OPINIÓN
Violencia en asambleas de Morena
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Quizá sea la naturaleza humana la que no deja avanzar la política, especialmente en nuestro país. El deseo de tener el poder, hace que las personas rompan todos los esquemas, incluso los valores que muchas veces pregonan que tienen. La guerra que existe en todos los partidos políticos por acceder a los puestos cupulares ha hecho estragos tan grandes, que el mismo partido dominante que cambió varias veces de nombre y terminó denominándose revolucionario institucional, está en estos momentos hecho pedazos en lo interno y ante la sociedad muy devaluado.
Ni que decir del Partido Acción Nacional, que tuvo la oportunidad de gobernar a la nación y la desperdició, porque no fue congruente en lo que prometió y lo que terminó haciendo.
Por su parte, la izquierda se fragmentó rápidamente en grupitos que tiene al PRD a punto de desaparecer. Ahora, el turno es para Morena, que en su directiva nacional trae una guerra intestina, donde muchos quieren meter la mano para quedarse con todas las fichas, las cosas parecerían sencillas vistas desde la barrera, si su presidenta actual los llevó a ganar tantos espacios en la vida política, quiere decir que es un elemento valioso y deberían de preservarlo, pero en lugar de eso, se han dedicado a producir “fuego amigo” para tirarla al precipicio.
DEMOCRÁTAS DE BOCA PARA AFUERA
Jalisco es uno de los estados mas importantes para la nación, especialmente por sus connotaciones culturales y productividad. Sin embargo, en cuestiones políticas ya hace tiempo que viene dando tumbos y en realidad, se ha estancado en su crecimiento, porque los políticos en el poder no han sabido darle el lugar que merece.
Jalisco también votó por un cambio a nivel federal en las pasadas elecciones, pero Morena no pudo o no supo unirse en torno de un proyecto estatal.
Tampoco han podido amalgamar las diferentes corrientes internas, para formar su partido en el estado. Desde niveles centrales delegaron a Hugo Rodríguez para que coordinara los trabajos para formar el partido a nivel estatal.
Todo estaba dado para que este pasado sábado, se iniciara este proceso con asambleas distritales que culminarían con los nombramientos de los delegados de cada una de las demarcaciones. La idea era conseguir 200 delegados distritales que serían el primer paso de formación de la representación estatal del partido que está gobernando la nación.
Las cosas empezaron muy mal, ya que los listados de afiliados son un verdadero “desbarajuste”, en donde muchos militantes desde la formación original del partido han sido “rasurados” y por regla, en la convocatoria solo tendrían autorizada la participación, los que se hubieran afiliado hasta 2017. Como si los militantes que se afiliaron después no tuvieran derechos. Como si los que votaron por su partido para llevar a AMLO a la presidencia, de repente no existieran. De esta manera fueron discriminados muchos verdaderos morenistas que quedaban fuera de las posibilidades de emitir su voz y voto en las asambleas distritales.
A RIO REVUELTO
Las asambleas resultaron ser un caos, por lo menos y oficialmente en los Distritos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17, no existieron condiciones para que se realizaran los trabajos programados de manera leal y transparente. Es más, hubo hasta robo de urnas y las cosas llegaron hasta los balazos.
Esto no puede ser considerado como episodios aislados, en donde unos delincuentes se metieron a robar celulares. Esto fue un plan orquestado para crear el caos, para revolver el rio. De tal manera que mi humilde suspicacia llega a pensar que todo está dado para que desde el centro se declare que al no haber condiciones para llevar a cabo la formación del partido, se determine desde aquellos lares, todo lo conducente a Jalisco.
CUANDO LA PERRA ES BRAVA
Inocuo sería tratar de echarle la culpa a la inseguridad, de los hechos que sucedieron el 12 de octubre en Jalisco. Esto fue un plan bien orquestado. La pregunta es, ¿de parte de quien? Algunos sin prueba alguna, hablan del gobierno del estado, otros del partido que será el rival mas importante en el 2021, también se habla de que podría ser orquestado por el grupo que estaba antes manejando los destinos del partido, especialmente para las elecciones del 2018, también se dice que pudiera ser el grupo universidad.
Lo que yo alcanzo a percibir, es la falta de un liderazgo respetado por todos los sectores, que deben formar este partido en el estado. Se está cobrando la factura a los que en algún momento desdeñaron a los verdaderos morenistas y los hicieron a un lado, para aliarse con gentes que venían de otros partidos. Ejemplos hay muchos. Yo solo pongo el de Tequila donde de último momento, se ignoró a los morenistas que habían trabajado con sangre, sudor y lágrimas y postularon como candidato a un ex presidente municipal que nunca había militado, ni trabajado por la causa. Este es solo un ejemplo y se repitió en muchas ocasiones, de tal manera que todo esto dejó heridas abiertas que nadie se ha preocupado por sanarlas y el resultado es el gran “despapaye” que se vivió en este día de la raza, en donde quedan muestras, que por lo menos, en el partido de Morena todavía hay mucho trabajo por hacer, bueno, si es que quieren ser tomados en serio.
Hasta la próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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