, también lo es que hubo otra serie de detonantes, como la corrupción que permitió a la barra de Querétaro comprar a los pocos oficiales que había en el estadio y que su función era salvaguardar la integridad de todos los asistentes sin importar el color de sus playeras deportivas.
Por ello, es necesario que dejemos de preguntarnos: ¿Dónde está Orlegi? o ¿dónde están los jugadores cuando más los necesitamos?
Más bien, deberíamos preguntarnos: ¿Por qué no había elementos de seguridad suficientes en el evento? ¿Por qué los pocos elementos de seguridad que había, actuaron en contubernio con los aficionados del Querétaro?, pero sobre todo, ¿por qué el comisionado de la Liga MX autorizó el arranque del partido sin la seguridad suficiente?
La justicia debe abrazar a todos los involucrados en este evento sin excepción alguna.
Ciertamente, los agresores deben de ser encarcelados, a los afectados se les deben de resarcir los daños, pero más importante aun, tanto funcionarios municipales, como funcionarios de la Liga MX y de la directiva de Querétaro que resulten responsables de lo sucedido, deberán responder por sus actos de evidente omisión.
Ahora bien, pese a lo trágico de esta situación, hoy el Gobierno de Querétaro tiene una gran oportunidad de mandar no solo a sus ciudadanos, sino a todo el país, un verdadero ejemplo de lo que implica combatir la impunidad en México, y es desde esta instancia, desde donde se puede hacer algo para acabar no solo con la violencia en los estadios, sino también, con la violencia y la inseguridad en otros aspectos de la vida en sociedad.
La impartición de justicia y la conservación del estado de derecho mediante la seguridad y la certeza jurídica representa una de las deudas más grandes que tiene este país con sus ciudadanos, y mientras esa enorme deuda no sea saldada, continuaremos imposibilitados de gozar de paz social.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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