OPINIÓN
México y su gesta petrolera
Opinión, por Pedro Vargas //
El oro negro ha sido protagónico en la historia contemporánea de México. Su página estelar la registró con la Constitución Política de 1917, cuando se estableció que ese y otros productos del subsuelo eran de la Nación.
Esto disgustó a nuestros vecinos y otras potencias, sin embargo tras vicisitudes que se sortearon por veinte años, finalmente se dejó bien asentado que el petróleo y especialmente las instalaciones explotadoras, pertenecían a México, lo cual sucedió con el Gral. Lázaro Cárdenas cuando llevó a cabo la expropiación el 18 de marzo de 1938; la efeméride se conmemora anualmente como un ejemplo de la defensa de la soberanía nacional.
Desde esa época, la compañía creada por el gobierno nacional para manejar el petróleo mexicano (PEMEX) ha tenido sus altibajos. Si bien las aportaciones de esa empresa pública para el desarrollo de nuestro país, han sido cuantiosas, lo cierto es que las administraciones federales no supieron o no quisieron aplicarlas con eficiencia. Por el contrario, dentro del organismo se gestaron innumerables actos de corrupción, lo cual ocasionó a partir de los años ochenta del siglo pasado, tras notables avances del ramo, un lamentable atraso en la industria petrolera y de carambola, por la importancia de los hidrocarburos y la petroquímica, lamentables rezagos en toda la vida económica de la República.
Tres son los principales factores que sumados casi arruinaron a PEMEX: a) los perniciosos gobiernos federales, que lo exprimieron, petrolizando la economía nacional; b) los ineptos (salvo honrosas excepciones) dirigentes de la petrolera, a la cual saquearon de todas las formas posibles; y c) el auspiciamiento de un sindicato corrupto cuyos líderes se dedicaron con espíritu de rapiña insaciable, a descalabrar la compañía. Ésta resistió porque desde los tiempos de Salinas de Gortari, hasta el sexenio decepcionante de Vicente Fox, la producción fue elevada y los precios del crudo, muy altos. Incluso en la administración de Felipe Calderón se hizo el intento de crear una nueva refinería (desde décadas atrás solo había seis) y tras estruendosa publicidad, todo fue un fiasco.
En los últimos 14 años, PEMEX fue decayendo notablemente, y como la corrupción se había enseñoreado desde lustros atrás, para saciar a los factores antedichos se echó mano de los préstamos. En consecuencia la deuda creció de manera abusiva, al tiempo que la producción caía estrepitosamente: de los más de tres millones de barriles diarios, a precios mayores de cien dólares, ahora apenas se llegaba a un millón seiscientos mil barriles a precios que llegaron a rosar los treinta dólares por barril. Se hicieron pésimos negocios, como la compra de plantas chatarra de fertilizantes de Agro Nitrogenados y Grupo Fertinal, adquiridas con sobreprecio, lo que implicó el desfalco de unos 1.325 millones de dólares.
Para ese entonces se había anunciado una dizque reforma energética, que finalmente fue fallida y para 2018, el panorama petrolero mexicano era lo más cercano al caos y la quiebra.
A partir del uno de diciembre de ese año, la nueva administración federal se avocó a rehabilitar las plantas refinadoras que estaban en ruinas, a construir una nueva (Dos Bocas) con el fin de recobrar la soberanía en hidrocarburos lo más pronto posible. En este mes de abril, se ha anunciado que se detuvo el decaimiento de producción del petróleo y ahora se incrementa. Pero en eso vino el zarpazo de la pandemia del temible coronavirus, que junto a controversias entre los grandes productores del oro negro, echaron por la borda los precios internacionales, que llegaron a rozar los 10 dólares por barril.
Los seguros previamente contratados por la autoridad hacendaria mexicana, para garantizar fenómenos como el de este derrumbe, han permitido soportar esta debacle. Y por fin vino la discusión entre los once miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo Y la OPEP PLUS) a la cual México asiste sin ser parte, pero en atención a un convenio firmado en 2016, junto a otros entre los que están Estados Unidos y Rusia, que en total son 23 países. Los acuerdos para reducción de la producción a efecto de estabilizar los precios del petróleo, pronto se tenían listos, pero había la salvedad de México, que no quiso aceptar la reducción del 23%, sino que solo ofrecía por su especial problemática, disminuir cien mil barriles diarios. La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó las circunstancias peculiares de PEMEX, y con destreza sostuvo la posición mexicana; las negociaciones se estancaban y en tales circunstancias, hubo necesidad de que interviniera directamente el presidente López Obrador, quien logró el apoyo del mandatario estadounidense, logrando que hubiese el acuerdo multilateral y que México solo rebajara la cantidad de cien mil barriles diarios de petróleo. Innegablemente un gran triunfo, a tal grado que los árabes y el mismísimo Trump reconocieron la táctica como tremendamente exitosa.
Solo los necios no podrán reconocer que este paso fue muy favorable para el país: ahora esos dolidos críticos arguyen que cuál fue el precio de la ayuda de Trump, sin reconocer que AMLO ha sido muy hábil para mantener su relación con ese difícil mandatario.
Al margen, lo que resta es echarle todos los kilos a la rehabilitación de las seis refinerías, que ya producen pero deben pronto llegar al máximo, junto a la nueva de Dos Bocas. Y que se resuelvan los casos de las plantas chatarras, a la par que se debe también enderezar el sindicato petrolero. Por lo pronto, el precio de nuestra mezcla de petróleo, se ha ido revalorando y con ello PEMEX continuará su marcha hacia su recuperación y el país, se encaminará rumbo a la autosuficiencia energética, lo cual es requisito para la viabilidad nacional y el logro de mejores niveles de vida para los mexicanos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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