OPINIÓN
OPINIÓN /// Por el bien de los peques
Por Benjamín Mora Gómez ///
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el programa de Estancias Infantiles de la Sedesol por razones que, si bien son ciertas, no tocan a quienes delinquieron y sí afectan a niños y niñas, y a sus mamás, trabajadoras todas fuera o no de casa. Por esta omisión tan grave, la acción me parece injusta e imprudente.
No tengo la menor duda de que sí hubo abusos sobre el erario federal que podrían constituir fraudes y que deben perseguirse, buscar sentencia judicial y castigarse con cárcel; sin embargo, podría haber más que hoy permanece oculto.
Varias estancias infantiles cambiaron de manos desde la presión de funcionarios de Sedesol hacia sus directoras originales: amenazas, retrasos en los pagos, inspecciones de los tres órdenes de gobierno y más, mucho más.
Pero eso no es todo, también se les presionó –a las directoras de tiempo atrás- a engrosar las listas con nombres falsos de alumnos y alumnas y este “extra” iba para los empleados de Sedesol. Razones hay para actuar pero sin dañar a las madres y sus peques.
Francisco de Quevedo, uno de mis escritores más queridos, alguna vez dijo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, y estamos ante un caso de profunda injusticia donde, además, la razón parece naufragar en un mar de simplicidades argumentativas.
Atreverse a proponer que los abuelos y las abuelas se hagan cargo de sus nietos y nietas, por ahorro de inteligencia gubernamental, es grave pues se desdice de la obligación del Estado y el gobierno de velar por el bien superior de la niñez. No se trata de entretener a esos peques mientras sus mamás trabajan sino de estimular su sano desarrollo social, emocional e intelectual. Las estancias infantiles no miran a las mamás como sus destinatarias finales sino para esos niños y niñas que se abren al mundo y están ávidos en aprender; son para iniciar el largo y bello camino de convertirse en hombres y mujeres de bien.
Tampoco se trata de una caridad gubernamental bajo el disfraz de justicia social. Los niños y niñas acuden a las estancias infantiles al encuentro de sus iguales y, por ello, de sí mismos; en las estancias infantiles se descubre la mismidad desde la otredad y eso, estimado lector y lectora, es fundamental para convertirse en seres sociales, desarrollando las inteligencias intra e inter personales.
En las estancias infantiles descubren otras formas de vivir, de comer, de jugar, de ser. Advierten que el mundo se les abre y los acoge, que hay reglas que deben respetarse, que hay un orden, que hay momentos de descanso y actividad, y que, al final del día, se reencuentran con los suyos… con su mami.
Hoy, el gobierno federal fracasa al no saber conciliar el bienestar de miles de niños y niñas con su obligación de llevar ante un juez y castigar a quienes abusaron del dinero público y vulneraron programas sociales de gobierno. El gobierno federal fracasa cuando elije lo superficial sobre lo profundo al creer que todo se reduce y resuelve con la entrega de dinero federal. Tan simple: “Dinero hay, solo falta justicia”.
Estoy convencido de que, si el gobernante acusa a otros gobernantes de actos ilegales pero no actúa conforme a lo que la ley le manda, entonces él también falta a su obligación y es sujeto de juicio. Mi madre me insistía en recordar a Santo Tomás de Aquino cuando decía: “Justicia sin misericordia es crueldad” y hoy ni hay justicia hacia quien faltó a su obligación como servidor público ni hay misericordia hacia esos miles de niños, niñas y mamás.
No podemos olvidar la causa primera y última de este programa gubernamental, reconocido y bien valorado fuera de México: Los niños y niñas. No es, insisto, un asunto que se resuelva delegándolo a los abuelos y abuelas mientras las mamás trabajan sino de ayudar a los niños y niñas a crecer como personas y regalarles, desde ya, un mejor futuro.
Julián Castro, ex alcalde de San Antonio, Texas, y secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano con Obama, implementó el programa “Pre K San Antonio” dirigido a niños y niñas en el pre kinder. Después de años, hoy es un ejemplo que podríamos revisar y adecuar a nuestra realidad. El fin del Pre-K-SA fue entusiasmar a los pequeños en descubrir y conocer, a saberse dignos e incluidos, a imaginarse triunfadores. No es tarea fácil; sin embargo es lo correcto y justo.
benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
