OPINIÓN
La responsabilidad de la Fiscalía de Querétaro: Justicia deportiva y justicia social
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de las noticias más sonadas en la televisión nacional y en las redes sociales en el último par de semanas no tiene nada que ver con la política en nuestro país, y aunque parezca difícil de creer, tampoco tiene nada que ver con la guerra en Ucrania o con la pandemia, sino que tiene que ver con el futbol, especialmente con el Atlas y con el Querétaro y con los hechos que tuvieron lugar en la Corregidora, cuando en el segundo tiempo del partido, se armó una trifulca en las gradas que terminó, palabras más palabras menos, en una cacería y en una masacre protagonizada por un grupo de pseudohumanos.
Como la mayoría de las noticias nacionales, ésta no fue la excepción, y fue objeto de acalorados debates en las redes sociales, que dicho sea de paso, me recordaron mucho a ese divertido meme de un joven sosteniendo un cartel que dice: “un país que le exige más a un futbolista que a un político, está condenado a ganar el próximo mundial, vamos México’’.
Estos debates llamaron mi atención no porque fueran entre aficionados del Atlas y aficionados del Querétaro, sino porque en realidad eran entre aficionados del Atlas contra aficionados del Atlas, lo cual, es un claro ejemplo de cómo muchas personas se desviaron totalmente del punto de debate sobre este tema.
De un lado de este ring, unos aficionados culpaban y satanizaban a la directiva del Atlas y los mismos jugadores por no hacer más por aquellos aficionados del equipo que desgraciadamente, se vieron inmiscuidos en un debate entre la vida y la muerte, y en el otro lado del ring, sin decir más, defendían a la directiva y a los jugadores.
Sin embargo, creo que como aficionados al futbol, en primer término, no podemos cometer el error de centrar el debate en la teoría de responsabilidad de Grupo Orlegi (que es nula) o de los jugadores del Atlas, y en segundo término, tampoco podemos esperar que la solución a la violencia en los estadios sea a través las sanciones de la Liga MX, ya que éstas son meramente deportivas y se limitan al terreno de juego.
Alrededor de los eventos que tuvieron lugar en La Corregidora hay una serie de situaciones extracancha extremadamente graves que no podemos dejar pasar por alto ya que son un evidente reflejo de la descomposición social de nuestro país.
En ese sentido, es necesario precisar que en este caso en concreto, la justicia realmente no es sancionar a los directivos del Querétaro obligándolos a vender el equipo, y mucho menos lo es impedir que la barra del Querétaro vaya al estadio durante tres años.
En este caso, no hay que buscar el hilo negro ni querer inventar el agua tibia, la verdadera justicia solamente la puede impartir el Estado a través de la Fiscalía Estatal, que aunque ha hecho un importante trabajo con 40 órdenes de aprehensión, 22 detenidos y cateos continuos, la realidad es que aun tiene un gran trabajo por delante, ya que en la masacre de La Corregidora, la responsabilidad no radica Únicamente en aquellos salvajes que agredieron a los demás aficionados, sino que también, radica en aquellos funcionarios omisos.
Debemos tener en cuenta que en México, uno de los problemas más grandes, vaya, nuestra endemia, es el alto índice de impunidad que junto a la corrupción, dañan gravemente la legitimidad y capacidad de nuestras autoridades encargadas de impartir justicia, y al mismo tiempo, con esto, logran privar a un importante número de ciudadanos de acceder a la justicia, dañando así nuestro tejido social.
Aunado a lo anterior, esto también tiene un impacto negativo en nuestra sociedad porque además de dañar el tejido social, rompe por completo con un elaborado y necesario sistema de reglas de convivencia y al fina de cuentas: ¿Por qué respetar las reglas de un juego social que nadie más parece respetar?
Todos hemos visto los videos de ese evento y creo que hasta hoy, ya hemos tenido tiempo suficiente para entender que lo sucedido fue más que una simple batalla campal, si bien es cierto que los ánimos y la rivalidad jugaron un factor importante, también lo es que hubo otra serie de detonantes, como la corrupción que permitió a la barra de Querétaro comprar a los pocos oficiales que había en el estadio y que su función era salvaguardar la integridad de todos los asistentes sin importar el color de sus playeras deportivas.
Por ello, es necesario que dejemos de preguntarnos: ¿Dónde está Orlegi? o ¿dónde están los jugadores cuando más los necesitamos?
Más bien, deberíamos preguntarnos: ¿Por qué no había elementos de seguridad suficientes en el evento? ¿Por qué los pocos elementos de seguridad que había, actuaron en contubernio con los aficionados del Querétaro?, pero sobre todo, ¿por qué el comisionado de la Liga MX autorizó el arranque del partido sin la seguridad suficiente?
La justicia debe abrazar a todos los involucrados en este evento sin excepción alguna.
Ciertamente, los agresores deben de ser encarcelados, a los afectados se les deben de resarcir los daños, pero más importante aun, tanto funcionarios municipales, como funcionarios de la Liga MX y de la directiva de Querétaro que resulten responsables de lo sucedido, deberán responder por sus actos de evidente omisión.
Ahora bien, pese a lo trágico de esta situación, hoy el Gobierno de Querétaro tiene una gran oportunidad de mandar no solo a sus ciudadanos, sino a todo el país, un verdadero ejemplo de lo que implica combatir la impunidad en México, y es desde esta instancia, desde donde se puede hacer algo para acabar no solo con la violencia en los estadios, sino también, con la violencia y la inseguridad en otros aspectos de la vida en sociedad.
La impartición de justicia y la conservación del estado de derecho mediante la seguridad y la certeza jurídica representa una de las deudas más grandes que tiene este país con sus ciudadanos, y mientras esa enorme deuda no sea saldada, continuaremos imposibilitados de gozar de paz social.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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