Inclusión sí, simulación no

Opinión, por Violeta Moreno Haro

Defender la paridad de género no significa aplaudir cualquier ocurrencia de la autoridad electoral. Y ese es, precisamente, el punto que hoy debería discutirse con mayor seriedad en Jalisco: una cosa es corregir una desigualdad histórica contra las mujeres y otra muy distinta convertir las candidaturas en una especie de tómbola de requisitos acumulados, donde pareciera que una mujer solo puede competir si, además, carga con todas las categorías posibles de exclusión.

La paridad no es un capricho. Existe porque, durante décadas, las mujeres fueron utilizadas para hacer campaña, llenar eventos, operar territorio, cuidar estructuras, movilizar votos y sostener partidos; pero, a la hora de decidir las candidaturas importantes, casi siempre se les cerraba la puerta. La política mexicana se construyó durante mucho tiempo como si el poder fuera masculino por naturaleza y la participación femenina fuera una concesión, un adorno o una cuota incómoda.

Por eso la paridad tiene sentido. No es un privilegio; es una corrección institucional frente a una realidad desigual. Si nunca ha habido una presidenta municipal en determinados municipios, si los partidos históricamente postulan mujeres donde saben que van a perder y si las decisiones reales siguen concentradas en grupos masculinos, entonces, claro que el Estado tiene que intervenir para equilibrar el terreno.

Pero equilibrar no significa deformar.

El problema aparece cuando la autoridad electoral deja de corregir una desigualdad y empieza a diseñar candidaturas imposibles. En el caso de Zapopan, exigir que la candidatura sea para una mujer puede tener una justificación política e histórica. Lo que ya resulta mucho más discutible es agregar, además, que esa mujer tenga que pertenecer a otros grupos específicos, como una comunidad indígena, una persona con discapacidad o la diversidad sexual.

Ahí la medida deja de parecer una acción de paridad y empieza a parecer una acumulación mecánica de causas. Como si la autoridad quisiera resolver todas las exclusiones del país en una sola boleta. Y eso, aunque suene bien en el discurso, puede terminar siendo profundamente injusto, incluso para las propias mujeres.

Porque también hay mujeres sin discapacidad, no indígenas y heterosexuales que han sido excluidas del poder durante toda su vida. También hay mujeres preparadas, con trayectoria, trabajo territorial, formación pública y capacidad para gobernar, que quedarían fuera no por falta de méritos, sino porque no cumplen con una categoría adicional. Eso no amplía necesariamente la democracia; puede volverla más estrecha.

Las acciones afirmativas son necesarias, pero deben ser proporcionales, razonables y aplicables. No pueden convertirse en una competencia de pureza identitaria ni en un laberinto donde los partidos busquen perfiles solo para cumplir con los expedientes. La inclusión debe abrir espacios reales, no fabricar candidaturas forzadas.

La autoridad electoral en Jalisco debió cuidar mejor ese equilibrio. Defender a las mujeres no exige debilitar los derechos políticos de otras mujeres. Representar a grupos históricamente excluidos tampoco exige apilar todas las exclusiones sobre una sola candidatura.

La democracia necesita paridad, sí. Necesita inclusión, también. Pero, sobre todo, necesita sensatez. Porque, cuando una buena causa se aplica mal, no solo se vuelve impugnable: termina dándole argumentos a quienes nunca quisieron que esa causa avanzara.

Y eso sería un error enorme. La paridad debe defenderse con fuerza, pero también con inteligencia.