OPINIÓN
Las tragedias en 19 colonias zapopanas, un panorama incierto
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Desde que inició la pandemia, tratar cualquier asunto público se ha convertido en todo un reto, puesto que muchos temas de ‘’relevancia’’ solamente son atendidos cuando son noticia, y automáticamente son absorbidos en su totalidad por la pandemia, en este caso, por la tercera ola de COVID-19 y sus variantes que amenazan con poner al mundo de cabeza una ocasión más.
Aunque la pandemia y su tercera ola son asuntos de gran relevancia a los que nuestras autoridades, en todos los niveles, deben dedicarles tiempo y atención, no podemos cometer el error de creer que los demás problemas que rodean a la ciudadanía no son importantes o bien, que estos son capaces de pausar sus afectaciones en lo que el resto del país lidia con el COVID-19.
Por eso, el día de hoy quiero dar espacio a un caso que lamentablemente, parece que ha sido sentenciado al olvido (o al menos eso parece): las afectaciones que sufrieron alrededor de 19 colonias de la zona aledaña al Cerro del Collí, en Zapopan, Jalisco, esto debido a los desbordamientos del arroyo El Seco los días 24 y 25 de Julio.
Aunque me gustaría poder escribir todas y cada una de estas historias, la verdad es que probablemente las páginas de esta edición de Conciencia Pública no ajustarían, así hoy trataré de exponerles un par de casos que me parecen significativos; uno de ellos, un ejemplo importante de colectividad y unión que tuve la oportunidad de vivir, y el otro, que aunque también es colectivo, en esta ocasión, me lo transmite un vecino de la Colonia Miramar, con el que he tenido la oportunidad de coincidir.
El primer caso corresponde a una visita que pude realizar a la colonia El Tizate, ahí tuve la oportunidad de reunirme con líderes de la zona, que en representación de sus vecinos, expresaron sus necesidades y además, explicaron los daños que habían producido las lluvias en las viviendas que comparten entre 2 o 3 familias.
En esta ocasión, se logró armar una interesante y solidaria red de apoyo entre vecinos a través de la cual se distribuyó comida, menaje, ropa y otras herramientas que pudieran serles de utilidad para enfrentar la catástrofe.
El segundo de los casos, me lo compartió Alan Aranda Sandoval con quien tuve la oportunidad de platicar e interactuar un poco a través de Twitter el miércoles pasado. Una vez entrados en confianza, Alan me comentó, que él, al igual que muchos vecinos, tuvo que desalojar su casa desde la noche del 24 de julio, posterior a esto, un dictamen de Protección Civil, terminó por confirmar que su casa era inhabitable, aunado a esto, su vehículo fue valuado como pérdida total y prácticamente todo lo que estaba dentro de su hogar, también se perdió.
De esta manera y de la noche a la mañana, la vida de Alan dio un giro total y quedó hundido en un estado de total incertidumbre.
No obstante, la adversidad no le impidió ni a Alan ni al resto de sus vecinos, organizarse en torno al bien común de su comunidad, y tras varias reuniones con los demás vecinos de colonias afectadas por estos desbordamientos, y debido a las complicaciones que prevalecen en la zona, tomaron la decisión de realizar un pliego petitorio en el que expresan algunas problemáticas acompañadas de una serie de propuestas que ellos consideraron justas y necesarias, y además, solicitan la instalación de una comisión transitoria para la atención a las personas afectadas por ésta, y por las próximas inundaciones.
Asimismo, en la integración de esta comisión, los vecinos solicitaron que ésta fuera integrada por la Coordinación General de Servicios Públicos, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, un regidor de cada fracción edilicia, 3 representantes de las zonas afectas, entre otros.
Aunado a esto, y ante el abandono, y la falta de mantenimiento de los gaviones que ahora son usados como tiraderos de basura clandestinos, debido a la falta de vigilancia en los mismos, así como la falta de mantenimiento e infraestructura adecuada de los Arroyo Seco y El Garabato, también propusieron la reactivación de una caseta de acceso al área de los gaviones y que se continúe con el proyecto inconcluso del parque lineal en las inmediaciones del Arroyo Seco.
De la misma manera, señalaban una mala administración en la entrega de apoyos, así como falta de transparencia en la misma, por lo que solicitaban mayor coordinación entre las autoridades y los comités vecinales para entregar listados levantados por Protección Civil, para así socializarlos y validarlos con los vecinos.
Definitivamente, creo que de esta iniciativa ciudadana podemos destacar muchas cosas, pero creo que más allá de las propuestas y/o peticiones en sí, probablemente deberíamos voltear a ver dos puntos importantes: primero, el valor que representa para la sociedad cuando una colectividad se une en aras al bien común y segundo, cómo es que en realidad muchas posturas políticas y discursos que se han empleado durante unos años no pasan de la demagogia.
¿A qué me refiero con lo anterior? Bueno, me refiero a que durante mucho tiempo, nos han hablado de la importancia de la participación ciudadana y muchos políticos han hablado del valor que tiene construir gobiernos y agendas públicas de la mano de los ciudadanos, pero cuando llega el momento de hacerlo, pareciera ser más sencillo desechar las propuestas ciudadanas, tal y como sucedió en esta ocasión.
A su vez, lo que es igual de preocupante es que desde que salieron a la luz las imágenes de estas catástrofes, las redes sociales no cesaron de emitir comentarios culpabilizando a los vecinos de las zonas afectadas de su trágico destino, hoy me queda claro que no imaginamos el impacto social y psicológico que tiene para los afectados por este tipo de catástrofes naturales, el hecho de que las voces de la sociedad, les digan que esa situación a la que se enfrentan es única y exclusivamente por su culpa, dándoles a entender de una forma u otra, que se ganaron esas tragedias.
Como lo comenté, probablemente no me ajusten las páginas de Conciencia Pública para poder hablar sobre estos casos que reflejan la realidad de un importante número no solo de zapopanos y jaliscienses, sino de mexicanos, por eso, para concluir me gustaría cerrar con las siguientes ideas que además de ser ad hoc al caso en concreto, creo que deberían de servir como guía para el político mexicano moderno.
Michale Sandel, en su libro La tiranía del mérito señala que en la medida en que nos concebimos como seres hechos a sí mismos y autosuficientes, más difícil resulta aprender gratitud y humildad, y también añade que sin estos dos valores, cuesta mucho preocuparse por el bien común.
En ese orden de ideas, es necesario reconocer que señalar a los vecinos de esas zonas, producen agravios morales y culturales, que atañen a la estima social.
Por último, la clase política está en una crisis, y hoy más que nunca, se debe entender que lo que necesita caracterizar a los políticos en tiempos de polarización debe de ser la solidaridad y sus vínculos estrechos con la ciudadanía, porque ahí se encuentra la clave para la unión.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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