OPINIÓN
«Volantas o retenes», política criminal fallida
Opinión, por Alfonso Partida Caballero //
Hace algunos años que la inseguridad en Jalisco ha asumido un insólito papel central, convirtiéndose en protagonista de una crisis institucional y política, acompañada de un lamentable populismo penal de la clase gobernante la cual ha creado un desorden legislativo y estrategias equivocadas de procuración de justicia y policial, sobre todo de acciones reactivas que agravan aún más la falta de eficacia.
Además, el Poder Ejecutivo ha sometido y corrompido a la institución encargada de impartir justicia, que no responde al mandato constitucional de ser coherente y estar articulada a una política criminal que responda a los requerimientos ciudadanos para vivir en paz, en un orden público que respete los derechos civiles.
Al gobernador Enrique Alfaro, sus asesores en materia de seguridad pública lo han encerrado en una burbuja del Siglo XIX, pues con la aplicación de los llamados “Módulos de Seguridad”, recurre a una estrategia que responde más al sistema penal rebasado hace mucho, en el que priorizan acciones inquisitivas ilegales, violatorias de los derechos humanos y en contrasentido al sistema penal vigente, acusatorio adversarial, ya que dichos módulos no intervienen en actos de flagrancia y menos aún realizan actos de investigación, sino de molestia que no sirven para nada y que solo se utilizan demagógicamente para presumir la aplicación de acciones y justificación política.
Esas “volantas” en las que participan elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y que han sido movilizadas durante todas las administraciones estatales, son reflejo de la desesperación gubernamental, por la ineptitud y falta de planeación, capacidad y competencia, para implementar políticas públicas coherentes y efectivas que permitan inhibir y reducir los altos índices delictivos que sufre nuestro estado.
Los efectos negativos que provocan estos patrullajes itinerantes, en los cuales el personal operativo no fue respaldado ni siquiera por un elemental protocolo de actuación, van desde la violación de los derechos al libre tránsito; a la molestia en los bienes y en las personas; en la presunción de inocencia y; en la revisión o detención sin orden emitida por un juez, garantías todas ellas contempladas en los Artículos 11, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En detrimento de los elementos policíacos, lo más grave es que se les obligue a proceder sin justificación legal, ni siquiera con el auxilio de un Agente del Ministerio Público, prolongando así los vicios de investigación del anterior sistema penal y acentuando la impunidad, pues todas las actuaciones serán calificadas de ilegales por los jueces.
Desde la reforma penal de 2008 han pasado 14 años y por la omisión gubernamental, aún existe un marcado rezago en la capacitación de los cuerpos de policía y fiscalías que siguen sin actualizarse, lastrando la persecución de los delitos y la impartición de justicia, donde solamente se registra castigo para el 0.3% de los procesados y donde solo se denuncia cerca del 6% de los delitos, lo cual representa un lamentable error y ataque al Estado de Derecho.
Ahí se suma la infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía y en los cuerpos policíacos en contubernio, situación aceptada en voz del gobernador Enrique Alfaro, por lo cual no extrañaría que hasta en los “módulos” participen emisarios de estas organizaciones, para controlar dichas acciones que les permitan realizar con más seguridad sus acciones delictivas.
El objetivo de un Estado moderno garantista es tutelar las libertades y garantías de los jaliscienses ante el poder, nace de la necesidad de las y los ciudadanos de erradicar la violencia arbitraria de las autoridades y evitar las violaciones a los derechos humanos. Esta concepción moderna remite al cómo debería ser un gobierno que aplique un derecho penal mínimo, pero inteligente y efectivo, que se aleje de la reacción que lleva a cometer errores lamentables como estas inútiles “Volantas”.
Aunado a lo anterior, los índices delictivos en Jalisco agravian a la sociedad, pues somos de los peores ejemplos en el país, con primer lugar en desapariciones, en fosas clandestinas y en robo de vehículos, en tanto que en homicidios tenemos el nada honroso cuarto lugar.
En 2018 y ya como gobernador electo Enrique Alfaro, se comprometió a resolver el problema de inseguridad, con un planteamiento integral y respetuoso de las garantías individuales. Nunca cumplió y los resultados están a la vista, por el contrario, con los “módulos de seguridad” abre la puerta a los miembros de la delincuencia organizada y a todos los defensores que van a combatir fácilmente las acusaciones al ser nulas de pleno derecho.
Lo importante es replantear y realizar una estrategía integral que incluya mecanismos, operativos de inteligencia y uso de la fuerza basada en evidencias de funcionamiento y actuación, para que no sucedan acciones como en el homicidio de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos y con la desaparición forzada de estudiantes que protestaban por ese crimen y que luego nadie se hace responsable de esos excesos, abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza donde el gobernador esconde la cabeza y ordena castigar a los elementos que lo único que hacen es cumplir sus ordenes.
Maestro Alfonso Partida Caballero
Integrante del Observatorio Sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
E-mail: alfonsopartid@gmail.com
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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