OPINIÓN
¿Requiere Jalisco una nueva Constitución?
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El gobierno actual de Enrique Alfaro Ramírez, busca persistentemente marcar la historia de Jalisco al convocar a un nuevo constituyente, recordando que nuestra constitución en su esencia más pura data de 1917, sabemos que en más de 100 años la vida, la sociedad, la política y el gobierno se han transformado, temas y sucesos como la globalización, los derechos humanos, la transparencia, el derecho a la información y la tecnología son cuestiones trascendentes de este país en las últimas dos décadas, la legalidad y el estado derecho en teoría habrán de sufrir efectos derivados de los grandes avances y de nuestra manera social de acoplarnos a ellos.
Sin embargo, habrá que hacer notar que aunque las civilizaciones cambian dejando un legado histórico, no podemos olvidarnos de que nuestro país sufre desde siempre terribles males de corrupción, impunidad e ignorancia, quizás el mundo avanza a pasos agigantados y los seres humanos tratamos de adaptarnos a las circunstancias sociales, económicas y culturales, pero es menester centrarnos en las realidades de la vida política y gubernamental del país que se resiste a aceptar las variantes de esta sociedad, pero aprende rápidamente cómo simular situaciones que le produzcan percepción de política efectiva y buen gobierno, este es el tiempo en el que los ciudadanos constatamos mediante las tecnologías de la información y el derecho a ella, buscando satisfacer esa idea de tener gobiernos correctamente elegidos.
Por lo que resulta interesante analizar la convocatoria de un nuevo constituyente en Jalisco, que pueda darle forma a una nueva constitución, pero existe también el riesgo inminente de que las modificaciones, derogaciones y creaciones, no atiendan la realidad de nuestra sociedad y tampoco sean compatibles con nuestra máxima carta magna o con los criterios jurisprudenciales, en ese momento se habrá convertido en un acto social de ejercicio constitucional, seamos realistas y preguntémonos. ¿Por qué es necesaria una Nueva Constitución? O es un simple suceso de percepción política y gubernamental.
En este sentido, es sustancial conocer que la norma y la ley provienen de una ciencia jurídica y como tal son los juristas, los investigadores y los académicos aquellos indicados para evaluar el impacto jurídico y validez de la normatividad que se produzca de una nueva constitución, pero el tema se ve y se dice tan fácil como receta práctica producida por el acto googlear, es un asunto que merece fundamento, no debe corresponder a una ocurrencia política o legislativa, pero son tiempos en los que el exceso de información y su velocidad, nos hace creer que todo lo podemos realizar o bien que todo es menos complicado de lo que parecía en otro tiempo.
Un constituyente para Jalisco, en el que se vea de manera específica por un estado de derecho pulcro, por la soberanía de Estado, el territorio y la división de poderes, alejada de contradicciones jurídicas y legislativas que la conviertan en un cuadernillo de niño de primaria, no es un ejercicio social ni político de debate y argumentación jurídica legislativa, es una enorme responsabilidad proponerlo y convocarlo, corresponde justificar su necesidad y urgencia, se debe exponer una realidad básica de investigación social y jurídica que avale las grandes preguntas de cualquier proyecto serio. ¿Por qué? Y ¿Para qué?
La sociedad también tiene la responsabilidad y la obligación de evaluar las propuestas de sus gobiernos y observar la congruencia de sus acciones; desgraciadamente no tenemos un Poder Legislativo altamente competente, viven en una esfera de actividad política, sus acciones legislativas no han sido de impacto social, se han mostrado sin pena ampliamente sometidos al Poder Ejecutivo, no se perciben ni a sí mismos como representantes de la sociedad, compiten por la mirada complaciente de sus líderes y no están aptos para ser partícipes de tan histórico paso jalisciense.
No es un secreto para nadie en Jalisco que este gobierno busca solventar un proyecto de refundación y una nueva constitución es un contenido toral ambicioso, quiere llegar al final de su administración consumando sus promesas de campaña, no quieren reclamos pero una nueva constitución en Jalisco, sólo puede poseer dos razones y son políticas, una generar grandes actos que le permitan al Gobernador una campaña presidencial a mediano plazo y otra a corto plazo mostrando músculo político a ciertos sectores del Estado, sometiendo una vez más al Poder Legislativo y a la sociedad, es magno el ego gubernamental pero al final las consecuencias son nuestras, los políticos pasan y el poder se acaba.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
