OPINIÓN
Un nuevo frente anti López Obrador: Sí por México ¿crisol o babel?
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El sábado 3 de octubre pasado se reunieron en Monterrey, la capital industrial y de los burgueses de México, así como resaltante bastión de la derecha nacional, un buen grupo de empresarios entre los que descollaban Claudio X. González hijo y Gustavo de Hoyos Walther, dirigente del sindicato patronal llamado COPARMEX, y que (afortunadamente) dejará de liderar el próximo diciembre.
En suma lo que dijeron fue que trabajarían para mejorar a los mexicanos y, como el Presidente de la república dice que “no” a muchas propuestas, ellos en cambio a todo lo que contradice AMLO, dicen que “sí”, lo cual hacen por México. De allí que su idea era crear una organización que fuese “Sí por México”.
El día 8 siguiente, en la mañanera presidencial, el primer mandatario mencionó que se fragua un “Frenaaa Segundo” que encabezan los empresarios antedichos, y tras enumerar los renglones que dicen su gobierno dice “no”, incluyendo en eso hasta a los sentimientos del pueblo, expresó irónico “me conmueven” y “hasta me dan ternura”: andan buscando aglutinar, y como el líder de FRENAAA no les ayuda o sirve para eso, pues ellos buscan por su lado con proposiciones, persuadir a organizaciones de todo tipo, a efecto de obtener algo en las próximas elecciones.
El señor de Hoyos, que no es nada maneado, rápido y como retador contestó a través de twitter: “¿Qué le molesta señor Presidente, que los ciudadanos se organicen, que haya gentes que piensen distinto…?” y luego en otro mensaje remató: “Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos donde estamos”. Luego sobrevino una especie de manifiesto público en el cual se afirma que esos dos personajes que indicó el mandatario, “ni son los jefes, ni son los únicos”, porque ya eran en esa fecha al menos cien organizaciones que respaldan el “sí”.
Es muy interesante enterarnos del nombre de esos membretes, mismos que supuestamente son base del flamante organismo, los cuales afirmaron que el día 20 de octubre harían su lanzamiento oficial para saber si la gente se quiere sumar o no. Solo como botón de muestra anotamos los siguientes: Amor por México; Ángeles de amor y luz; Asamblea Nacional Mexicoamericana; Asociación Viril; Chalecos México; Civilitas; Concordancia Nacional; Fundación Carlos Abascal; Hijas de la MX; Líderes de Sociedad Civil; Más Ideas; México Despierta; Mujeres por Mujeres; Panda Político; Exijamos México; Magna Coalición de Líderes Pro vida; Red de líderes católicos; Todos por el Mismo; etc. etc.
Si el nombre de esos organismos, la mera verdad no convence, en cambio los planteamientos que dicen sostener, son de abonarse: “estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas”. Esto indica que el camino para alcanzar sus objetivos son pacíficos, además de estar conforme a la vía democrática. Otra idea es que procuran “romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político”, o sea, que las causas ciudadanas estén en el centro de la discusión pública para que “los políticos trabajen para las causas de las y los ciudadanos”. Lo cual ciertamente se ve como quimera.
El 22 de octubre, la periodista Guadalupe Fuentes López del periódico digital “Sin Embargo”, entrevistó al señor Gustavo de Hoyos Walther, quien completa todo lo relativo a “Sí por México” precisando que “no pretende ser partido político local ni nacional, ni ahorita ni en 2025” y que está concebido como “un movimiento de propuesta, no de oposición”, deslindándose definitivamente de FRENAAA, por lo que no puede ser Frenaaa-dos. Pero eso sí, “busca influir en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, las más grandes de la historia de México”.
Para lograr tan ambicioso objetivo, “Si por México”, afirma el señor de Hoyos: “vamos a buscar a todos los partidos políticos y candidatos, empezando por Morena, pero también a los de reciente creación como Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y a los históricos como el PAN y PRI”. El propósito es que alguno de esos institutos asuma las ideas que sostienen y se comprometan a sostenerlos en dichos comicios.
En lo personal, el regiomontano de Hoyos, subraya que “No estoy considerando ninguna participación político-electoral como candidato, sí voy a estar cerca de partidos y empujar la agenda de Sí por México, pero no tengo en mi horizonte participar como candidato”, por lo que despeja lo que se había dicho sobre tal tema: que sería precandidato presidencial panista, o que al menos buscaría la gubernatura de Baja California.
La organización se gestó en reuniones y diálogos sobre la situación del país, desde junio sostiene de Hoyos, y se aceleró a partir de agosto con 15 sesiones semanarias, asistiendo a ellas empresarios, líderes e intelectuales, por lo que, “Yo creo que nadie puede adjudicarse la autoría intelectual de esta idea, me atrevo a decir que fue algo que surgió casi de generación espontánea, de un diálogo muy intenso que se dio en torno a la crisis. Esto fue madurando y fue lo que ayer (20 de octubre) presentamos.”
Sí por México, no es de derecha, ni de centro ni de izquierda; no pretenden volver al pasado ni estar como ahora. ¿Será entendible tal postura? Para alcanzar sus fines, quieren englobar a todas los pensamientos y corrientes: ¿Habrán meditado que quien mucho abarca poco aprieta? Aseguran que ya registran a más de 400 organizaciones de la sociedad civil, lo cual no es del otro mundo, pero si es difícil convencer de que no son más que membretes, tiendas vacías como las de FRENAAA.
Por lo anterior, y porque los lugares comunes que esgrimen: democracia, disminuir la pobreza y la desigualdad, buscar la paz y la seguridad, tener todos los derechos sociales como salud y educación, justicia, igualdad de género, sustentabilidad y medio ambiente, etc., hacen pensar en una utopía. En consecuencia reflexiona uno: “Sí por México”, será crisol o una torre de Babel (¿¿).
Lo sabremos en 2021.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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