OPINIÓN
Las tragedias en 19 colonias zapopanas, un panorama incierto
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Desde que inició la pandemia, tratar cualquier asunto público se ha convertido en todo un reto, puesto que muchos temas de ‘’relevancia’’ solamente son atendidos cuando son noticia, y automáticamente son absorbidos en su totalidad por la pandemia, en este caso, por la tercera ola de COVID-19 y sus variantes que amenazan con poner al mundo de cabeza una ocasión más.
Aunque la pandemia y su tercera ola son asuntos de gran relevancia a los que nuestras autoridades, en todos los niveles, deben dedicarles tiempo y atención, no podemos cometer el error de creer que los demás problemas que rodean a la ciudadanía no son importantes o bien, que estos son capaces de pausar sus afectaciones en lo que el resto del país lidia con el COVID-19.
Por eso, el día de hoy quiero dar espacio a un caso que lamentablemente, parece que ha sido sentenciado al olvido (o al menos eso parece): las afectaciones que sufrieron alrededor de 19 colonias de la zona aledaña al Cerro del Collí, en Zapopan, Jalisco, esto debido a los desbordamientos del arroyo El Seco los días 24 y 25 de Julio.
Aunque me gustaría poder escribir todas y cada una de estas historias, la verdad es que probablemente las páginas de esta edición de Conciencia Pública no ajustarían, así hoy trataré de exponerles un par de casos que me parecen significativos; uno de ellos, un ejemplo importante de colectividad y unión que tuve la oportunidad de vivir, y el otro, que aunque también es colectivo, en esta ocasión, me lo transmite un vecino de la Colonia Miramar, con el que he tenido la oportunidad de coincidir.
El primer caso corresponde a una visita que pude realizar a la colonia El Tizate, ahí tuve la oportunidad de reunirme con líderes de la zona, que en representación de sus vecinos, expresaron sus necesidades y además, explicaron los daños que habían producido las lluvias en las viviendas que comparten entre 2 o 3 familias.
En esta ocasión, se logró armar una interesante y solidaria red de apoyo entre vecinos a través de la cual se distribuyó comida, menaje, ropa y otras herramientas que pudieran serles de utilidad para enfrentar la catástrofe.
El segundo de los casos, me lo compartió Alan Aranda Sandoval con quien tuve la oportunidad de platicar e interactuar un poco a través de Twitter el miércoles pasado. Una vez entrados en confianza, Alan me comentó, que él, al igual que muchos vecinos, tuvo que desalojar su casa desde la noche del 24 de julio, posterior a esto, un dictamen de Protección Civil, terminó por confirmar que su casa era inhabitable, aunado a esto, su vehículo fue valuado como pérdida total y prácticamente todo lo que estaba dentro de su hogar, también se perdió.
De esta manera y de la noche a la mañana, la vida de Alan dio un giro total y quedó hundido en un estado de total incertidumbre.
No obstante, la adversidad no le impidió ni a Alan ni al resto de sus vecinos, organizarse en torno al bien común de su comunidad, y tras varias reuniones con los demás vecinos de colonias afectadas por estos desbordamientos, y debido a las complicaciones que prevalecen en la zona, tomaron la decisión de realizar un pliego petitorio en el que expresan algunas problemáticas acompañadas de una serie de propuestas que ellos consideraron justas y necesarias, y además, solicitan la instalación de una comisión transitoria para la atención a las personas afectadas por ésta, y por las próximas inundaciones.
Asimismo, en la integración de esta comisión, los vecinos solicitaron que ésta fuera integrada por la Coordinación General de Servicios Públicos, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, un regidor de cada fracción edilicia, 3 representantes de las zonas afectas, entre otros.
Aunado a esto, y ante el abandono, y la falta de mantenimiento de los gaviones que ahora son usados como tiraderos de basura clandestinos, debido a la falta de vigilancia en los mismos, así como la falta de mantenimiento e infraestructura adecuada de los Arroyo Seco y El Garabato, también propusieron la reactivación de una caseta de acceso al área de los gaviones y que se continúe con el proyecto inconcluso del parque lineal en las inmediaciones del Arroyo Seco.
De la misma manera, señalaban una mala administración en la entrega de apoyos, así como falta de transparencia en la misma, por lo que solicitaban mayor coordinación entre las autoridades y los comités vecinales para entregar listados levantados por Protección Civil, para así socializarlos y validarlos con los vecinos.
Definitivamente, creo que de esta iniciativa ciudadana podemos destacar muchas cosas, pero creo que más allá de las propuestas y/o peticiones en sí, probablemente deberíamos voltear a ver dos puntos importantes: primero, el valor que representa para la sociedad cuando una colectividad se une en aras al bien común y segundo, cómo es que en realidad muchas posturas políticas y discursos que se han empleado durante unos años no pasan de la demagogia.
¿A qué me refiero con lo anterior? Bueno, me refiero a que durante mucho tiempo, nos han hablado de la importancia de la participación ciudadana y muchos políticos han hablado del valor que tiene construir gobiernos y agendas públicas de la mano de los ciudadanos, pero cuando llega el momento de hacerlo, pareciera ser más sencillo desechar las propuestas ciudadanas, tal y como sucedió en esta ocasión.
A su vez, lo que es igual de preocupante es que desde que salieron a la luz las imágenes de estas catástrofes, las redes sociales no cesaron de emitir comentarios culpabilizando a los vecinos de las zonas afectadas de su trágico destino, hoy me queda claro que no imaginamos el impacto social y psicológico que tiene para los afectados por este tipo de catástrofes naturales, el hecho de que las voces de la sociedad, les digan que esa situación a la que se enfrentan es única y exclusivamente por su culpa, dándoles a entender de una forma u otra, que se ganaron esas tragedias.
Como lo comenté, probablemente no me ajusten las páginas de Conciencia Pública para poder hablar sobre estos casos que reflejan la realidad de un importante número no solo de zapopanos y jaliscienses, sino de mexicanos, por eso, para concluir me gustaría cerrar con las siguientes ideas que además de ser ad hoc al caso en concreto, creo que deberían de servir como guía para el político mexicano moderno.
Michale Sandel, en su libro La tiranía del mérito señala que en la medida en que nos concebimos como seres hechos a sí mismos y autosuficientes, más difícil resulta aprender gratitud y humildad, y también añade que sin estos dos valores, cuesta mucho preocuparse por el bien común.
En ese orden de ideas, es necesario reconocer que señalar a los vecinos de esas zonas, producen agravios morales y culturales, que atañen a la estima social.
Por último, la clase política está en una crisis, y hoy más que nunca, se debe entender que lo que necesita caracterizar a los políticos en tiempos de polarización debe de ser la solidaridad y sus vínculos estrechos con la ciudadanía, porque ahí se encuentra la clave para la unión.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco amplía protocolo de choques lamineros para agilizar tránsito y reducir riesgos
Lanzan «Presente Profe», plataforma para que docentes se apoyen entre sí
Jóvenes de Zapopan usarán TikTok para dar la batalla contra la corrupción
Evalúan a Gerardo Quirino como el mejor alcalde de Jalisco: «El compromiso es con la gente»
