OPINIÓN
López Obrador y nuestra maldición gitana
Serendipity, por Benjamín Mora Gómez //
Daniel Eskibel nos habla de defender el poder, conquistar el poder, luchar contra el poder, ejercer el poder, destruir el poder, negar el poder, descentralizar el poder… el poder obsesiona y, a veces, enferma hasta volverse patológico llegando a ser la vida misma para quien lo pretende.
Al hablar del poder no solo nos referimos a una relación social sino por, sobre todo, a ese algo estructurante de la subjetividad y la intersubjetividad, profundamente emocional.
En el poder, el carisma es importante al intentar conquistar, pero lo es más a la hora de gestionarlo y ejercerlo. Cuando se intenta conquistar, la inteligencia social del político se hace esplendorosa; al ejercer el poder, a veces, se vuelve torpe.
Hace unos días estuvo en Jalisco, Alejandro Moreno, presidente el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional; se reunió con quienes ejercen la política-política, y olvidó a quienes han hecho realidad la política pública. Alejandro Moreno deberá comprender que el poder se gana en las calles, pero se refrenda por pueblo satisfecho con el ejercicio hecho gobierno.
El refranero mexicano parece olvidado, pero, aun así, sus verdades son pequeñas biblias. De ellos quiero recordar un dicho: “Lo que no has de querer, en tu casa has de tener.”
Morena -el partido del presidente- es como un barco que navega según el criterio de su capitán, sin una ruta de viaje que contenga rumbo y destino bien conocidos. Con su pretendida Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador encalla en cualquier risco o bajo de arena.
Hoy, la Cuarta Transformación vuelve a hacer de la suyas a través de sus diputados federales que reviven las tiendas de raya de tiempos de Porfirio Díaz, al aprobar una iniciativa de ley, según la cual, los empleadores podrán descontar deudas bancarias de forma directa del sueldo de sus trabajadores.
Al presidente le fallan sus querencias: Sus hermanos fueron filmados mientras recibían dineros indebidos durante su campaña electoral; Delfina Gómez arrancó sueldos a sus trabajadores municipales para formar su guardadito político; Andrés Manuel López Beltrán -su hijo- le salió con aspiraciones de niño burgués, y sus diputados federales ahora resultaron porfiristas, días previos a su consulta de ratificación de mandato. Al presidente, y quizá a México, les hace falta una mañanera desde Catemaco, Veracruz, donde Lord Molécula y sus demás arrastrados se queden en la Ciudad de México con sus malas vibras, e inviten al Brujo Mayor “Jaguar Negro” para que las cosas le empiecen a mejorar, claro, antes deberá ponerse a trabajar.
Tenemos a un presidente incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales y carente de voluntad. Desde sus miedos al ejercicio responsable de su cargo, López Obrador se justifica echándole la culpa a un pasado que cada día le queda más lejos.
El dicho “Lo que no has de querer, en tu casa has de tener” hace alusión a esas cosas que no quieres que te pasen pero que te suceden cuando menos esperas y al presidente se le acumulan.
No me siento ni medianamente satisfecho con los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también soy de quienes no quieren que se vaya y deje en sus diputados la elección de quién lo supla. El presidente es una maldición para México. Cada día se inventa una nueva forma de destruir al país. Su incompetencia no tiene límites.
El comer ansias con la salida anticipada del presidente López Obrador nos puede mandar a la tumba social, ambiental, económica y política.
Estamos a unos días de que el Instituto Nacional Electoral nos consulte si queremos que López Obrador se quede o se vaya, y llama la atención que ni los astros ni sus diputados se le alinean. El presidente no se ayuda ni a sí mismo; va de tumbo en tumbo, y ahora, ni sus borreguitos -no es insulto- cuaternarios -es definición- le ayudan. Soy de quienes creen que el presidente debe terminar su mandato y luego irse a La Chingada, en su rancho en Tabasco.
Se atribuye a Oscar Wilde, pero también a la antigua sabiduría china, la frase “Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir”, y desear que se quede o vaya puede ser igual de malos.
A López Obrador le gusta huir de la realidad. Sus otros datos así lo demuestran. Aspiró a la presidencia de la República y por ello fue aspiracionista que ahora critica. En aquellos años nunca se imaginó las complejidades de ser presidente y quizá por ello su pereza creció de manera desmedida. No puede más, lo ha dicho… no podemos más, otros lo creemos.
Éste no es un gobierno sincero. Los gobiernos anteriores tampoco lo fueron en la medida que deseábamos y quizá merecemos. Ser sincero tiene que ver con la honestidad y valía personal. La honestidad brilla por su ausencia, y lo que hay ni es honesto ni menos valiente.
México me duele y Andrés me cansa. Ya es hora de ponerse a trabajar, aunque se canse y quiera irse antes.
En política se muere en la raya o mejor no se entra.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
