OPINIÓN
Seguridad, la gran preocupación ciudadana
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Es viernes por la tarde, son las 6:00 p.m. y estás a punto de salir del trabajo, para celebrar la supervivencia de una semana mortal, uno de tus amigos manda un mensaje al grupo de WhatsApp en el que intercambian memes y experiencias para proponer al resto del grupo salir a relajarse y desestresarse.
De inmediato, los demás amigos del grupo proponen ideas para pasar la noche del viernes, algunos proponen ir a cenar, otros proponen ir a una fiesta en casa de otro amigo en común, otro tanto simplemente propone ir a Chapultepec a tomar una o dos cervezas para platicar y tal vez hasta disfrutar de la transmisión de algún partido de futbol mientras escuchan las canciones del nuevo disco de Bad Bunny.
Al final, este resulta ser el plan más aceptado ya que después de largos días laborales las fiestas y los antros realmente no apetecen, por esta razón, optando por algo más tranquilo, el grupo de amigos queda a las 8:30 p.m. en la Cervecería Chapultepec.
Por fin se da la hora, los amigos llegan al punto de encuentro, pero debido a la saturación de los estacionamientos públicos de la zona, no tienen de otra más que dejar sus autos en el parquímetro más cercano al lugar de reunión.
Una vez hechos los arreglos correspondientes al pago del espacio mediante la aplicación digital, el grupo parte tranquilamente a disfrutar de su noche.
Después de algunas cervezas, de una cena y de una plática amena, alrededor de las 12:00 p.m. deciden pedir la cuenta para pagar y marcharse a descansar previo a un fin de semana lleno de emociones debido a que el sábado a las 8:00 p.m, el Atlas disputaría el pase a la final del torneo de Clausura 2022 contra los Tigres en el Estado Universitario de Nuevo León.
Sin embargo, el estrés, la angustia, el miedo y la preocupación se adelantaría, ya que al llegar al punto en el que dejaron sus autos se toparían con una escena bastante frustrante y ya muy cotidiana para muchos: sus coches habían sido cristaleados y tanto sus pertenencias como las piezas más valiosas del auto habían desaparecido entre las sombras de la noche y de la inseguridad que reina tanto en Guadalajara, como en muchas otros municipios de la Zona Metropolitana en la que los robos en todas sus expresiones se han vuelto el pan de cada día.
Me gustaría decir que historias como estas hay pocas, pero lamentablemente no es así, historias de este tipo las podemos encontrar por montones en cualquier parte de la ciudad, ya sea un amigo, un conocido o incluso un familiar, cada vez aumenta más el número de personas víctimas de la inseguridad desenfrenada que va desde un robo en tu hogar, que te bajen (si tienes suerte) de tu automóvil a plena luz del día, hasta una extorsión o un secuestro exprés.
No le demos vuelta ni evadamos la realidad, Guadalajara es insegura, es así que el INEGI reportó un aumento en el nivel de percepción de inseguridad que va del 81.7% al 87.1%, cifra que posiciona a la capital del estado como la sexta ciudad más insegura del país, solo por debajo de Fresnillo en Zacatecas, Ciudad Obregón en Sonora, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, e Irapuato en Guanajuato.
Pero aquí no termina esto, ya que esta situación no es exclusiva de Guadalajara, también es una realidad en Zapopan, en Tonalá, en Tlajomulco y en Tlaquepaque, municipios en los que la percepción de inseguridad pasó de 60.8% a 60.6%, de 80.1% a 77%, de 72.3% a 67.8% y de 74.3% a 68.9% respectivamente.
Si bien es cierto que estos municipios presentaron una disminución, las autoridades no pueden cantar victoria, de hecho, harían mal en hacerlo porque la realidad es que la sigue siendo elevada y rebasa por mucho a las cifras de San Pedro Garza García, Piedras Negras, Mérida y Saltillo que registran un índice de percepción de inseguridad de 11.7%, 22.2%, 22.4% y 24.1% respectivamente.
La seguridad es uno de los temas más importantes para los ciudadanos, todos necesitamos un entorno seguro para desarrollar nuestras actividades, por esta razón, como lo menciono anteriormente, es importante que nuestras autoridades no canten victoria con estas pequeñas disminuciones porcentuales ya que alrededor de ellas puede haber muchos factores que deben de considerarse para así valorar de manera correcta el rumbo de la política de seguridad.
De hecho, de acuerdo a las cifras del INEGI, el 92.9% de los delitos cometidos en nuestro estado no son denunciados por las víctimas y otro factor que vuelve esta cifra preocupante es que no ha variado en los últimos 10 años, es decir, en la última década no ha aumentado el número de personas que tienen la seguridad y la confianza de denunciar hechos delictivos.
La ciudadanía al parecer no cree que sea útil denunciar ¿por qué?, ¿les dan flojera los procesos burocráticos?, ¿no confían en sus autoridades o a qué se debe la apatía de la gente en este tipo de temas tan importantes?
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública más reciente, es un poco de todo, ya que el 58.1% de los motivos de la ciudadanía para no denunciar son atribuibles a las acciones del mismo gobierno, acciones que van desde la pérdida de tiempo por considerar este un trámite largo, hasta el miedo a ser extorsionados y la actitud hostil de los funcionarios.
Al final todo se traduce a lo mismo: la gente no cree en las autoridades y en la medida en la que esta desconfianza continúe creciendo, la impunidad y la inseguridad continuarán creciendo, y las pequeñas disminuciones que reflejaron municipios como Zapopan o Tlajomulco, serán simples errores de cálculo.
Como verán, nuestras autoridades tienen una enorme deuda con nosotros en materia de seguridad y el escenario por lo pronto es preocupante, nadie mete las manos al fuego y usan la relativa disminución porcentual de algunos municipios para señalar que la política en materia de seguridad va por buen camino cuando la realidad en las calles, esa que sufrimos los ciudadanos de a pie, es completamente diferente.
Sin lugar a duda la actividad gubernamental es difícil, esta requiere que todos los funcionarios estén atentos a un sinfín de problemáticas, todas igual de importantes, pero ciertamente, si se quiere que esta actividad llegue a buen puerto y que otorgue los mejores resultados para la ciudadanía, se requiere de autocrítica para reconocer cuando las cosas no van por buen camino, ya que solo así se podrán hacer ajustes que a la larga permitirán a la autoridad estar en condiciones de entregarle resultados a la ciudadanía que busca desesperadamente un entorno seguro para desarrollarse.
Aprovechando el espacio, me gustaría cerrar esta edición deseándole éxito a Laura Haro en su nueva encomienda política al frente del PRI Jalisco, estoy seguro que con su experiencia, podrá impulsar y encausar la participación política de los jóvenes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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