OPINIÓN
Opinión: Pretender controlar el Poder Judicial
Por Héctor Romero Fierro //
Parece que tanto el ejecutivo federal como el estatal tienen la intención, cada uno en su ámbito, de controlar su respectivo Poder Judicial, el cual siempre debe ser autónomo e independiente. Ya vimos cómo a nivel federal se operó para meter ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo del presidente y ahora Enrique Alfaro, por conducto de su incondicional operador político en el Congreso del Estado, Salvador Caro, presento una iniciativa tendiente a que el Ejecutivo tenga nuevamente injerencia en el nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quitándole la facultad que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura de emitir la convocatoria respectiva pasándola al gobernador, pero además proponiendo que sea posible, mas no obligatorio, efectuar una evaluación, la cual no será vinculante, y permitiendo que sea el ejecutivo quien presente la terna al Congreso y sí este no resuelve el nombramiento, por mayoría calificada, en un término de treinta días (supongo hábiles) el cargo será ocupado por quien designe el gobernador de entre los integrantes de la terna. Misma situación si el Congreso le rechaza dos veces la terna. Además, para servirse con la cuchara grande pretende que el nombramiento sea por diez años y no por siete como está actualmente. Hay también una iniciativa con mejor contenido presentada por la fracción del PRI.
Recordemos que a fin de eliminar la discrecionalidad, corrupción y cuotas, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción SNA, desde 2018, aprobó una recomendación a los Congresos estatales para la elección de jueces y magistrados, en la que exhorta que la designación de este tipo de funcionarios se realice a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegie la independencia, aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte en la tesis del Pleno P. XV/2006, sin embargo esa importante recomendación pocos estados la han implementado, en Jalisco se recibió y se turnó desde el 20 de febrero de 2018 a la “Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción” donde permanece congelada.
Lo que urge es eliminar, la corrupción, improvisación, nepotismo y el reparto de cuotas, mas no solo transferirlo al ejecutivo como pretende Caro en su iniciativa. La reforma no debe parar ahí, por ello los Colegios de Abogados más importantes del país, por conducto de sus capítulos en el Estado de Jalisco, esto es: La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE); Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), emitieron un importantísimo posicionamiento conjunto, solicitando un amplio debate en relación a este tema, con el objeto de que se cumplan los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, los cuales debe privilegiar cualquier juzgador.
Ya vivimos el sexenio pasado un grave y nefasto tráfico de influencias desde la Secretaria General de Gobierno, que no se debe, por ningún motivo repetir. Además estos importantes Colegios recomiendan que la Oficialía de Partes sea transparente en su manejo y que no sea posible dirigir los asuntos con algún juez en particular; que se privilegie la carrera judicial; seguimiento patrimonial, tal y como se debe hacer con cualquier funcionario público y cuya implementación es parte del Sistema Nacional Anticorrupción (iniciando con la 3 de 3); transparencia y difusión pública de las sentencias; digitalización de expedientes; establecimiento de Códigos de Ética y de Mejores Prácticas al interior del Poder Judicial; La creación de un Órgano Interno de Control (OIC) conformado por ciudadanos calificados e independientes; presupuesto constitucional, ya que la independencia económica de los otros poderes es un requisito necesario para su independencia, tema ya avanzado por el diputado Héctor Pizano quien señalaba la necesidad de que le fuera entregado un porcentaje fijo del presupuesto de ingresos al Poder Judicial; equidad de género, importantísima y que no se ha respetado, yo conozco abogadas, compañeras de los estudios del doctorado, con carrera judicial, que nunca han podido acceder a una magistratura solo por ser mujeres; junto con otras recomendaciones igual de importantes.
Yo adicionaría un punto más, que genera y alienta una gran corrupción en el sistema judicial, el tráfico de peritos oficiales, donde en muchas ocasiones hay un enorme contubernio entre el funcionario que los nombra y el perito, donde según dicen, se tiene que compartir hasta el cincuenta por ciento de los honorarios para ser nombrados, y en la gran mayoría de casos, se obliga a las partes a pagar el perito tercero desde la integración de la prueba, si no se depositan los honorarios “se pierde” la prueba completa, recordando que el diestro solo debería ser necesario en caso de que los peritos de las partes fueren notoriamente diferentes, por ello se debe implementar un sistema electrónico de asignación de peritos sin intervención humana, evitando con esto manejos irregulares. Si el Congreso revisa las estadísticas fácilmente podrá apreciar que hay peritos en todas las materias, favorecidos reiteradamente por los mismos jueces y al contrario, peritos muy capaces que nunca son nombrados, a lo mejor porque como dicen en mi rancho, ¿no se mochan?
El actual presidente del Supremo Tribunal es gente honesta y dispuesta al cambio, sí de verdad el grupo de Movimiento Ciudadano (MC), en el poder le interesa mejorar el sistema y no solo controlar a los magistrados entrantes, debe rechazar la propuesta de Caro y convocar urgentemente a una gran reforma del sistema judicial que cumpla al menos con lo ya comentado. Basta de corrupción y cuotas de poder. Dicha reforma debe ser impulsada en forma conjunta e incluyente por los tres poderes.
Por cierto, se les ordenó a los jueces que se abstuvieran de otorgar medidas cautelares después del escándalo donde un abogado se quejaba de su uso cuando él era el primero en utilizarlas ilegalmente. El Consejo se refería a esas ilegales de las que luego lloran y no a todas en general, ahora los jueces no quieren concederlas sin importar la aplicación del derecho, denles un curso de procesal, porque muchas son necesarias.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
