OPINIÓN
Videgaray acusado y Peña Nieto en capilla
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos//
Se veía venir y parece que al fin ha llegado el momento esperado en la lucha anticorrupción y contra la impunidad. Las declaraciones de Emilio Lozoya que involucraron a Luis Videgaray Caso, el poderosísimo colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, crecieron con la declaración de Emilio Zebadúa González y se confirman con lo que los abogados de Rosario Robles han manifestado. Consecuencia de ello es que también Enrique Peña Nieto pareciera estar a punto de ser imputado.
Ya Zebadúa había dicho que Rosario Robles Berlanga no informó «plenamente» al ex presidente Enrique Peña Nieto «de los alcances y riesgos» de contratar universidades para realizar servicios en la SEDESOL y SEDATU, esquema que fue utilizado para desviar millones del erario”, operación conocida como la “Estafa Maestra”.
Por su parte, el abogado de Robles Berlanga, Sergio Arturo Ramírez comentó a varios medios de prensa el martes 24 de noviembre, que el exsecretario de hacienda peñanietista (Videgaray) virtualmente ordenó que se consignaran cuantiosos recursos públicos para respaldar al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI): la presidencial de Enrique Peña Nieto (2012) donde también coadyuvó Odebrecht; luego la elección federal de 2015, cuando se procuró ganar la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; enseguida la campaña, derrochadora por cierto, de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la del candidato priísta que para vergüenza de los tricolores realmente no era priísta, José Antonio Meade, en 2018.
Por la noche del día mencionado, la misma Rosario Robles, publicó en su cuenta de twitter “que ha decidido acogerse a la figura de testigo colaborador que le fue ofrecido por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la “Estafa Maestra”. Asegura la exsecretaria, “Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”.
Aquí surge la pregunta: ¿Entonces lo que había dicho por más de un año, negando su participación y conocimiento de ese enorme menoscabo de las finanzas públicas, qué fue? No queda otra opción que puras falsedades, con el fin de solapar a los que participaron en esa repudiable maniobra delictiva.
Según versiones, la hija de Robles Berlanga (Mariana Moguel Robles) y el defensor de la exfuncionaria, la convencieron para buscar ser considerada como “testigo protegido”, pues con las acusaciones que se le han hecho y la de organización delictuosa que está por realizarse, de plano se pasaría el resto de su existencia en la cárcel.
A eso se agrega que sus compañeros de gabinete y el mismo Peña Nieto, no la han ayudado de ninguna forma, por lo que no subsiste compromiso alguno para solaparlos, de allí que “se siente desilusionada de que la tratan de involucrar para zafar a un sinnúmero de personas”, de hechos de los que ella no es responsable. El miércoles 25 presentaron el escrito correspondiente en la FGR.
El ahora “profesor” en una universidad estadounidense (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Luis Videgaray, ripostó inmediatamente y expresó que “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas”, porque según él, lo dicho por el jurista defensor de Robles Berlanga, es totalmente falso, y que si bien comprende la consternación de Robles Berlanga, “La desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad», escribió en Twitter. O sea, que el por muchos motivos mentiroso colaborador de Peña Nieto, se autocalifica como un honrado, patriota y muy respetuoso servidor público. Bien reza un adagio que “alabanza en labio propio es vituperio”.
Las baterías de la Fiscalía General de la República (FGR) están apuntadas hacia el también ex canciller peñanietista. Pero habiendo sido tan estrecho colaborador del exPresidente Peña Nieto, es de sentido común pensar que asuntos tan delicados eran conocidos por el jefe de todos, o sea el exmandatario, y que por lo tanto éste tiene evidente responsabilidad. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene puestos sus esfuerzos para fincarle responsabilidades al excanciller peñanietista, lo cual no es poca cosa, sabiendo como se las gasta Santiago Nieto, quien sumará al expediente ya integrado por él cuando fue Fiscal Electoral, lo que a partir de lo testimoniado por Lozoya y ahora por Zebadúa, quienes lo señalan directamente como responsable de las malversaciones, resulte. Por lo tanto, Videgaray, el cuasi vicepresidente del sexenio pasado, está en el despeñadero.
La sabiduría popular sostiene que “Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”. Consiguientemente, estando virtualmente acusado Luis Videgaray Caso, queda en capilla Enrique Peña Nieto. Y conste que tal situación es únicamente por lo que concierne a la Estafa Maestra, porque en los demás casos que incluyen desde Odebrecht hasta el socavamiento deliberado de PEMEX, pasando por sucesos macabros como Ayotzinapa, no cabe la menor duda de que el predecesor de AMLO (Peña Nieto), está sumergido en ese lodazal de los pies a la cabeza. En cualesquier caso, por más que aleguen inocencia, a los dos personajes abanderados de la corrupción el sexenio pasado, les es aplicable la frase que expresó Rosario Robles: “Habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán.” Y ojalá que así sea, para bien de la República.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
