OPINIÓN
Morir y vivir viejo en tiempos del COVID-19: Prohíben venderles comida a los mayores
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Me enseñaron que el hombre debe cuidar de la mujer que ama y tiene por esposa; que debe cuidar de los suyos y que la vida de ella y ellos están por encima de la propia, y que su bienestar nos dignifica como esposos, compañeros, padres y hombres… pero qué hacer cuando el gobernante nos limita y confina en razón de la pandemia por el Covid-19, supuestamente por nuestro bien y vida.
¿Acaso debemos acatar la orden impuesta por el gobernador o tenemos el derecho –y la obligación moral y ética- de oponernos si de por medio va el trabajar para tener con qué ir al súper por comida, a la farmacia por medicamentos…?
Mi padre me insistía: Vivir con miedo a la vida es morir mil veces en vida porque nos paraliza.
Los gobiernos en el mundo no han comprendido que el Covd-19 nos mata de dos maneras: una de ellas es por asfixia y la otra por la pérdida de la ilusión que nos daba aquella vida en que todos nuestros sueños eran posibles, aun siendo viejos, saliendo a su encuentro en el espacio de convivencia con los nuestros y los demás.
En medio de la pandemia, toda noticia nos parece mala o insuficientemente buena. Aun con las vacunas no se consigue ver luz en este túnel de contagios… la espera será larga y el virus mutará mil veces antes de que me toque en suerte ser vacunado.
En medio de la pandemia, los gobernantes, idealmente, nos hacen huir constantemente, porque no hay otro camino, del sufrimiento posible de no poder respirar con normalidad y morir por asfixia, aunque sea el propio gobierno quien actúe de forma irresponsable y no se cuide, como sucede con el presidente de México. La esquizofrenia gubernamental provoca una esquizofrenia social agravada.
Decía Carl Gustav Jung “Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma”. Debemos aceptar la vida tal cuál nos va llegando para convertirnos en quién elegimos llegar a ser. De eso se trata la libertad, de elegir, amar y cuidar aun dando nuestra vida, ofreciéndonos.
No puedo cambiar la realidad Covi-19 y por ello la acepto, no con resignación y sí con responsabilidad para conmigo, para con los míos y para con los demás. Ir en contra de ello, supondría un desgaste emocional que me mataría el alma ante de herir a mi cuerpo hasta la muerte. Si esto me tocó vivir, debo descubrir aquellas fortalezas emocionales que ya tengo en mi y tomarlas como mis escudos y armas de vida.
Decía un amigo sacerdote que la primera causa de la pobreza es la mentira del gobernante que engaña y se engaña para no responder a tan alto reto; en ese sentido, la primera causa de las muertes por el Covid-19 está en las mentiras del gobernante que, ante su ignorancia científica, dicta políticas sin sentido, sin vocación de atención y sin comprender la realidad de miles y miles de hombres y mujeres que morirían de inanición si aceptaran confinarse. Los gobernantes no aciertan en sus políticas porque no sienten al ritmo de los mismos latidos del pueblo al que debieran servir, y nadie sirve, decía mi madre, si antes no comprende.
En Jalisco, el gobernador apretó el botón rojo del confinamiento a mayores de 60 años y limitó las actividades económicas no esenciales, dejándonos en el limbo del absurdo a quienes tenemos más de 60 años. El gobernante nos prohíbe salir y atender nuestras necesidades de trabajo para ganar algo de dinero para comprar lo que sí es esencial para sobrevivir.
De niño, cuando algunas frases que escuchamos se nos quedaron grabadas como la impronta en las aves, se me dijo que el hombre debía de salir de casa, temprano, para conseguir el pan que iría a nuestras mesas. Yo lo creo y lo cree mi esposa. Así es el entendimiento de nuestros roles en nuestra familia.
Por ello, mi esposa espera que yo genere y lleve el dinero a casa, que ella administrará, con sabiduría, para que podamos pagar luz, agua, medicamentos, alimentos, prediales del inicio de año, y que nadie más nos resolverá porque nadie más tiene la obligación de atenderlos.
Que quede claro, no todo en la vida es hacer aquello que nos gusta y no por ello podemos frustrarnos, y nadie, ni el gobierno, ni el virus de hoy, puede impedir nuestro papel de hombres y mujeres en sociedad, en familia, en la vida. Debo sí, saberme cuidar y ser responsable; si quiero y debo llevar dinero a mi casa para mi esposa, también quiero y debo asegurarme que, al irnos a descansar, ella se duerma tranquila al saberse sana y protegida.
Wayne W. Dyer escribe en su libro Tus zonas erróneas: “Solamente existe un momento en el que puedes experimentar algo y ese momento es ahora». Centro mi momento en lo que hoy vivo con en mi esposa y los míos. No me expongo más allá de lo que no puedo controlar y me cuido por amor, no por temor.
Una vez, alguien me preguntó sobre qué hacia mi esposa. Yo le respondí: Ella cuida de mi como yo cuido de ella. Toda mi vida la determino conforme a cómo me sentiré tras cada decisión tomada y cada acción emprendida, o cada omisión resuelta. Comprendo y asumo todo en razón del amor a los míos y a mi vida, y no al mero resultado de lo que otros, ajenos a mi vida me señalen, y menos del gobernante que lo será por un breve tiempo. Soy consciente de mí y de quienes tengo cerca que son los míos. Jamás me justifico porque jamás dejo en otros lo que me corresponde decidir y hacer.
La vida implica disciplina y uso inteligente y amoroso de ese tiempo; no olvidemos, que nuestra vida es lo que de ella recordamos y lo que los demás recuerdan de nosotros en convivencia con ellos. Una vida vivida con temor y sojuzgada, por otros o por mis temores, no merece vivirse ni recordarse.
Así pues, seguiré cuidando de mi esposa y amando sus cuidados de ella por mí. Si muero en ese proceso, la muerte justificará la vida eterna que me aguarda en el amor de Dios. No me confinaré más allá de lo que me permita cumplir con mi esposa cuando le pedí fuese mi compañera de vida: Cuidarla, amarla y aceptarla como mujer. Siempre deberé ser el hombre que merezca a una mujer tan extraordinaria como lo es mi esposa. Siempre saldré a buscar el dinero que nos haga vivir con dignidad y, a casa, jamás entrará un dinero que no merezca por mi trabajo. Por ello, saldré adelante con Covid o sin él. La vida es buena y el coronavirus no la vencerá.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
