OPINIÓN
Se imponen los intereses inmobiliarios en las Villas Panamericanas: ¡Ganó el cártel del concreto!
Por Mario Ávila //
Un tumor se extirpa, se encapsula o te carcome. Con esta analogía el investigador Miguel Magaña Virgen se ha referido siempre al caso de las Villas Panamericanas, la última gran obra de 650 departamentos dentro del territorio de El Bajío del Arenal, una depresión geológica enclavada a un costado del anillo periférico y en los límites con el Bosque de La Primavera, en la que después de 10 años de intensa lucha, el Tribunal de Justicia Administrativa dictó sentencia a favor del consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque S.A. de C.V. en donde ordena al gobierno de Zapopan que le otorgue el certificado de habitabilidad.
Con ello se cumple a cabalidad, paso a paso, lo que más que una analogía pareció ser una penosa sentencia por parte del académico defensor de medio ambiente, ya que no se ordenó la demolición del inmueble (extirpar), no se han tomado medidas para proteger al resto de El Bajío (encapsular) y por lo tanto el riesgo inminente es que este “tumor” construido como albergue para los atletas que tomaron parte en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, carcoma a esta importante zona de recarga de mantos freáticos, desde donde se abastece hasta el 30% del agua que se utiliza en las colonias del poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Para consumar esta victoria, de lo que el académico llama el “Cartel del concreto”, por supuesto que se debió contar con la complicidad de autoridades de los dos niveles de gobierno y no solo del magistrado Laurentino López Villaseñor, que fue quien finalmente ordenó al municipio de Zapopan, que concediera los permisos de habitabilidad.
SE IMPUSIERON INTERESES INMOBILIARIOS
“Bueno, la presión sobre el Bajío no es a partir de Las Villas, es una presión que ya se está dando de una manera regular, porque si nos damos una vuelta por El Bajío, lo que vamos a ver es que ahí ya hay fraccionamientos, hay una preparatoria, hay instalaciones universitarias, un estadio, esto poco a poco se ha ido poblando, poco a poco han ido cambiando al Bajío del Arenal, que en breve será el Bajío del concreto”.
Así explicó de entrada la gravedad del problema, el académico Miguel Enrique Magaña Virgen, jefe del Departamento Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien refiere que lo que viene a hacer la habitabilidad de las Villas Panamericanas es abrir ya totalmente sin ninguna situación de criterio ético ambiental, la puerta para la destrucción del funcionamiento de El Bajío.
Ya por ejemplo -dijo- los lugares que están instalados ahí están infiltrado las aguas negras, no las sacan de ahí, es una cuenca endorreica, cerrada y no las sacan, lo que está pasando es que el drenaje se está yendo hacia abajo y es una zona de alta permeabilidad, eso es muy importante es una zona de alta recarga, ya lo sabemos recarga del acuífero Atemajac que durante cientos de años ha alimentado a Guadalajara y lo que es peor, da el 30% del agua que está consumiendo Guadalajara, de tal manera que toda el agua que se extrae de ahí, en Chapalita, Providencia y en una amplia zona del Poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es agua que viene de ese acuífero. Y qué pasa con ello, al estar metiendo la urbanización que está avanzando, está tapando esa tarea de infiltrar agua de lluvia y está infiltrando aguas negras, está contaminando.
Aseguró que “ya hay un plan de desarrollo urbano que anda por ahí, del municipio de Zapopan, de los presidentes municipales anteriores, o sea, hay planes para urbanizar totalmente El Bajío; entonces cuando le dan la habitabilidad a las Villas, no sé dos o tres mil personas que vaya a haber ahí, vamos a tener igual número o más de carros y adicionalmente necesidades de mercados, salones de fiestas, centros comerciales, todo lo que le sigue la urbanización o bien algunos otros empresarios o constructores que digan ‘ah bueno, pues yo también quiero hacer un fraccionamiento o construir un edificio de departamentos, qué se yo’ y cuando lo hagan, nadie les va a decir que no por una razón, porque podrán decir que porque a ellos si se les autorizó y a otros no, respetando el principio de equidad, como un principio universal de la ley.
“De tal manera que lo hemos manifestado en muchas ocasiones, que la Villa Panamericana es un tumor, y con los tumores tenemos tres opciones: los extirpamos, los encapsulamos o sucumbimos ante el tumor. La gran discusión fue siempre en tratar de evadir la primera de las soluciones argumentado que era impensable perder todo el dinero que ya estaba invertido ahí, cientos de miles de millones de pesos que además en gran parte son del gobierno y de trabajadores del gobierno. Aunque en países desarrollados o con criterios desarrollados, simplemente hay una demolición y se acabó el asunto. Pero ahí hay un estadio también y hay unos fraccionamientos, entonces se complica la cosa.
“Qué proponemos o qué he propuesto desde hace tiempo, encapsularlo, declarando como área de protección de infiltración la zona que no está construida, para que ya no crezca ese tumor, pero por supuesto que a los empresarios, a los constructores les causa escozor como podrán ofertar que alguien viva en la Villa Panamericana y se vaya de compras hasta Andares, no, aquí mismo debe consumir porque todo va aparejado”.
RIESGO PARA LA PRIMAVERA
A la pregunta de si la habitabilidad para las Villas Panamericanas, no solo pone en riesgo a El Bajío, sino incluso al bosque de La Primavera, la respuesta del doctor, Miguel Magaña Virgen, fue contundente: “Bueno sí. Hay una situación muy clara, hemos visto por ejemplo lo que ha pasado con el bosque de La Primavera, si tu le das la vuelta, te vas a encontrar que La Primavera se está aislando, es decir la estamos convirtiendo en una isla y son todos los desarrollos urbanos los que la están aislando, los que están ejerciendo presión a su alrededor, eso invariablemente corta los corredores biológicos naturales de flora y de fauna. Ya hay un problema fuerte ahí, la fauna se está ahuyentando, entran las personas de todos estos fraccionamientos y llevan sus perros, se sueltan y empiezan a convertirse en grupos de perros ferales de fauna que andan correteando y comiéndose a las ardillas, a los tlacuaches, entonces se está generando una situación de alto riesgo para la fauna.
“Recuerdo que hace algunas décadas me tocó la fortuna de hacer la propuesta del área de amortiguamiento del bosque, en tiempos de los gobiernos del PRI, que la intención de esa zona de amortiguamiento era justamente parar el empuje de la ciudad hacia el bosque y se podría decir que lo logramos en áreas estatales impidiendo que hubiera desarrollo en esa zona de amortiguamiento, que nunca se firmó, ya que solo se autorizó y se aceptó en tiempos de Guillermo Cosío, pero nunca se firmó, es decir nunca se legalizó.
“Y a Zapopan, con el primer alcalde del Partido Acción Nacional, Daniel Ituarte, le presentamos un ordenamiento ecológico territorial de toda la zona de Zapopan que colindaba con el bosque, para protegerlo y dar usufructo económico a la zona, pero nunca nos peló”, expuso.
Finalmente el académico e investigador igual Magaña Virgen, concluyó sobre el tema: «Ya tiene muchos años que hemos venido haciendo muchas propuestas, pero nos está ganado el cártel del concreto, lamentablemente porque ahí te va otra repercusión, porque son impactos sinérgicos: vamos a tener menos agua, si tú revisas la información de la Conagua, cómo los pozos están disminuyendo sus niveles piesométricos, tiene que meterse más abajo para sacar agua lo que obliga a ir a fracasar con El Zapotillo a otros lugares a costos millonarios».
«Son acciones en las que quienes van a ganar siguen siendo los constructores y el pagano a final de cuentas está ganando algo que lo tiene a las puertas de la ciudad, porque no es la única zona sino que hay otras partes de la ZMG que también han pasado por sobre estas demandas naturales y están cubriendo e impidiendo la infiltración de la recarga de los acuíferos».
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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