OPINIÓN
Nuevo petardeo de Enrique Alfaro
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Pobre Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, “cuando no le llueve, le llovizna” y tal parece que sus flamantes asesores poco le ayudan y hace que constantemente se equivoque en estrategias para proteger a la población.
Apenas hace unos días el mandatauerio anunció una alerta sanitaria para la prevención del COVID-19 o coronavirus y se denominó “botón de alarma”, mismo que se activaría en cuanto se rebasara un cierto número de contagiados positivos y/o aumento en hospitalizados y/o fallecimientos por la terrible enfermedad. La gente se puso en alerta y se manifestó en contra y el Gobernador Alfaro reculó.
Según lo dicho por el propio titular del Ejecutivo de Jalisco, se daríam a conocer resultados a mediados de la semana pasada, sin embargo cambió en lo que prometió y no se cumplió el supuesto botón de paro.
Posiblemente empresarios e integrantes de diferentes grupos sociales lo hicieron entrar en razón del problema económico que se registraría y lo cual es de tomar en cuenta, pero también la salud de la población es de salvaguardarse.
Parece que éste domingo anunciaría otras medidas con su “botón de emergencia” y se espera que ahora sí le funcione y se logre contener la presencia de personas sin “cubre bocas” y menos gente en las calles, pero ya veremos qué le aconsejaron sus brillantes asesores.
Lo que sí se le debe de aplaudir al ingeniero Alfaro, es la decisión que tomó para prohibir las festividades patrias, tanto del Grito como del desfile, además de que las tradicionales Fiestas de Octubre tampoco se desarrollarán.
El mandatario Jalisciense una vez más asume posturas muy diferentes al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que sí dará el Grito y habrá desfile militar el 16 de septiembre.
El titular del Ejecutivo del País, advirtió que serán unas 500 personas las que asistan a la explanada de El Zócalo, con su debida distancia y un reducido agrupamiento de militares participará en el desfile.
¡CONTINÚA EL MANTO PROTECTOR A LOZOYA!
El supuesto niño consentido del Presidente López Obrador, de nombre Emilio Lozoya Austin, sigue haciendo lo que le pega la gana y le permiten sus “chiqueos”, tan es así que el pasado sábado firmó el libro de proceso en el juzgado pero en forma electrónica y por Internet, así que no tuvo que asistir a las instalaciones del Poder Judicial, como cualquier otro indiciado.
El exdirector de Petróleos Mexicano, implicado en varios delitos pareciera que no debe ser tocado ni molestado “ni por el pétalo de una flor”, para que el “angelito” no se moleste y pueda con toda libertad decir y señalar a quienes él quiera, menos a su familia como debe de ser, con todo y que a su Señora Madre y a una hermana presuntamente se la han descubiertos malos manejos en transacciones ocultas.
Tal pareciera que desde que llegó a México, Emilio Lozoya Austin, es constantemente resguardado por el Poder Ejecutivo Federal y eso le ha permitido que tanto el Poder Legislativo, como la “súper autónoma” Fiscalía Federal, sean controladas y sojuzgadas para impedir incomodar a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denomine “testigo colaborador”.
Seguramente Lozoya, sí llegará a cumplir el cometido de ”testigo colaborador” pero para los requerimientos y exigencias del Primer Mandatario del País, no para que se llegue a descubrir quién o quiénes cometieron abusos y desviación de recursos durante el gobierno de Peña Nieto, y varios posibles implicados tampoco serán molestados y mucho menos enjuiciados, más los que estén lejos del ánimo del Jefe.
Tal parece que mucho se parece a lo que tanto dicen los abogados penalistas al aplicar la justicia, “para los amigos justicia y gracia y a los contrarios o enemigos justicia a secas”, así que el exfuncionario de PEMEX tiene a su favor toda la justicia y gracia del actual gobierno, como muchos otros allegados a ese cobijo.
Otro reciente ejemplo es la designación de cónsul en Estambul, Turquía, de María Isabel Arvirde Limón, periodista de muchos claro obscuros en su vida y quien apenas al iniciar el presente año fue a exigir publicidad gubernamental para el medio electrónico que trabajaba o era de su propiedad y siete meses después recibió su premio de consolidación y qué gran premio le dio AMLO.
¡OJO: MANOS LES VA A HACER FALTA!
Digan lo que digan, posiblemente se queden con las ganas de quitar algunos gobernadores al flamante subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la misma Secretaría Federal, Hugo López-Gatell Ramírez y muchos otros políticos y población de que metan a la cárcel a Emilio Lozoya Austin, como ya lo señalé, pero el tiempo dará a conocer lo que suceda mientras tanto las cosas seguirán tranquilas y creciendo las funciones y trabajos de las Fuerzas Armadas, en la construcción de sucursales 2,700 sucursales del Banco de Bienestar.
Así que “ARRIBA MÉXICO”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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