OPINIÓN
Roma paga bien a sus traidores: Los grandes negocios de empresas españolas en México
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Existen frases que, por lo singular de su contenido, son adoptadas por personas, grupos o pueblos enteros para enfatizar sus expresiones. Es decir, permiten enunciar mejor ciertas ideas y así ser entendidas cabalmente por quienes nos escuchen o lean. Si cada una de esas voces, se dijeran aisladamente, su significado sería diverso al que deducimos de la asociación de palabras que integran la locución. Estas en ocasiones son verdaderos proverbios y hasta pueden transformarse en auténticos refranes o dichos populares.
Cuando decimos, “de tal palo, tal astilla” no necesitamos mucha ciencia para entender que la cosa o persona que aludimos, es de igual calidad que de aquella esencia o persona de la que se deriva. De igual manera, decir que “poderoso caballero es don dinero”, es que con plata o capital, todo se puede o al menos se facilita.
Leer o en su caso oír, a ciertos individuos, es aleccionador, no solo por sus ideas, sino porque suelen recurrir a las máximas, las sentencias y los refranes, con lo cual hacen más entendible sus principios o posturas. En tal situación se encuentra leer o escuchar al analista y profesor ibero Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963).
La semana pasada, dicho politólogo, sostuvo una entrevista muy interesante, en el programa Los Periodistas, del portal “Sin Embargo”, que conducen el jalisciense Álvaro Delgado y el chihuahuense Alejandro Páez. El tema central fue la cuestión de las empresas españolas que con arrogancia se han dedicado a obtener enormes ganancias en nuestro país, utilizando para ello a políticos y altos funcionarios mexicanos, a los que corrompieron a la par que premian con sustanciosas pagas.
Y es que conforme el adagio: “Roma paga bien a sus traidores”, lo que hicieron (solo como botón de ejemplo) Felipe Calderón y su secretaria de energía, Georgina Kessel, no tiene más nombre que “vendepatrias”. En voz del presidente López Obrador, esas sociedades de energía, “Nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a su empresa a la que era secretaria de Energía, la señora Kessel, y… nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al ex presidente Felipe Calderón”. (Mañanera, 27-X-2020).
Y dentro de esa tesitura, en España también se fueron hasta la cocina y ahora lo pagan muy caro sus habitantes. Una constante -afirma el entrevistado- es que los presidentes o ministros hispanos, tras dejar el poder, entran a trabajar a esas empresas, lo cual es un beneficio, un privilegio indebido, cuyo origen es la corrupción. Y ahora que una administración los quiere sujetar, se comportan dichas compañías como “los matones del barrio” y aun llegan a amenazar al gobierno.
Incluso, pagan a quien traiciona y subvierte, incorporándolo como consejero, cual fue el caso del socialista Antonio Miguel Carmona, ahora vicepresidente de Iberdrola España, lo que irritó al gobierno de Pedro Sánchez, lo que se calificó de “puñalada” pues se libra plena batalla de las eléctricas contra el Ejecutivo por las medidas adoptadas en las últimas semanas para abaratar el recibo de la luz ante los desorbitados precios del mercado mayorista.
De esta manera, Iberdrola, le dice al gobierno: “Para gallos, yo”. Nuevo concepto en la península es el de “pobreza energética”, gracias a la conducta de Iberdrola, que hace no se bañe un abuelo o un niño, se desconecten aires acondicionados, se inutilicen electrodomésticos, etc.
No se puede entender -sigue hablando Monedero- como funcionarios con información privilegiada, pagan hoteles de lujo e invitan empresas para que vayan a invertir, bajo la base de luego se les pagará con puestos jugosos. Y las firmas que aceptan, van soberbias, altaneras y en vez de llevar dinero, hasta lo consiguen en México.
Estas empresas son sostenedoras de partidos de la derecha. Pagan sobornos y campañas electorales, que al final los costearán los mexicanos. El Partido Popular, amigo del PAN y hasta del pri neoliberal, es aliado de las estructuras corruptas mexicanas. Pero eso se preveía, pues este partido conservador nació con Manuel Fraga, quien para triunfar pidió dinero a los narcos gallegos y luego todo lo corrompió. Incluso, los bancos españoles participan de esa corrupción. Lo más alto de este mal, lo representa el exrey Juan Carlos, quien, teniendo como manipulador a Felipe González, manejó las Cumbres Iberoamericanas, y allí se fraguaron esos tipos de negocios sucios: por ello presidentes y elevados funcionarios latinoamericanos, están en la cárcel y uno (Alan García) prefirió suicidarse. Al respecto, dijo un líder de Iberoamérica: Los pueblos van de valle en valle y los presidentes de cumbre en cumbre.
No cabe duda de que “Roma paga muy bien” a sus renegados: es el caso de José Ma. Aznar, quien se prestó para que Estados Unidos justificara la invasión a Irak, y luego, los destrozos que hizo Al Qaeda, los achacó a ETA para ganar elecciones: ahora Aznar es dirigente de Atlas Net Word, organismo que verifica los bulos¡! La zorra cuidando el gallinero.
Hay cosas que no conviene acelerar, porque de cuanto peor, más peor. Eso pasa con los malos comportamientos de políticos y relevantes servidores públicos que aplican el proverbio: Para lo que me queda en el convento, me ensucio dentro.
En el reciente affaire de la “pausa” que manifestó el presidente de México, lo que debió haber hecho el ministro español Albares, fue decirles a las transnacionales aludidas: Cuando salgan fuera, no se comporten como lo hacen aquí, porque manchan a España. O sea, no defender los intereses de los accionistas, sino la imagen de España. Y agregarles: no sean empresas arrogantes, engreídas ni altivas; no falten el respeto a un gobernante, porque es una forma de agraviar a una nación.
Esas compañías, sus líderes y los organismos que apoyan, se dedican a corromper ciudadanos. Ahora -propone Monedero- debería haber un nuevo delito: Corrupción de mayores. Porque se envenena a los adultos, para que vivan con miedo y odio, con el fin de manipularlos. La extrema derecha capta el enfado popular, con el exclusivo objetivo de denigrar a sus contrarios y buscar tener el poder.
Los cuatro huecos del corazón: pensar y estar en las instituciones, para disminuir las desigualdades; seguir presionando en las calles, para no ceder ante la derecha; tener un relato de lo que acontece, y saberlo adecuar a momentos diferentes y, finalmente, señala este destacado analista: Pido a México que no olviden la alegría, porque si se olvida, estaremos casi derrotados.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
