OPINIÓN
Un gobernador que sale muy caro: La campaña presidencial de Alfaro con cargo al erario público
Opinión, por Remberto Hernández Padilla //
Jalisco es una de las pocas entidades federativas que no tiene su propia Ley de Comunicación Social, por lo tanto, para suplir esa omisión, el gobierno de nuestra entidad utiliza la Ley General de Comunicación Social que puso en vigor el gobierno de la autodenominada “4T” en enero de 2019; es así que el gobierno de Enrique Alfaro, mediante el programa denominado “Refundación de Jalisco”, acata en lo sustantivo los lineamientos federales que en política de comunicación social emiten tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de la Función Pública.
CON VISTA A UN FUTURO MEDIATO
El ideario político de Enrique Alfaro Ramírez está resumido en la plataforma denominada Refundación de Jalisco, que quedó definido cuando fue creado un aparato administrativo para centralizar cualquier tipo de información que se genere en todas las dependencias de su gobierno y áreas de influencia, para que la sociedad conozca los resultados de su gestión gubernamental, y pueda así valorar su estilo personal de gobernar.
Fue por ello que, Alfaro, ya como Ejecutivo, creó la Coordinación General de Comunicación, que tiene por objeto “difundir las acciones y agenda del gobernador, así como los servicios, programas y políticas del gobierno estatal y sus dependencias, bajo los criterios de organización, coordinación y eficiencia”. En la reglamentación de esa dependencia queda señalado que tiene como objetivos básicos los de “Administrar, autorizar y ejercer el gasto en difusión y comunicación del Gobierno Estatal y sus dependencias”, así como “Contratar proveedores y servicios externos de creatividad, diseño, comunicación digital y producción audiovisual”.
SE CONTRATÓ A UN CONTINGENTE DE “COMUNICADORES”
La Coordinación General de Comunicación, que es en sí misma una fortísima y bien estructurada área del gobierno ya cuenta con las Direcciones de Prensa y Monitoreo; de Información y Estrategia; de Enlace de Coordinaciones de Comunicación; y de Dirección Administrativa. Para el cumplimiento de sus funciones, también cuenta con las Coordinaciones Estratégicas de Comunicación en Desarrollo Social; Seguridad; Crecimiento y Desarrollo Económico; Gestión del Territorio; y de Comunicación; ésta última atiende los asuntos de comunicación del Despacho del Gobernador y sus Unidades Administrativas de Apoyo, Jefatura de Gabinete, Secretaría General de Gobierno, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Contraloría del Estado, Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría de Administración, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, así como la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales.
Aquí es importante dejar referido que: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rebajando su personalidad, encabezó recientemente una andanada de improperios en contra del gobernador Enrique Alfaro, y no hubo un solo comunicador de esa área que diera atención a tan vital asunto que ha repercutido entre la sociedad jalisciense; por eso en el Semanario Conciencia Pública quedó escrito: “Tal parece que el gobernador Enrique Alfaro no tiene quien lo defienda”.
EL GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
El Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el año 2020, que fue aprobado por el Congreso del Estado, fue por la cantidad de 123 mil 13 millones 287 mil 976 pesos; de esa cantidad se asignaron, dentro del programa “Coordinación y fortalecimiento de las políticas de comunicación social 192 millones 928 mil 307 pesos, distribuidos en diferentes “partidas”.
Además, se dispone de 97 millones 265 mil pesos para el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; y, al programa “Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en cobertura de servicios” se le asignaron 4 millones 971 mil 813 pesos.
Y, dado que el pregonado gobierno “laico” es profundamente religioso también se le asignaron 18 millones 160 mil 259 pesos para la promoción y difusión de manifestaciones religiosas (católicas, desde luego).
Y, aunque en teoría existe autonomía en la Fiscalía Estatal, se le asignaron para Difusión de Logros y Resultados 523 mil 992 pesos.
Al total de “gasto para imagen” se le deberá incluir lo que corresponde del galimatías: “Programa de Apoyo Logístico, Técnico, de Evaluación y Difusión de las actividades del C. Gobernador y la Proyección del Estado de Jalisco” que es de 57 millones 792 mil 089 pesos.
La partida “Gobierno cercano y eficiente” que tiene oficialmente asignados 140 millones 079 mil 157 pesos se utiliza también para dar difusión al programa denominado Refundación de Jalisco, así como para proyectar la imagen del gobernador Enrique Alfaro en diferentes medios de comunicación nacionales e, incluso, internacionales.
Todas esas referidas erogaciones “han sido diluidas” estratégicamente en diferentes “partidas”, mismas que sumadas dan la cantidad de 511 millones 720 mil 617 pesos para el año 2020, solo para comunicación social; esto es: más de un millón cuatrocientos mil pesos diarios. Además, se le ha de agregar el dinero que se paga al nuevo y grande contingente de empleados denominados “comunicadores” que el actual gobierno ha designado para todas las secretarías y sus dependencias gubernamentales.
EL DINERO QUE RECIBEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El ente político jalisciense que más ha gastado en publicitarse en los últimos años se llama Enrique Alfaro Ramírez, él es un apasionado de la internet a donde, para su vida pública, ha destinado muchos millones de pesos.
Entre las empresas privadas de publicidad que ha venido “utilizando” para promocionar su proyecto político y su personal imagen sobresalen: “Indatcom”, “Eu Zen” y “La Covacha”; mismas que en la actualidad continúan recibiendo jugosas adjudicaciones directas.
En los medios de comunicación existe la referencia (periódico “Reforma” del 18 de junio de 2018) en el que quedó escrito: “Cuando Alfaro fue Alcalde de Guadalajara, usó varios millones de pesos del erario para promover su imagen, con vistas a la gubernatura”. Y, tal parece que la historia se repite, ahora con vista a la Presidencia de la República.
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR:
1.- En el gobierno de Jalisco el dinero que “oficialmente” se tiene autorizado para las políticas de comunicación social se está ejerciendo discrecionalmente, favoreciendo a influyentes medios nacionales, especialmente de televisión; y, queda muy claro que esa acción tiene como objetivo la proyección a futuro mediato del actual gobernador Enrique Alfaro.
2.- Y, en Guadalajara, la política de Alfaro en publicidad gubernamental puede definirse así: “Luz en la calle y obscuridad en la casa”, eso es debido a que los medios de comunicación tapatíos, que son críticos, no son tomados en cuenta en la publicidad oficial.
3.- Aquí, el periodista de investigación hace una disgregación: Para el año 2020, el programa “Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del Gobernador del Estado” tiene destinados 10 millones 142 mil 480 pesos; y en otra (“partida discreta”) y para el mismo rubro se asignó la nada despreciable cantidad de 99 millones 665 mil 161 pesos. ¡Ajúa!
(Nota: El dinero que eroga el Gobierno del Estado de Jalisco, aquí referido, tiene como fuente el Periódico oficial del Estado de Jalisco del 27 de diciembre de 2019 / Presupuesto de Egresos 2020 – Anexo II).
* El autor es el periodista y escritor Remberto Hernández Padilla.
Premio Nacional de Periodismo / Premio México de Periodismo
Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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