OPINIÓN
Se pelean las comadres y salen las verdades
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Tal parece que como ha ocurrido en otros partidos políticos en México, a la hora de seleccionar quienes serán los o las militantes claves que se encargarán de diseñar y operar a la estructura que tendrá bajo su cargo la “selección, control y directrices” del instituto político en los próximos comicios electorales en 2023 y el más importante el 2024, para “imponer” entre otros al responsable del Poder Ejecutivo Federal.
Este fin de semana el ahora “partidazo” que formó, organizó y controla moralmente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la “búsqueda” de quienes tendrán la obligación de continuar con el “poder” casi absoluto de los cargos públicos más importantes del país.
Sin embargo, como también le sucedió a otros partidos, entre ellos el PRI, de donde los ahora militantes y simpatizante de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), la persona que preside y ordena los destinos, Mario Delgado Carrillo, se aferra al poder y por ningún motivo quiere perder terreno, ni poder para los próximos comicios.
Así se ha notado en los medios de comunicación nacional, la serie de discusiones y enfrentamientos que han escenificado los simpatizantes de los distintos grupos que quieren tener el control del hoy poderoso instituto en el que se ufanan algunos de los dirigentes del enorme control que tienen para hacer y deshacer las estructuras que no le llegue a convencer, sin importar que lleguen a ser de otras instituciones, pero la consigna parece ser de no ceder en nada.
Mientras tanto los denominados “corcholatas”, continúan haciendo lo que les pega la gana, o lo que les ordena su dirigencia y el máximo jefe para no dejar de hacer proselitismo político aunque violen los ordenamientos legales que les ha señalado el todavía verdadero responsable de todos los procesos electorales o sea el Instituto Nacional Electoral (INE).
Como amos y señores del poder político en México, la responsable del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el más ninguneado por el poder, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien pudiera calificarse como “el patito feo de los morenistas”.
En unos días se tendrá que hacer sentir el verdadero poder de control que lleguen a conseguir y ver si continúa con el manto protector el dirigente que ha sido muy criticado y señalado por la arrogancia e impunidad que sin recato alguno trata de demostrar a toda la población.
TARDE PERO DESCANSADO
Mientras una gran parte de la población de la Zona Metropolitana de Monterrey padece la falta de suministro de agua potable o por lo menos para los servicios indispensables, sin que los responsables del Gobierno del Estado de Nuevo León, ni el de Monterrey y sus colindantes y mucho menos el Gobierno de la República, hayan logrado conciliar a la población y que los grandes u acaudalado operadores del agua mitigaran el grave problema.
Ahora el Presidente AMLO, parece que ya se puso las pilas y emitió un decreto para asegurar en por lo menos 10 años el abasto de agua en la capital neoleonesa y que parecía dejarla olvidada de su autoridades.
El Mandatario de México en su “consentida” mañanera anunció el plan de reforzamiento y que empezará desde ahora.
El todavía Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encargó de explicar que el decreto otorga facultades para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá apoyar a Nuevo León y a los 18 municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, para hacer todos los esfuerzos en la operación de disponer del agua concesionada.
Así mismo se informó que el decreto dispone los apoyos para la presa y acueducto del embalse “El Cuchillo”, además que instruye a la Sedena para apoyar con camiones tanques o también conocidos como “Pipas” para abastecer del vital líquido a la zona afectada.
YA APARECIERON LOS MÉDICOS CUBANOS
Todavía se guarda hermetismo cómo, cuándo, dónde y quiénes han validado los estudios y profesión de los presuntos médicos que llegaron de Cuba y se destinarán a las zonas que les indiquen las autoridades del sector salud del Gobierno de la República, por lo que en la capital del Estado de Nayarit, ya han sido concentrado un buen número de esos extranjeros.
Según se ha informado que ya existen tremendos contratos para desempeñar el cargo de especialistas en zonas marginadas de Nayarit y así lograrán la mayoría en una amplia zona del territorio nacional, o por lo menos es lo que busca la flamante Secretaría de Salud.
Mientras el jaloneo sigue y las declaraciones a favor y en contra de los enviados por el gobierno de la isla caribeña, se encuentran materialmente penados de hablar con periodistas y mucho menos entregar información y opinión de lo que está sucediendo y la consigna que tienen encomendada, o sea todo es un misterio, como lo ha hecho en repetidas ocasiones el gobierno de la 4T.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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