OPINIÓN
Mujeres
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Para despecho de muchos de los creyentes en la 4T la verdadera gran transformación de México no emerge de la esfera gubernamental, mucho menos del iluminado primer transformador. El 9M ha sido un movimiento espontáneo de las mujeres, dolidas, hartas, encolerizadas por la violencia en su contra, y la manifiesta impunidad que campea en nuestro país.
La Ciudad de México, epicentro natural de inquietudes ciudadanas, ha sido el escenario en el que se ha presentado la inconformidad femenina más evidente. Manifestaciones múltiples y multitudinarias, siempre con detonantes específicos: violaciones cometidas por policías y familiares, asesinatos con saña, asesinadas por sus parejas, autoridades que no protegen a víctimas de acoso y violencia intrafamiliar, jueces que recalifican delitos y dejan en libertad a sus agresores y agravios a su condición de mujer, solapados, alentados, festejados por una sociedad que no logra desprenderse de prejuicios atávicos de formación machista o su versión menor de privilegio a la masculinidad.
“Las brujas del mar,” un colectivo así llamado, convocó a un día sin mujeres, para que podamos valorar su ausencia y esta convocatoria ha movido a toda la nación. Al llamado se han sumado la totalidad de las corrientes feministas para respaldar la lucha social contra la violencia y la victimización de las mujeres. Estas adhesiones han dado lugar a que, desde la cúspide del gobierno federal se intente descalificar al movimiento, enceguecidos por su paranoia y visión sectaria. Otros sectores, esos sí conservadores, tratan de confundir el objetivo de la lucha y difunden que se trata de favorecer el aborto y argumentan otras sandeces por el estilo.
No se confundan, ni nos confundamos todos, el 9 de marzo se trata de significar la ausencia de las mujeres, es decir, la ausencia de las vivas para magnificar la presencia de las que ya no están, de las víctimas de la violencia injustificable e intolerable.
Así sin personalizar, generalizando, porque no se trata solo de exigir justicia para Fátima o Ingrid, o las más de mil que han muerto en un año, sino de reivindicar un lugar en la sociedad, en la cultura, en los hechos cotidianos. No basta que en las leyes se proclame la igualdad de derechos, o se decrete la paridad en puestos directivos y de elección popular, si esto se niega en el comportamiento. Tampoco es suficiente que se aumenten penas y se configuren delitos agravados en razón del sexo.
Debemos entender que la manifestación de ausencia este 9 de marzo, es por el reclamo de una verdadera transformación social, que pasa por todo el cuerpo de leyes e instituciones, pero también por la erradicación de las conductas misóginas y discriminatorias. Es un llamado a una revolución cultural, moral y religiosa, en una sociedad repleta de atavismos a la que hay que sacudir para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde.
La espontaneidad de este movimiento, y el respaldo social que ha provocado, en contra de los feminicidios solicitando mayor presencia del estado en su prevención y combate, muestra la profundidad del reclamo y la improrrogable necesidad de atenderlo en todas sus aristas y en todos los niveles. Adjudicar intenciones políticas a este clamor revela la limitada y sectaria imaginación de un gobierno que no se da cuenta que esta es la verdadera cuarta transformación.
Este es el rumbo que la sociedad quiere para su transformación, y si el gobierno no lo quiere ver, allá él y su miopía.
Habrá quien piense que se está sobredimensionando este llamado, pero no es así. Aún sin realizarse este paro femenino ya dominó la discusión pública, y se ha impuesto en la agenda incluso por encima de la pretensión gubernamental de hacer prevalecer sus temas de interés. Nos ha llevado a una reflexión profunda, a una introspección personal para reconocer que en algún momento, todos hemos sido machistas, misóginos y sobre todo injustos, tratando desigualmente a nuestras semejantes con base en las diferencias morfológicas.
Este movimiento nace para parar la violencia contra la mujer, pero nos ha llevado a reflexionar sobre el sedimento de esta violencia, sobre como la toleramos con nuestra indiferencia y sobre todo acerca del lugar que ocupa en las prioridades gubernamentales. Esto no le gusta a nuestro gobierno, pero seguramente este 9 de marzo ya no podrá privilegiar las rifas de aviones sobre los crecientes feminicidios.
Está claro que ésta transformación social no habrá de venir del gobierno, pero con movimientos como éste, será la propia sociedad la que genere el cambio, como lo ha hecho desde el siglo pasado. La transformación de México no la han hecho los partidos ni los gobiernos, ha sido la presión social lo que los ha obligado a modificar estructuras legales y administrativas para hacer un país más democrático y justo. Toca el turno a las mujeres, ya se hicieron ver y no pararán.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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