– Opinión, por Miguel Anaya

Hace aproximadamente doce años, tuve la oportunidad de conocer a Toni Puig, especialista en gestión cultural, comunicación y mercadotecnia gubernamental. Un personaje brillante, recordado por haber sido uno de los responsables de crear la marca ciudad de Barcelona.

En una cena, mientras se hablaba sobre urbanismo y ciudadanía, Toni expresó su preocupación por el crecimiento desordenado de los condominios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Decía que, sin una regulación adecuada y un plan de desarrollo integral, el fenómeno podía derivar —a mediano plazo— en serios problemas de movilidad, cohesión social y seguridad. Hoy, el paso del tiempo le ha dado la razón.

Guadalajara, como muchas ciudades latinoamericanas, se acostumbró a vivir detrás de muros. Lo que comenzó como una alternativa habitacional se convirtió en una manera de entender la vida urbana: el condominio como refugio ante un Estado que no garantiza seguridad, ante servicios públicos cada vez más deficientes y ante la creciente desconfianza hacia el otro. “Afuera está el peligro, adentro la tranquilidad”, parece ser la consigna invisible que sostiene este modelo de vida cerrada.

Sin embargo, esa promesa de tranquilidad tiene consecuencias poco tratadas. Cada coto o fraccionamiento cerrado es, también, una renuncia a lo colectivo. Al amurallar grandes extensiones de tierra, se fractura la ciudad: se privatizan calles, se interrumpen vialidades, se encarecen los traslados y se bloquea la posibilidad de un tejido urbano continuo. El resultado es una Guadalajara fragmentada, donde el miedo dicta la forma de los barrios y la movilidad se ahoga entre plumas y garitas.

Además, los condominios no solo transformaron la arquitectura: modificaron la relación entre los ciudadanos y el Estado. Dentro de estos espacios, los vecinos adquirieron funciones propias del gobierno: contratan vigilancia, pagan por la recolección de basura, mantienen sus áreas verdes e, incluso, crean sus propias reglas de convivencia.

De alguna forma, el Estado es ajeno a lo que sucede en los condominios y lo aceptó, porque esto, le quitó responsabilidad. Así, lo que debería ser un modelo de corresponsabilidad se ha convertido en un experimento de autogobierno aislado, donde la seguridad y el orden dependen del saldo de mantenimiento, no de una política pública.

Ejemplos de cómo las murallas han ahogado la movilidad de la ciudad hay varios: López Mateos, sin posibilidad de construir salidas viales que permitan alimentar otras alternativas viales; lo mismo sucede en la zona norte de Zapopan con Santa Margarita y Juan Gil Preciado. Qué decir de la entrada a la ciudad por la carretera a Vallarta que se convierte en un martirio diario.

Y pese a todo, el condominio no es un error que deba desaparecer. Es un síntoma. Refleja una época de incertidumbre y desconfianza sobre las autoridades gubernamentales, pero también de búsqueda de comunidad, de orden y de control sobre el entorno. Lo que no se encuentra en lo público, se busca en lo privado. Por eso, más que condenarlo, es urgente repensarlo.

El reto está en diseñar políticas urbanas que integren estos espacios a la lógica de ciudad, que sean desarrollos que no ahoguen vialidades, que garanticen conectividad y aseguren que la vida privada pueda convivir con la vida pública. Que logre que los condominios se conviertan en parte del municipio y no en entes aislados del mismo.

Porque al final, el verdadero peligro no está afuera del condominio: está en la idea sectaria y maniquea de que solo adentro vale la pena vivir; de que adentro es un mundo que se rige con sus propias reglas, olvidando las leyes y los códigos civiles. Replanteemos los condominios. Pensemos en términos de ciudad y de nación. De sociedad incluyente que atiende los derechos y obligaciones del país que conforma.

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

La historia, madre de la vida, nos recuerda por qué y cómo han sucumbido regímenes otrora invencibles, que parecían sempiternos, pero que hoy solo son un recuerdo. Algunos ni eso. Si “la perdición de los hombres son las benditas mujeres”, para los países, la perdición que los colapsó son los que se creyeron más que benditos, incluso… “dioses”.

Algunos factores que, indudablemente, llevan a una nación a la ruina: la ingobernabilidad: La falta de estabilidad política, por conflictos internos, por la ausencia de un Estado de derecho justo y fuerte, generan incertidumbre entre los ciudadanos y los empresarios, nacionales e internacionales. Esto deriva en anarquía, caos jurídico; suspensión de inversiones locales e internacionales. La economía puede deteriorarse y paralizar al país.

La exclusión de varios y variados grupos de participación política y económica genera desigualdades y conflictos sociales, así como impunidad, lo que facilita la corrupción y un Estado Fallido. La democracia es en estos países un mito.

La corrupción: la descomposición de una nación inicia con prácticas de corrupción de toda índole y en todos los sectores. La corrupción socava los cimientos de un país. La corrupción se ha tornado en un eslogan de todos los políticos. Sea para condenarla, para atribuirla a los malos, que siempre son los otros, nunca los que la condenan.

Desviar fondos y recursos públicos que deberían emplearse en obras sociales, ayudas por desastres, educación popular, servicios públicos de calidad, son muestras de la degradación de las instituciones, tanto las públicas como las privadas. La opacidad de los gobernantes o de dependencias enteras, motiva a “pensar mal” cada vez que se adquiere, por parte de los gobiernos, insumos, vehículos, materiales, etc.

Los fraudes al erario son también motivo de desestabilización. Sean de los empleados comunes y corrientes, así como de funcionarios de alto rango, indican que los políticos han propiciado el saqueo y los asaltos porque un gobierno involucrado en este fraude, que lo solapa o lo cubre, pierde credibilidad y don de mando.

Las políticas económicas gubernamentales deficientes o erradas pueden provocar crisis y desestabilizar; por ejemplo, tener inflación incontrolable y desequilibrio en la producción, distribución y comercialización, que afectan al consumo y la devaluación de la moneda, reduciendo el poder adquisitivo de la sociedad.

Los malos acuerdos comerciales con otros países desestabilizan la balanza; la distribución de la riqueza debe fomentarse de acuerdo con parámetros de productividad, trabajo y recaudación impositiva que, a su vez, cubra las necesidades de servicios, estímulos, y aún protección a las empresas nacionales, para no crear conflictos o descontento social.

El endeudamiento oficial debe ser mesurado; la exageración de recurrir a este recurso económico puede llevar a la ruina a cualquier Estado. La austeridad debe ser política constante, so pena de caer en dilapidación, despilfarro y el pago de intereses muy elevados.

Otro factor importante es la debilidad institucional. Cuando no hay Estado de derecho, cuando la impunidad campea en todos los ámbitos y la violencia es incontrolable, el Estado merma en su gestión rectora y en su prestigio interno y externo.

La inseguridad pública propiciada por la corrupción de los cuerpos policiacos, el ejército o las fuerzas del orden en general, y el poderío del crimen organizado derivan en un estado anárquico, sin ley, con grandes afectaciones a la sociedad civil, a la que se relega a un segundo término, cuando debe de ser el motivo principal del gobierno.

Los valores en decadencia son también un factor de deterioro. La ética ausente genera arbitrariedades, discriminación, iniquidad, desigualdad, corrupción y termina con la integración de la sociedad. La falta de accesos a la salud o servicios públicos deficientes o inexistentes impacta directamente en la pérdida de capital humano y la productividad. También en un descontento social grave.

El “dejar hacer, dejar pasar”, muy de emperadores romanos o déspotas históricos, puede ser una moda en lo referente a las decenas de miles de desaparecidos, sin que haya respuestas a las personas que, desesperadas, buscan y encuentran restos de personas sacrificadas al más estilo bárbaro.

La inestabilidad global por crisis económica, por los conflictos bélicos o por malas prácticas diplomáticas contribuye también a crisis sociales, económicas y políticas que pueden tener consecuencias de inestabilidad del gobierno.

Los cambios geopolíticos, que incluyen decisiones de gobiernos extranjeros, afectan al entorno de la gobernanza y los negocios, tales como la imposición de nuevos aranceles a los productos nacionales.

Los requisitos para que las divisas entren al país, los cobros por enviarlas o cobrarlas, tienen también repercusión en países como México, cuyo monto de ingreso es uno de los más importantes para la estabilidad económica nacional. Las exportaciones de bienes que dan al país un ingreso muy significativo deben ser estimuladas, motivadas y no tener tantas regulaciones oficiales porque desalientan esta actividad que nutre de recursos a las empresas asentadas en territorios nacionales.

Los gobernantes de todos los países conocen todos los factores mencionados. En algunos casos, “juegan” con el destino de personas que creen o que les tienen confianza, por haber llegado al poder por los métodos convencionales democráticos.

– Opinión, por Gabriela Arce Siqueiros

En un mundo que parece correr sin mirar atrás, detenerse a hablar de raíces puede parecer un gesto nostálgico. Pero las raíces no son pasado: son estructura viva, el mapa invisible que nos sostiene. Sin ellas, no hay identidad posible. Sin memoria, no hay conciencia.

“Raíz Consciente” nace de esa necesidad de volver al origen, no para quedarnos allí, sino para entender de dónde venimos y hacia dónde podemos crecer como sociedad.

En Chihuahua, donde el desierto se expande como una respiración infinita y la Sierra Tarahumara guarda el eco de los antiguos cantos, las raíces laten bajo la tierra. Allí habitan los pueblos originarios, la memoria de nuestras abuelas, la historia que no se escribió en los libros. Pero también allí germinan las nuevas generaciones, los jóvenes que buscan sentido, los niños que miran el mundo con ojos limpios.

Las raíces no son solo biológicas ni geográficas; son también espirituales y culturales. Representan nuestra conexión con la tierra, con la comunidad y con nosotros mismos. En tiempos donde la globalización nos invita a desarraigarnos, ser consciente de las propias raíces se vuelve un acto de resistencia.

Cada ser humano necesita pertenecer. No como posesión, sino como reconocimiento. Saber de dónde vienes te da fuerza, pero también humildad. Te recuerda que no caminas solo, que eres parte de un tejido más grande.

La identidad, cuando se cultiva desde la conciencia, se convierte en un punto de encuentro, no de separación. Nos permite mirar otras culturas con respeto, entender que cada raíz aporta algo distinto al suelo común.

En Chihuahua, la tierra no solo sostiene cuerpos, sostiene historias. El polvo del norte tiene la voz del viento y la dignidad del silencio. En la Sierra Tarahumara, los rarámuri “los de los pies ligeros” conservan una relación con el entorno que es, en sí misma, una lección de conciencia ecológica.

Ellos no hablan de medioambiente, porque no se sienten separados de él. La montaña, el agua y el fuego son extensión del cuerpo. Correr no es deporte, es oración. Sembrar no es trabajo, es pacto. Cada gesto cotidiano contiene una enseñanza ancestral: vivir con lo necesario, cuidar lo compartido, agradecer lo recibido.

Mientras tanto, en las ciudades, muchas veces olvidamos esa sabiduría. Nos movemos entre asfalto y pantallas, corriendo detrás de la inmediatez. Pero cuando regresamos al origen, a un pueblo, una historia familiar, una palabra en lengua nativa, algo en nosotros vuelve a su centro.

La memoria colectiva no es solo recordar; es mantener vivo lo que nos da sentido. Un pueblo sin memoria se marchita, porque olvida su propósito. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar relatos, costumbres, canciones, palabras, gestos, no como piezas de museo, sino como energía viva.

Cuando una comunidad pierde su lengua, pierde también su forma única de ver el mundo. Cuando un niño crece sin conocer la historia de su región, se queda sin brújula. Cuando olvidamos los nombres de los que resistieron, debilitamos el futuro.

Por eso, la memoria no se hereda: se cultiva. Se siembra en el lenguaje, en la educación, en la forma en que narramos quiénes somos. Aunque cada raíz es local, todas comparten una verdad universal: la conexión.

El campesino mexicano, el monje tibetano, el anciano africano, el artista europeo, todos, de alguna manera, buscan volver a la fuente. Las raíces son el puente entre lo humano y lo sagrado. En todas las culturas, la tierra es símbolo de vida.

La semilla representa el inicio. El árbol, la expansión. Y el bosque, la comunidad.

Volver a las raíces no significa aislarse del mundo moderno, sino recordar lo esencial: que el progreso sin conciencia es vacío, y que el verdadero desarrollo no es material, sino humano.

¿Qué raíces heredarán los niños de hoy? ¿Serán raíces profundas, capaces de sostenerlos en tiempos de incertidumbre? ¿O serán frágiles, confundidas entre pantallas y desarraigo?

Educar con conciencia es enseñar a pertenecer sin poseer. Es transmitir el amor por la tierra, por la palabra, por la verdad. No basta con preparar a las nuevas generaciones para “competir en el mundo”: hay que prepararlas para cuidarlo.

Las raíces conscientes no solo alimentan individuos, sino comunidades enteras. Un niño que siembra un árbol, una madre que conserva una receta ancestral, un maestro que enseña historia con respeto… todos están sembrando futuro.

En el norte, la rudeza del paisaje enseña una lección de resiliencia. El desierto, aparentemente árido, guarda vida bajo la arena. Así también nuestra sociedad: a veces parece cansada, rota, desunida… pero debajo hay una raíz viva, esperando el agua del reencuentro.

Las iniciativas culturales, los colectivos artísticos, los talleres con comunidades rarámuris, los proyectos de educación emocional, son brotes de una nueva conciencia social. Allí, donde el arte se encuentra con la empatía, florece el cambio.

Chihuahua tiene la oportunidad de ser un ejemplo nacional: un lugar donde modernidad y tradición no se enfrenten, sino que dialoguen. Donde la raíz y la tecnología puedan convivir en armonía. Las raíces no están atrás, están debajo. Son el cimiento del presente y la promesa del futuro.

Ser consciente de ellas no es un acto romántico, sino una necesidad evolutiva. El ser humano que recuerda su origen puede caminar hacia adelante sin perderse. El pueblo que honra su memoria puede construir progreso sin olvidar su alma.

La sociedad que enseña a sus niños a mirar la tierra con respeto puede sanar su destino. “Raíz Consciente” será ese espacio de encuentro: donde la palabra y la reflexión sean tierra fértil para nuevas formas de pensar, sentir y actuar.

Porque solo quien conoce sus raíces puede crecer hacia la luz.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Ronald Reagan solía decir, con su característico humor político, que “la visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases: «Si se mueve, póngasele un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese, y si no se mueve más, otórguesele un subsidio».

Sin embargo, más allá del tono irónico, esta frase encierra una verdad profunda: el Estado, para sostenerse, necesita recursos, y esos recursos provienen de la actividad económica, y cuando la recaudación se ve mermada por la litigiosidad de los contribuyentes, el gobierno busca ajustar las reglas del juego.

Por eso, las nuevas reformas en materia administrativa y fiscal deben entenderse justamente desde esa perspectiva: el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. Se trata de una reforma con enfoque pragmático —no ideológico— que busca reducir la enorme cantidad de litigios fiscales que, durante años, han terminado por retrasar o impedir el cobro efectivo de créditos fiscales. Pero detrás de ese propósito se esconden grandes transformaciones que modificarán la forma en que los abogados deberán concebir su trabajo.

Hasta ahora, el sistema ofrecía un amplio margen para impugnar actos administrativos y fiscales, incluso en etapas donde la deuda ya había sido determinada o estaba en vías de ejecución. Muchos litigantes aprovecharon ese espacio para prolongar procedimientos y ganar tiempo, a veces de manera legítima, a veces con fines dilatorios.

Las nuevas disposiciones buscan cerrar esas puertas. De acuerdo con las modificaciones, será improcedente el recurso administrativo cuando se interponga contra actos que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias ya impugnadas, y que hayan quedado firmes por resolución de una autoridad competente.

Esto, en la práctica, implica que una vez que un crédito fiscal ha quedado firme, no habrá posibilidad de reabrir el debate mediante nuevas vías o recursos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también ve limitada su competencia en este sentido: conocerá los juicios promovidos contra resoluciones definitivas o actos administrativos en los que se determine una obligación fiscal o se establezcan bases para su liquidación, pero no podrá hacerlo tratándose de créditos fiscales ya determinados, firmes o prescritos bajo resolución de autoridad competente. En otras palabras, lo decidido, decidido está.

A simple vista, esta medida parece técnica, casi burocrática. Pero su efecto será profundo, ya que significa que el litigio ya no podrá usarse como una herramienta para “ganar tiempo” o renegociar la deuda, y que las estrategias defensivas deberán concentrarse en etapas mucho más tempranas. En consecuencia, la abogacía administrativa y fiscal entrará en una nueva era, una donde la prevención y la técnica serán los ejes fundamentales.

El abogado del siglo XXI —al menos el que quiera sobrevivir en el nuevo contexto— tendrá que dejar de ser un simple “apagafuegos” y convertirse en un verdadero estratega. Ya no bastará con presentar un recurso o una demanda una vez que la autoridad ha actuado: el trabajo deberá comenzar antes, desde la asesoría preventiva, la planeación de las operaciones, la revisión del cumplimiento normativo y la detección de posibles contingencias.

Esta transformación no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para profesionalizar la práctica jurídica. Durante años, el litigio administrativo se convirtió en una especie de zona gris donde las estrategias procesales se mezclaban con la improvisación, y donde el exceso de facilidades terminó por generar incentivos perversos: autoridades lentas, procesos interminables y créditos que, aunque válidos, quedaban sin cobrarse.

Desde luego, todo cambio genera resistencias. Habrá quienes argumenten que estas reformas restringen derechos o limitan el acceso a la justicia. Pero conviene recordar que el acceso a la justicia no es sinónimo de litigios eternos. La justicia también requiere certeza, y esa certeza solo puede existir cuando las resoluciones se respetan.

En ese sentido, lo que las reformas proponen no es cerrar puertas, sino delimitar los caminos. Si el procedimiento se agota y la resolución queda firme, el Estado debe tener la capacidad de cobrar, y el contribuyente, la certeza de que el proceso ha concluido.

Además, estas medidas podrían tener un efecto saludable en el propio ecosistema jurídico. Se elevará la exigencia técnica de los procedimientos, y se elevará también la calidad del trabajo profesional. El abogado que no se actualice quedará fuera de juego. La litigiosidad artificial, basada en formularios o impugnaciones genéricas, ya no tendrá cabida.

En cambio, habrá espacio para quienes sepan construir argumentos sólidos, detectar errores sustantivos en los actos de autoridad, de tal forma que la diferencia entre ganar y perder estará en los detalles, en la precisión jurídica y en la capacidad de anticipar escenarios.

En el fondo, este cambio refleja algo más grande: la evolución del Estado mexicano hacia un modelo más moderno de gestión fiscal. Un Estado que no puede cobrar lo que le corresponde es un Estado débil. Pero un Estado que cobra sin respetar el debido proceso es un Estado injusto. El equilibrio entre eficiencia recaudatoria y garantía de derechos será la clave de este nuevo periodo. Y ese equilibrio dependerá, en gran medida, de la preparación de los profesionales del derecho y de su compromiso con la técnica.

La realidad es que estamos entrando en una etapa en la que el abogado ya no puede limitarse a reaccionar. Su papel será, cada vez más, el de un asesor integral que combine conocimiento jurídico, visión económica y comprensión de la lógica institucional. Lo que se mueve —como diría Reagan— será gravado o regulado, pero lo que no se mueva, quedará fuera del mapa. Y en ese nuevo orden, solo sobrevivirán quienes sepan adaptarse.

Las reformas al procedimiento administrativo no son solo una modificación de artículos: son una declaración de intenciones. El Estado busca fortalecer su recaudación, pero también enviar un mensaje claro: los litigios deben ser excepcionales, no la regla. Quienes sepan entender esto, encontrarán oportunidades donde otros verán restricciones. Pero, al final, el derecho no se trata solo de oponerse, sino de comprender el cambio, anticiparse a él y convertirlo en una ventaja.

México está redefiniendo la relación entre el contribuyente, la autoridad y el abogado. Lo que viene exigirá más conocimiento, más estrategia y, sobre todo, más responsabilidad. No es el fin del litigio; es el principio de una nueva forma de ejercerlo. Y en ese terreno, el abogado que entienda que la prevención es la nueva defensa, será el que marque el rumbo.