OPINIÓN
Nada que celebrar
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
López Obrador y grandes empresarios dicen que los mexicanos debemos celebrar que el pasado primero de julio entró en vigor el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá T-MEC, que viene a sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994.
Dicho documento, firmado tras tensas negociaciones entre las tres naciones y donde el país que más sacrificó fue el nuestro, pretende que sea la salvación y venga a rescatar la economía mexicana la cual se ha deteriorado durante el mandato de López Obrador. De acuerdo a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mexicana será una de las más dañadas del mundo, perjuicio provocado conjuntamente por AMLO y el Covid, ya que la economía mexicana mostraba pésimos indicadores, aun antes de la llegada del virus a territorio nacional.
Debo señalar que el FMI estima que la contracción promedio de las economías de América Latina con una baja del 9.4% del Producto Interno Bruto (PIB), y para México se espera en el mejor de los casos una contracción del (-) 10.5% para este año, y ante tan triste panorama la “CuatroTé” le apuesta todo a la más grande manifestación Neo-Liberal, un “tratado de libre comercio”.
Debemos recordar que el TLC fue impulsado por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, y fue suscrito por esto junto con Brian Mulroney, Primer Ministro de Canadá, George Bush, Presidente de Estados Unidos, y fue concebido como un acuerdo global que establecía las reglas para el comercio e inversión entre los tres países.
El nuevo producto es una mala copia del anterior, más perjudicial para México, y es, simplemente, una respuesta a las presiones políticas del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó su negociación en 2017 al acusar al TLCAN de ser «el peor acuerdo comercial de la historia» y ante la amenaza de que en cualquier momento el presidente “Trun” (MALO dixit) renunciara a ese acuerdo comercial, México y Canadá, aceptaron “negociar” un nuevo tratado. A nuestro país le llevará tres años adoptar su legislación para el T-MEC el cual por cierto solo tendrá una vigencia de cinco años, con la aclaración que el primero no caducaba.
El nuevo tratado, contiene 34 capítulos con 24 de ellos modernizados y diez nuevos capítulos relativos a: “Aduanas y facilitación del comercio (7); Anexos sectoriales (12); Comercio digital (19); Laboral (23); Medioambiente (24); Pequeñas y Medianas Empresas (25); Competitividad (26); Anticorrupción (27); Buenas Practicas regulatorias (28); Política macroeconómica (33).
Los poderosos Sindicatos de Estados Unidos y Canadá presionaron a su gobiernos para que estableciéramos una nueva regulación laboral, las nuevas disposiciones pactadas obligan a México a cumplir con una serie de reformas laborales que anticipadamente aprobó y admitirá, aunque el gobierno federal lo niega, la verificación de sus estándares laborales de bienes y servicios, so pena de que se nos impongan sanciones. También se incluyeron estrictas normas ambientales y mecanismos para vigilar su cumplimiento. También, como en lo laboral, se crean «agregados ambientales» que se ocuparán de vigilar sus leyes y reglamentos.
En días pasados los legisladores morenos morían por la necesidad de sesionar para aprobar los ajustes a las primeras leyes que se modifican para cumplir con el T-MEC, por ello, se legisló y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una serie de reformas, varias de ellas con graves errores, y se publicaron el día primero de julio pasado las siguientes: reformas al “Código Penal Federal” vigente al día siguiente de su publicación en el DOF; se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación; se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial que entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación ; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación; y por último, se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera que entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación.
Pareciera que la urgencia en legislar es una ofrenda que pretende llevar Manuel Andrés López Obrador (MALO), en su próxima visita a Washington, donde el único beneficiado políticamente será “Trun”, asistir es un error político por lo que dudo se presente el Primer Ministro canadiense.
La gran mayoría de estas reformas benefician principalmente a las empresas de Estados Unidos, solo como ejemplo es tan exagerada la reforma penal que podría ser encarcelado si: “usas o fábricas reemplazables genéricos para dispositivos como impresoras o cafeteras”, “deseas reparar tus dispositivos por tus propios medios o mediante técnicos independientes”, “modificas el hardware de tu computadora”, pero además se combate la piratería estableciendo multas y penas de cárcel a quienes desactiven dispositivos electrónicos de protección de programas de computación, graben o transmitan películas exhibidas en el cine, desbloqueas medidas tecnológicas que protejan canciones, libros, y otras creaciones audiovisuales, señales de satélite o cable, incluyendo quienes provean insumos utilizados en estas actividades. Lo curioso es que los principales usuarios de “copias pirata” son los seguidores del señor López.
La realidad es que no beneficiará a México el nuevo tratado mientras no exista y se garantice en el largo plazo tanto seguridad pública como seguridad jurídica y se garanticen reglas de juego claras, situaciones que no ha cumplido la “CuatroTé” desde que llego al gobierno, solo como ejemplo, tenemos la cancelación de NAICM, el cambio y ataque a las empresas del sector energético y minero, la cancelación de una planta de cerveza en el norte del país, entre otras cosas más.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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